La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para incorporar el concepto de electromovilidad en su marco normativo. La propuesta contempla adiciones a los artículos 3 y 7, así como la integración de las Secretarías de Energía (SENER) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
Con esta modificación, se busca sentar las bases legales para el desarrollo e impulso de sistemas de transporte eléctricos e híbridos en el país, tanto en vehículos ligeros como en unidades de carga y transporte público.
La iniciativa fue presentada por el diputado Homero Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional (PAN), quien destacó la urgencia de reconocer legalmente la movilidad eléctrica dentro del marco normativo nacional. “En diciembre del año pasado presenté esta iniciativa con el objetivo de que ya se reconozca expresamente el concepto de electromovilidad o movilidad eléctrica en la ley de movilidad”, recordó el legislador.
De acuerdo con Niño de Rivera, la operación de los sistemas actuales de transporte ha contribuido a que las principales ciudades mexicanas superen los límites establecidos por las normas ambientales, debido al uso intensivo de combustibles fósiles y la falta de alternativas sustentables.
Por su parte, la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que la discusión sobre esta propuesta se había pospuesto en espera de la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, normativa que incide directamente en la infraestructura requerida para la movilidad eléctrica.
La inclusión de la electromovilidad en la ley representa un paso normativo hacia la transición energética en el transporte, en un contexto donde ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara enfrentan altos niveles de contaminación por emisiones vehiculares. La participación de SENER y SEMARNAT en el Sistema Nacional de Movilidad permitirá, en teoría, una mayor coordinación interinstitucional para avanzar en políticas públicas que incentiven el uso de tecnologías limpias en el sector transporte.
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El avance legislativo ocurre en un momento clave para el país, donde organismos internacionales y especialistas en movilidad han señalado la necesidad de fortalecer la planeación integral del transporte bajo criterios de sostenibilidad, mitigación del cambio climático y derecho a un medio ambiente sano.
