Organizaciones ciudadanas y familiares de víctimas de hechos viales urgieron al Congreso de la Ciudad de México acelerar la reforma a la Ley de Movilidad local para alinearla con la legislación federal y garantizar el derecho a transitar con seguridad.
A casi tres años de que se promulgara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional, la capital del país sigue sin armonizar su normativa, lo que ha impedido implementar medidas obligatorias para prevenir siniestros viales y garantizar atención médica urgente a víctimas.
Durante la presentación de una propuesta legislativa impulsada por colectivos como Bicitekas, El Poder del Consumidor, Salud Justa Mx, Polithink y la Coalición Movilidad Segura, se advirtió que esta omisión mantiene en situación de vulnerabilidad a peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables.
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Proteger la vida, eje de la reforma
La propuesta ciudadana incluye seis ejes clave, todos alineados con el enfoque de seguridad vial que establece la Ley General:
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Armonización normativa con la ley federal para garantizar coherencia jurídica y el respeto al derecho humano a la movilidad segura.
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Reconocimiento del derecho a la movilidad con enfoque transversal, priorizando la protección de niñas, niños, personas con discapacidad, adultas mayores y habitantes de la periferia.
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Prevención de hechos viales, mediante medidas obligatorias como control de velocidad, uso de cinturón y casco, sanciones por conducir bajo influencias o distraído, y fortalecimiento de la fiscalización.
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Atención médica prehospitalaria, que implique una respuesta inmediata, coordinada y verificable para evitar muertes por falta de auxilio oportuno.
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Formación vial obligatoria y regulación de autoescuelas, incluyendo pruebas prácticas, programas homologados y política de cero tolerancia al alcohol para nuevos conductores.
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Seguridad vehicular, que obligue a que las compras de flotillas públicas se enfoquen en vehículos con estándares de protección para sus ocupantes.
Areli Carreón, fundadora de Bicitekas, advirtió que no aprobar la armonización antes del cambio de gobierno significará que el próximo Plan Integral de Movilidad y de Seguridad Vial de la ciudad se diseñará sobre un marco jurídico desactualizado.
“Eso nos dejaría seis años más sin un instrumento claro para proteger la vida y la salud en las calles”, lamentó.
Vidas perdidas por inacción legislativa
La urgencia de esta reforma fue respaldada por familiares de personas fallecidas en siniestros viales, quienes dieron testimonio del impacto que la falta de regulación ha tenido en sus vidas.
En 2024, murieron 533 personas por hechos viales en la capital. En los primeros tres meses de 2025 ya se registran 111 muertes más, según datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Óscar Acevedo pidió a diputadas y diputados no postergar más la legislación que puede salvar vidas. Su hijo, Óscar Iván, de 27 años, murió atropellado. “No es una cuestión de política, es una cuestión humana”, dijo.
Nyrma Trejo, abuela de Eduardo Soto, un adolescente de 15 años atropellado en marzo de 2024 mientras circulaba en bicicleta, recordó que todos tienen derecho a regresar con vida a casa: “Niños, peatones, trabajadores… todos merecen respeto en las calles”.
También participó Alejandra Ocaña, prima de Carolina Espinosa, ciclista y maestra de 36 años que murió atropellada por un conductor ebrio en 2020. Llamó a cambiar las prioridades en la planeación urbana de la capital: “Cuando se deja de priorizar al coche, se invierte en la gente, en su bienestar y en el desarrollo local”.
Exhorto a las y los legisladores
Claudia Moreno, de Salud Justa, subrayó que la capital no puede seguir siendo omisa en su deber legal de armonizar su legislación. “Cada día que pasa sin medidas claras, sigue habiendo muertes evitables”, advirtió.
La presentación de la propuesta contó con la presencia del diputado local Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino, quien escuchó los planteamientos y reconoció la necesidad de actualizar el marco jurídico.
