La noticia del aumento en el precio de los combustibles de este pasado enero y los ajustes que vendrán en febrero no debiera sorprender. Estos ya estaban planteados con anterioridad, pero no fueron comunicados adecuadamente al ciudadano, y afectan fuertemente al transportista, pero sobre todo al ciudadano que día a día hace uso del transporte público.
Invariablemente, las tarifas deberán ajustarse a ese incremento que repercute en los costos por pasajero entre un 10 y un 20%, todo ello en función de la captación que se tenga en cada ruta. En sí, las ciudades con grandes concentraciones de viajes como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey el impacto será menor, mientras que en las poblaciones fronterizas del norte este impacto será más notorio, toda vez a las bajas captaciones y los requerimientos de aire acondicionado, que ya en muchos casos se prestan a sus usuarios.
Afortunadamente, muchas autoridades han entendido este impacto y han reaccionado positivamente, incrementando las tarifas entre uno y dos pesos, sin mucha presión por parte de los compañeros transportistas. Con ello, se ha mostrado una sensatez y racionalidad ante el problema.
¿Pero, ahora que viene? ¿Cómo puede el compañero transportista aprovechar este mal para su bien? Resulta interesante que -dentro de un documento vacío en su contenido como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar-, se haga mención expresa de la modernización del transporte público y el facilitar la movilidad urbana. Esto, es la primera vez que se menciona en un acuerdo de esta naturaleza. Por ende, hay un área de oportunidad que no debe desaprovecharse.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mencionó, como acción del acuerdo, el apoyo a 50 ciudades para la mejora del transporte. Ahora es cuando el sector debe aprovechar la oportunidad y hacer acto de presencia. Debe proponer. Poco o nada va a poder lograr para que el costo del combustible baje, pero si puede buscar, bajo el acuerdo anterior, apoyos para la mejora y eficiencia del sistema. Así, los apoyos que están pendientes por parte de la SEMARNAT para el uso de gas natural pueden aprovecharse y potencializarse, por ejemplo el fomento de tecnologías más eficientes y más amigables con el ambiente.
A su vez, el subsidio que el transportista da a las personas de la tercera edad y a los estudiantes –que representa en promedio nacional un 10% de los ingresos de los transportistas- pudieran ser ahora negociados como parte de los apoyos federales que sugiere el acuerdo. Que la autoridad federal cumpla con su compromiso social y sea ella quien subsidie este tipo de viajes.
Es también oportuno subrayar la necesidad de indexar la tarifa al aumento del combustible, mediante el uso de los sistemas de recaudo electrónico. ECOVIA, en Monterrey, ya lo hace incrementando mensualmente unos centavitos a la tarifa. En este sentido, los compañeros transportistas requieren invertir en los sistemas de recaudo y en ello tienen otra área de oportunidad para solicitar el apoyo financiero y promover el uso de sistemas de recaudo centralizado. Si a ello, se le suman los sistemas de ayuda a la operación y la programación del servicio, mucho ayudará al uso más eficiente del parque vehicular con que se cuenta actualmente.
Este desmedido aumento al combustible debe ser canalizado de manera positiva por las diferentes agrupaciones de transportistas para aprovechar el impacto en una manera positiva y que el gobierno federal ponga la atención a un servicio público que busca mejorar e incrementar su calidad de servicio, pero que hasta ahora ha sido olvidado. Urge el interlocutor nacional ante el gobierno federal.
