El Estado de México enfrenta desafíos significativos en áreas cruciales como la seguridad en el transporte público, la calidad del aire y la inversión en movilidad sustentable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI entre 2012 y 2023, el transporte público ha fluctuado entre el primer y segundo lugar donde las personas de esta entidad se sienten más inseguras en la entidad mexiquense. De hecho, en los últimos tres años, ha ocupado consistentemente el primer lugar.
Además, la seguridad vial es otro problema destacado. El último informe del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes indica que el Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en defunciones por accidentes de tránsito. De las víctimas identificadas, los peatones representaron el 24.2% del total.
A estos retos se suma la preocupación ambiental. De acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Aire de 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad incumplió con al menos una norma de salud ambiental durante el 55% de los días del año. Los contaminantes más frecuentes que superaron los límites establecidos fueron PM10 (47% de los días del año), PM2.5 (28%) y ozono (17%). Contaminantes que pueden provocar mortalidad, menor resistencia a infecciones, bronquitis y agravar otras afecciones respiratorias de los habitantes del Estado de México.
Las estadísticas del ProAire del Estado de México para el período 2018-2030 indican que las fuentes móviles, principalmente automóviles particulares, son responsables del 77% de las emisiones totales de monóxido de carbono (CO), del 51% de óxidos de nitrógeno (NOx), del 10% de PM2.5 y del 13% de PM10. Según declaraciones de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien fuera presidente municipal de Toluca, reveló en 2019 que 200 personas fallecieron en el municipio debido a la mala calidad del aire.
En este contexto, la movilidad es un sector que demanda medidas urgentes a corto y mediano plazo para lograr impactos significativos a largo plazo. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado avances notables en la inversión dirigida a estas iniciativas. Datos de 2019 proporcionados por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo muestran que, en la Zona Metropolitana de Toluca, la inversión en movilidad urbana sustentable ha sido considerablemente baja. Solo el 14.1% del presupuesto federal se asignó a este rubro entre 2011 y 2017, en contraste con el 85.9% destinado a infraestructura para el automóvil particular.
Como resultado, se ha descuidado el transporte público, que debería ser la columna vertebral de la movilidad, así como la infraestructura para la movilidad activa, como calles peatonales, ciclovías y cicloestaciones. Este abandono se refleja en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2021, que reportó que el 66% de los usuarios de transporte público -ya sea autobús urbano, van o microbús- en el Estado de México se encuentran insatisfechos con el servicio.
Bajo este escenario la nueva administración enfrenta una oportunidad histórica pero también una profunda responsabilidad. Tiene en sus manos la posibilidad de redirigir el curso, de priorizar el bienestar colectivo por encima de intereses individuales, y de adoptar un enfoque que equilibre tecnología, sostenibilidad y justicia social.
Las recomendaciones mínimas aquí presentadas no son opcionales, son imperativas. Implementarlas no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en el corto plazo, sino que sentará las bases para un desarrollo más sostenible y equitativo en el futuro.
