Para julio el transporte público de Colima contará con un sistema de prepago electrónico en todas sus unidades, como parte de los compromisos derivados del incremento tarifario aplicado a finales de 2024. Así lo informó Armando González Manzo, titular de la Subsecretaría de Movilidad del estado.
De acuerdo con el funcionario, este sistema integrará dos componentes principales: la utilización de tarjetas electrónicas para el pago del pasaje y la creación de un fideicomiso financiero que canalizará directamente los ingresos obtenidos a través del nuevo esquema de cobro.
Etapas de implementación del prepago en Colima
Actualmente se desarrollan pruebas piloto del sistema en algunas rutas seleccionadas. Posteriormente, se formalizarán convenios entre los concesionarios del transporte público, el proveedor tecnológico y la entidad fiduciaria encargada del manejo de los recursos. La meta oficial es que la operación completa del modelo entre en vigor entre julio y agosto de este año.
El mecanismo permitirá que los pagos se realicen sin contacto con el operador, con lo cual se busca disminuir disputas en el manejo de efectivo, así como garantizar los descuentos automáticos dirigidos a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, señaló González Manzo en entrevista.
Financiamiento y fideicomiso para la modernización
Uno de los pilares del nuevo modelo es el fideicomiso, que recibirá los ingresos generados por el sistema de prepago. Según explicó el subsecretario, estos recursos serán distribuidos bajo porcentajes específicos:
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12% se destinará a la renovación del parque vehicular,
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7% se aplicará para la instalación y mantenimiento del sistema de recaudo electrónico.
El diseño financiero permitirá a los concesionarios acceder a líneas de crédito para modernizar sus unidades, algo que había sido demandado por años en el sector sin resultados sostenibles.
Hacia una digitalización del transporte público en Colima
Con la implementación de esta tecnología, el gobierno estatal avanza en la digitalización del sistema de transporte colectivo. No obstante, aún quedan pendientes elementos clave como la fiscalización de los recursos, el seguimiento a la calidad del servicio y la medición de los beneficios tangibles para los usuarios, particularmente en términos de eficiencia, puntualidad y cobertura.
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El modelo también implica un cambio en la relación entre el gobierno estatal y los concesionarios, al establecer una estructura financiera más controlada y con reglas claras para el uso de los ingresos del sistema.
