A lo largo de muchos años, hablar de seguridad vial en México fue visto como un asunto secundario, casi burocrático, limitado a campañas esporádicas o aa estadísticas de ocasión. Hoy, la realidad es otra: los siniestros viales se han convertido en una crisis de salud pública, con impactos devastadores en vidas, familias y economías.
Los números son incontestables: más de 380 mil hechos viales en 2023; 44 muertes diarias, la mayoría peatones, ciclistas o motociclistas. Las causas son conocidas: infraestructura mal diseñada, impunidad, falta de cultura vial, leyes que no se aplican y autoridades que, en muchos casos, miran hacia otro lado.
Pero esta no es una fatalidad inevitable. Existen países que han logrado avances contundentes. Suecia, Japón, Corea del Sur y otros demuestran que sí es posible reducir muertes y lesiones graves si se adopta una política decidida, basada en evidencia y en la prioridad de la vida humana sobre la velocidad.
En México, tenemos avances: una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, una Estrategia Nacional de Movilidad, y más de 20 estados que ya han armonizado su legislación. Pero también tenemos retrocesos: una tasa de mortalidad peatonal que crece en muchos estados, gobiernos locales que aún no actúan y una ciudadanía que sigue sin ver en las calles un espacio seguro.
Hablar de movilidad sin hablar de seguridad vial es omitir la tragedia cotidiana que viven miles de familias. Es momento de que la seguridad vial deje de ser una promesa y se convierta en política pública efectiva, con presupuesto, rendición de cuentas y acciones sostenidas.
Toda vez que, ninguna ciudad puede ser verdaderamente justa si sus calles siguen siendo escenarios de muerte. La movilidad empieza con el derecho a llegar con vida. Todo lo demás, es accesorio.
