ESCRITO POR: Gilberto A. Hernández González / Abogado Fiscalista y Especialista en Transporte Público / gilbertohergon@gmail.com
En la actualidad, la falta de legalidad en el transporte público es un fenómeno que ha generado afectaciones e implicaciones negativas en la sociedad. Entre las formas más comunes que contribuyen a la informalidad del sector se encuentran las unidades concesionadas que no cumplen con los requisitos indispensables para brindar el servicio. Ejemplo de ello es la obsolescencia del parque vehicular, los adeudos en el refrendo anual, la falta de capacitación de las personas conductoras y la operación con licencias de conducir o seguros de protección vencidos. El caso más extremo se presenta en aquellas unidades que operan el servicio público de transporte sin concesión y que, en consecuencia, evaden el cumplimiento de las disposiciones administrativas, fiscales y laborales. Esta situación ocasiona un perjuicio directo a la Hacienda Pública y deriva en un menoscabo de los ingresos públicos, al tiempo que limita la capacidad financiera de la autoridad para sufragar el gasto público.
La legalidad en el transporte público es esencial para mejorar la calidad del servicio, fortalecer la economía y garantizar un entorno de justicia social, mediante la cooperación entre autoridades, concesionarios, usuarios y sociedad civil.
Por consiguiente, la legalidad en el transporte público juega un papel fundamental, ya que no solo mejora la calidad del servicio, sino que también es la vía para fortalecer la economía y la equidad tributaria en nuestras ciudades. Esto implica analizar los marcos regulatorios y el contexto que prevalece en cada región, a fin de hacer efectiva la normatividad aplicable a este sector. Es evidente que la ilegalidad genera un ambiente hostil e incierto, por lo que es necesario precisar las responsabilidades institucionales que, de manera directa o indirecta, contribuyen al orden y desarrollo. Solo así podrá existir una cooperación y coordinación eficaces entre los diversos actores: autoridades, sector privado, personas usuarias, academia y sociedad civil organizada, con el objetivo de asegurar un verdadero Estado de derecho.
Recuperar la rectoría del transporte público por parte del Estado, con reglas claras y participación de diversos actores, es clave para su sostenibilidad, modernización y transición hacia modelos más limpios como la electromovilidad.
De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), elaborada por el INEGI (2025), que presenta información de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeros de las principales áreas metropolitanas del país, en mayo del presente año viajaron 250.3 millones de personas en los sistemas de transporte urbano, cifra 1.7% mayor respecto a mayo de 2024. Este dato refleja la importancia de consolidar, dignificar y optimizar el transporte público colectivo urbano como el servicio público más trascendental para alcanzar un entorno con mayor justicia social.
En este sentido, el papel de las autoridades competentes es indispensable para construir modos organizativos y lograr una interacción efectiva entre instituciones y estructuras sociales que generen eficiencia en la gestión y mejora continua del transporte público. Este sigue siendo un reto enorme mientras la autoridad renuncie a los desafíos que enfrenta constantemente en materia de organización, reglamentación, intervención y alineación de proyectos de infraestructura diseñados para el transporte público colectivo urbano, en correlación con la movilidad, la circulación vial y la integración del espacio público.
Si se aspira a lograr la gobernanza en el transporte público, es necesario legitimar el servicio con visión de futuro y un alto compromiso social, reconociéndolo como pieza clave para el desarrollo y la configuración urbana del siglo XXI. Por ello, no pueden mantenerse políticas públicas aisladas y limitadas a un solo sector, ya que la mejora de las condiciones de vida y movilidad responde a un objetivo común que debe abordarse de manera integral. Esto implica tomar decisiones estratégicas, incorporar nuevas tecnologías, considerar aspectos del urbanismo, fomentar una planificación urbana coherente y sostenible, y así construir ciudades más inclusivas y funcionales, que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la población.
Alcanzar la gobernanza en el transporte público es cada vez más crucial, pues consolidarlo como la columna vertebral de la movilidad permitirá que, a través de la legalidad, exista una mejor planificación en las ciudades para cubrir las necesidades de desplazamiento de toda la población. El transporte público es el medio más utilizado, y su fortalecimiento es clave, dado que la posesión y uso del transporte privado no solo genera más gastos, sino que tampoco contribuye a disminuir la contaminación atmosférica, otro reto determinante. Para avanzar hacia la transición a la electromovilidad, primero debe existir certeza jurídica en el sector, lo que abrirá paso a la inversión y priorizará a las y los mexicanos, sin olvidar que el servicio no debe ser negocio de unos cuantos, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Una vía de solución se centra en la voluntad política y el interés del Estado por recuperar la rectoría del transporte público, que durante décadas ha sido delegada erróneamente en las personas concesionarias. Esto ha significado renunciar a la obligación de diseñar, gestionar y controlar el servicio (Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano, 2024). Hablar de rectoría no implica centralización, sino la incorporación de la participación de diversos actores que faciliten la movilidad en estricto apego a las reglas y disposiciones del Estado.
Finalmente, aunque uno de los desafíos radica en la falta de control de la recaudación de ingresos a cargo del Estado —lo que impide construir un escenario de administración financiera sólido y eficaz—, es necesario reforzar la convicción de que existen múltiples alternativas legales. Entre ellas, se incluye la propuesta de un esquema sancionador que genere beneficios para la Hacienda Pública, permita una gestión responsable de los recursos y contribuya a la construcción de instituciones más sólidas, transparentes y comprometidas con la transformación del servicio público de transporte, garantizando su sostenibilidad financiera, autosuficiencia, rentabilidad y funcionalidad.
