La transición hacia la electromovilidad está reconfigurando el modelo de negocio del transporte público en la Ciudad de México y otras ciudades de Latinoamérica. Sin embargo, este cambio plantea interrogantes sobre la seguridad y sostenibilidad financiera del sector.
La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) ha convocado a expertos para debatir esta transformación en el 16º Congreso Internacional de Transporte (16CIT). Uno de los temas centrales es la creciente tendencia a separar la operación de la adquisición de autobuses, un modelo que ya ha sido implementado en ciudades como Bogotá y Santiago de Chile, donde inversionistas privados compran la flota y la alquilan a los operadores, explicó Martha Lucía Gutiérrez, secretaria general de la Red SIMUS.
El riesgo de desvincular la operación de la propiedad de los autobuses
Si bien esta estrategia puede facilitar la renovación de unidades sin afectar las finanzas de los operadores, también conlleva riesgos. Sergio Avelleda, reconocido consultor de movilidad en Brasil, alertó que la calidad del mantenimiento puede verse comprometida cuando los operadores no son dueños de los autobuses, lo que puede derivar en fallas mecánicas y poner en peligro la seguridad de los pasajeros.
“Cuando se posee una unidad, se invierte en su mantenimiento para garantizar su vida útil y operación segura. En un modelo de renta, la preocupación por la calidad del mantenimiento disminuye y esto representa un problema grave”, advirtió Avelleda.
El especialista también señaló que, aunque eliminar la carga financiera de los operadores podría mejorar su enfoque en la operación, también se corre el riesgo de que el mantenimiento quede relegado a un segundo plano, lo que podría traducirse en un transporte público menos seguro y eficiente.
Alternativas para una transición sostenible
Existen otros modelos para enfrentar este desafío. Avelleda mencionó que los gobiernos podrían asumir un papel más activo en la financiación de autobuses eléctricos, accediendo a créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial. Esta estrategia permitiría a las autoridades cubrir la diferencia de costos entre las unidades diésel y las eléctricas, con tasas de interés más bajas en comparación con las que enfrentarían los operadores privados.
Bajo este esquema, los gobiernos absorberían el costo de la financiación, mientras que los operadores mantendrían la propiedad de las unidades y serían responsables de su mantenimiento. Esto garantizaría una transición más estructurada y segura hacia la electromovilidad.
Debate en el 16CIT: el futuro del transporte público
Martha Lucía Gutiérrez y Sergio Avelleda compartirán sus perspectivas en el 16º Congreso Internacional de Transporte (16CIT), un evento gratuito que se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional. La inscripción está disponible en https://cit2025.
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La discusión sobre el modelo de negocio del transporte público es crucial para garantizar una transición ordenada hacia la electromovilidad sin comprometer la seguridad ni la sostenibilidad económica del sector. La pregunta sigue abierta: ¿cómo equilibrar la innovación con la seguridad y eficiencia en el transporte público?
