Escrito por: Cristian Jhovani Romero Macedo / Delegado Estatal, Coalición Movilidad Segura Michoacán
En México, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y las normas técnicas ya marcan el “qué”; pero el “cómo” se decide en los municipios. Un reglamento claro y actualizado activa zonas 30, pasos peatonales a nivel, auditorías de seguridad vial y control efectivo de la velocidad. Sin esa llave local, los proyectos se diluyen, la aplicación es discrecional y las muertes evitables se mantienen.
El costo de un reglamento desfasado
En Zamora, Michoacán, durante años un cruce frente a una escuela registró choques y atropellos. Las soluciones parecían obvias: pintar un cruce peatonal, instalar un reductor de velocidad, delimitar una zona 30. Sin embargo, ninguna de esas medidas avanzaba porque el reglamento de tránsito vigente no contemplaba tales facultades.
La anécdota revela un problema estructural: los municipios son quienes tienen la mayor capacidad de transformar la seguridad vial en hechos concretos, pero sus reglamentos suelen estar desfasados, incompletos o francamente inoperables. Sin facultades claras, la prevención depende de la buena voluntad, no de obligaciones exigibles.
Marco nacional listo, eslabón local roto
En 2020, México reconoció en la Constitución el derecho a la movilidad. Dos años después, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fijó principios y obligaciones mínimas para estados y municipios. En 2023, la NOM-004-SEDATU-2023 estableció criterios técnicos obligatorios para el diseño seguro de calles, acompañada de lineamientos federales que explican cómo armonizar reglamentos locales.
El piso nacional existe. Pero sin actualización reglamentaria en los ayuntamientos, esas disposiciones quedan en el aire. Los cabildos deben facultar —en un solo instrumento claro— el rediseño de cruces, la fiscalización de la velocidad, la estandarización del señalamiento, las auditorías de seguridad vial y la sanción efectiva de incumplimientos. Cuando esa llave falta, la movilidad segura se reduce a proyectos aislados o a campañas que no cambian resultados.
“Un reglamento actualizado convierte la seguridad vial en obligación verificable, no en promesa política.”
Las llaves de un reglamento municipal moderno
Un reglamento bien diseñado salva vidas porque vuelve obligatoria la práctica del Sistema Seguro. Estas son sus llaves principales:
1. Velocidad segura → Límites diferenciados por jerarquía vial y zonas 30 obligatorias en áreas sensibles (escuelas, hospitales, centros de barrio). Facultades para instalar mesetas y controlar con cinemómetros bajo debido proceso.
2. Diseño vial seguro → Pasos peatonales a nivel, esquinas seguras, radios de giro reducidos y refugios peatonales, con remisión explícita a la NOM-004.
3. Auditorías y gestión del riesgo → Auditorías de seguridad vial en proyectos nuevos y existentes, y obligación de corrección post-siniestro con plazos y responsables.
4. Jerarquía de la movilidad y accesibilidad universal → Prioridad peatonal y sanciones claras por obstruir rampas o pasos accesibles; alineación con el principio de diseño para todas las personas.
5. Motocicletas → Portación de casco certificado, expedición adecuada de licencias y retención en supuestos graves, en congruencia con el marco estatal y nacional.
6. Datos y transparencia → Registro único de siniestros, mapa público de puntos críticos y reportes trimestrales para orientar intervenciones y evaluar resultados.
7. Aplicación y sanciones proporcionales → Tipificación clara, escalamiento gradual y destino etiquetado de multas a medidas de seguridad vial.
Un reglamento que incorpore estas llaves convierte la seguridad vial en obligación verificable, no en promesa política.
Zamora como caso faro
En Michoacán, de los 113 municipios, hasta la fecha de esta publicación solo Zamora ha aprobado un reglamento de movilidad y seguridad vial. El dato importa porque demuestra que sí es posible que un cabildo armonice su normativa con la Ley General y active herramientas locales.
El reglamento zamorano es un avance: reconoce la jerarquía de la movilidad y sanciona conductas de riesgo. También muestra lo que falta: fortalecer la obligatoriedad de auditorías de seguridad vial y fijar mecanismos de datos abiertos para que la ciudadanía y las instituciones puedan monitorear puntos críticos y resultados. La lección es contundente: cuando un reglamento nombra y faculta —zonas 30, mesetas, auditorías, cinemómetros, accesibilidad—, las obras dejan de depender de coyunturas y se convierten en mandatos con responsables y plazos. Sin esas palabras en el reglamento, cualquier administración puede postergar lo impostergable.
Objeciones frecuentes y cómo resolverlas
Quienes se oponen a modernizar reglamentos suelen esgrimir principalmente tres argumentos:
“No hay presupuesto.” → Zonas 30, topes bien diseñados, pintura y señalamiento básico cuestan una fracción de un puente vehicular y reducen drásticamente lesiones graves. La inversión más eficiente es la que previene.
“No tenemos personal.” → El reglamento puede ordenar priorizar el top-10 de cruces más peligrosos y establecer calendarios de intervención. La clave no es tener más gente, sino orientar la que ya existe con criterios de riesgo.
“La gente no respeta.” → Cuando las calles están diseñadas para obligar velocidades seguras y la fiscalización es cierta, el cumplimiento deja de depender solo de la conducta individual. Diseño y control consistentes producen obediencia estructural.
“Las zonas 30 y las mesetas no son ocurrencias: son mandatos técnicos para salvar vidas.”
De la firma a los resultados
Los reglamentos municipales no son trámites menores: son el eslabón que convierte principios nacionales en cambios tangibles en la calle. Por eso, el llamado es claro: los cabildos no pueden seguir postergando. Cada mes que pasa sin reglamentos armonizados es un mes en que niñas y niños, personas que caminan y pedalean y quienes viven con discapacidad siguen expuestas en calles inseguras.
Un municipio que aprueba un reglamento con visión de Sistema Seguro no solo salva vidas: también ahorra costos en salud, reduce litigios, eleva la confianza ciudadana y da certidumbre técnica a sus obras. La seguridad vial no se logra con campañas ni discursos: se logra con reglas claras, exigibles y aplicadas localmente. Es hora de que alcaldes y cabildos asuman su papel como garantes del derecho a la movilidad en cada rincón del país.
“Cada mes sin reglamentos armonizados es un mes más de vidas expuestas en cruces inseguros.”
