ESCRITO POR: K. Daniela Xiqui F. / Egresada del Doctorado en Ciencias Sociales de la UdeG
En 2025, Yucatán continúa experimentando un crecimiento inmobiliario sin precedentes. Los desarrollos se concentran en municipios como Kanasín, Umán, Progreso, Chelem y Telchac, entre otros, algunos de ellos pertenecientes a la zona metropolitana de Mérida. La industria inmobiliaria ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional gracias a la narrativa de un “paraíso seguro y tranquilo”, lo que ha atraído tanto a inversionistas como a familias que buscan una vivienda cercana al mar, rodeada de naturaleza y con un costo más bajo que en otras ciudades turísticas del país. No obstante, estas aparentes ventajas esconden costos ocultos: ambientales, sociales y de movilidad.
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, decretado en 2007, ya advertía sobre los riesgos del crecimiento acelerado y poco regulado. Sin embargo, la expansión inmobiliaria ha seguido avanzando sin considerar de manera integral la conectividad vial ni la movilidad de los nuevos residentes.
Quienes llegan a la península encuentran atractivos como la tranquilidad, la riqueza cultural, la cercanía al mar y la percepción de seguridad, particularmente en Mérida, catalogada como una de las ciudades más seguras del país. Pero los costos ambientales son innegables: pérdida de flora y fauna, presión sobre los mantos acuíferos, erosión costera y destrucción de manglares.
El Tren Maya ha intensificado esta tendencia, detonando una ola de desarrollos en los cinco estados del sureste por donde transita (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). En Yucatán, diversos reportes evidencian que los proyectos han contribuido al desplazamiento de fauna silvestre, a la ocupación ilegal de zonas federales y, en muchos casos, se han llevado a cabo pese al rechazo de comunidades locales o sin medidas de mitigación ambiental.
A ello se suma una marcada desigualdad: mientras algunos desarrollos se promocionan como “ecológicos, sostenibles y de lujo”, una gran parte de la población accede a viviendas de interés social, generalmente adquiridas a través de créditos y ubicadas en zonas con menor infraestructura urbana.
Pero el problema más visible —y menos atendido— es la movilidad. La mayoría de los desarrollos se construyen sin planeación vial suficiente. Basta un ejemplo: un conjunto de 200 viviendas, con familias promedio de tres personas y dos automóviles, genera alrededor de 400 vehículos que diariamente deben salir a la misma hora hacia escuelas o centros de trabajo, y regresar por la tarde. Esto equivale a dos kilómetros de autos en fila en horas pico. Si en una misma vía convergen cinco desarrollos similares, hablamos de 10 kilómetros de congestión vehicular sobre carreteras de un solo carril.
La situación se complica porque las vialidades internas de estos fraccionamientos suelen ser estrechas, con estacionamiento en ambas aceras, escasa señalización y ausencia de alternativas de transporte público o ciclovías. Así, lo que se presenta como “calidad de vida” termina convirtiéndose en un problema cotidiano para la movilidad de sus habitantes.
Adicionalmente, la falta de transporte público eficiente no solo afecta a los residentes de los desarrollos, sino también a las comunidades aledañas que dependen de estas mismas vialidades. La saturación vehicular provoca retrasos, aumenta los riesgos de accidentes y genera una mayor contaminación atmosférica, afectando directamente la salud y el bienestar de la población.
El crecimiento inmobiliario en Yucatán, impulsado por la percepción de un “paraíso seguro y tranquilo” y proyectos como el Tren Maya, ha avanzado sin una planificación integral de movilidad, generando congestión vehicular, riesgos ambientales y desigualdad social.
Otro aspecto poco discutido es el impacto económico de estas congestiones. Los costos en tiempo perdido, combustible y mantenimiento vehicular representan una carga adicional para las familias y para la infraestructura pública. Sin una planificación integral, los desarrollos inmobiliarios no solo comprometen la movilidad, sino también la eficiencia económica y la cohesión social de los municipios donde se instalan.
La necesidad de vivienda es real, tanto para la población local como para quienes llegan de otros estados o países. Sin embargo, es urgente que los nuevos desarrollos incorporen criterios de planeación integral: conectividad vial, transporte público eficiente, infraestructura peatonal y ciclista, y respeto a los ecosistemas. De lo contrario, Yucatán corre el riesgo de que su tan promocionado “paraíso” se transforme en un territorio congestionado, desigual y ambientalmente vulnerable.
Hoy más que nunca, autoridades, desarrolladores y ciudadanía deben exigir que los proyectos inmobiliarios no solo se enfoquen en vender casas, sino en construir ciudades habitables, accesibles y sostenibles. Solo así se podrá garantizar que la expansión urbana de Yucatán conserve los valores naturales, sociales y culturales que la han posicionado como un destino deseable, evitando que la falta de movilidad y planificación transforme un paraíso en un desafío cotidiano para sus habitantes.
La falta de infraestructura vial, transporte público y alternativas sostenibles convierte los desarrollos inmobiliarios en un desafío diario para la población; se requiere que autoridades, desarrolladores y ciudadanía prioricen la planificación urbana integral para garantizar ciudades habitables, accesibles y sostenibles.
