La motocicleta ya no es solo un vehículo de recreo: para millones de personas en México se ha convertido en la forma de ganarse la vida, llegar al trabajo o simplemente moverse con rapidez en ciudades congestionadas. Bajo esta realidad, la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, presidida por Patricia Mercado (MC), convocó a su cuarta mesa de trabajo con empresas y fabricantes de motocicletas para analizar los retos y oportunidades del sector.
“Las motos son hoy una herramienta indispensable de movilidad y de trabajo. Por eso necesitamos reformas a la Ley General de Movilidad. La seguridad vial no se logra solo con la ley, sino con corresponsabilidad y compromiso de todos los actores”, subrayó la diputada Mercado.
Voces desde la industria y la sociedad
En la mesa se escucharon voces que coincidieron en un punto: detrás de cada casco hay una vida que merece volver a casa.
Sergio Mendoza, secretario del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, hizo un llamado claro:
“Un conductor bien formado vale más que cualquier tecnología; pedimos respeto, que se nos vea, que se nos escuche y proteja”.
Alejandra Leal Vallejo, codirectora de Céntrico, sostuvo que la clave está en una agenda integral de seguridad vial: “Si queremos reducir muertes en las calles, debemos abordarlo de manera sistémica, pensando en la vida cotidiana de quienes se trasladan al trabajo o a la escuela”.
Desde Uber, Julia Ortiz, gerente de políticas públicas, insistió en reconocer a la motocicleta como una modalidad legítima de transporte y no condenarla a la informalidad. “El enfoque debe ser sistémico: invertir en seguridad y educación vial”, señaló.
Por su parte, Guillermo Genis, gerente de InDrive México, advirtió que en muchos estados se criminaliza el trabajo en moto, pese a que la Ley Federal del Trabajo ya lo reconoce. “Eso abre la puerta a la informalidad y al mercado negro. Si hay demanda, alguien lo va a ofrecer”, recalcó.
Plataformas, comercios y fabricantes: puntos en común
La mesa también reunió a plataformas digitales y grandes cadenas comerciales, que expresaron su preocupación por reglas claras y homogéneas.
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Pedro Basáñez, gerente de Didi México, afirmó que la empresa ofrece seguro privado de gastos médicos y protección a repartidores y motociclistas.
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Pedro Llanos, de la misma firma, destacó que el servicio en moto es inclusivo: “Hacemos más de 20 mil viajes en distintas ciudades, y el 40% resultan más accesibles que otras opciones”.
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Lucía Gutiérrez, de la ANTAD, pidió no imponer obligaciones que puedan afectar la venta legal de productos, como la exigencia de incluir un casco en cada compra de motocicleta.
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Octavio Rangel, de Italika, cuestionó propuestas estatales que buscan condicionar la entrega de motos a la emplacación previa: “Nosotros no somos autoridad para retener un bien que ya fue vendido”.
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Jorge Eliezer Avendaño, de Coppel, abogó por una regulación federal homogénea: “Queremos colaborar, pero necesitamos soluciones justas que no afecten ni al cliente ni a las empresas”.
Hacia un manifiesto por la seguridad
Tere Arenas, directora operativa de la Asociación de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, planteó que estas mesas de trabajo se conviertan en permanentes y anunció la creación de un manifiesto conjunto para reforzar el compromiso con la seguridad de los motociclistas.
Valentina Delleur, del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP), remarcó la importancia de que fabricantes e importadores realicen diagnósticos rigurosos sobre el impacto de sus productos en la seguridad vial: “Esa información es vital para entender el mercado y mejorar la legislación”.
La ruta, coincidieron los participantes, es clara: capacitación constante, respeto en las calles, regulación justa y compromiso compartido. Porque más allá de estadísticas y leyes, el motociclismo en México se mide en vidas.
