Con el objetivo de responder a los altos niveles de violencia registrados en el transporte público y garantizar condiciones más seguras para usuarios y operadores, el Congreso del Estado de Hidalgo analiza una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, así como a la Ley de Movilidad y Transporte de la entidad.
Las modificaciones buscan actualizar el marco legal vigente, atendiendo problemáticas como el acoso sexual, las agresiones recurrentes y la falta de medidas de protección efectivas en el transporte colectivo, particularmente en zonas urbanas como la ciudad de Pachuca.
Transporte público, eje de la movilidad urbana
De acuerdo con datos de la iniciativa, aproximadamente el 80% de los 130 millones de viajes que se realizan diariamente en México dependen del transporte público. Esta proporción ha sido confirmada por fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como por estudios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analizan la dinámica de movilidad en centros urbanos del país.
Este uso intensivo del transporte público contrasta con las condiciones de inseguridad que enfrentan los pasajeros, especialmente las mujeres. Según reportes citados en la propuesta legislativa, en la capital hidalguense se registran en promedio diez denuncias diarias por acoso o agresiones sexuales en unidades de transporte, una situación documentada por organizaciones civiles y autoridades de seguridad pública.
Propuesta legislativa ante un contexto crítico
La iniciativa plantea una serie de adiciones y modificaciones a las leyes estatales, con la intención de construir un sistema de movilidad más seguro, incluyente y con mecanismos eficaces para prevenir y sancionar la violencia dentro del transporte público.
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Aunque aún se encuentra en proceso de análisis, la propuesta representa un paso hacia la armonización de la legislación local con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y movilidad urbana segura.
