En León, la regulación para el transporte público mantiene un control estricto en materia de velocidad y seguridad, mientras que los servicios de plataformas digitales, particularmente los que operan con motocicletas, continúan sujetos a un marco normativo más flexible que los deja fuera de muchas responsabilidades.
Daniel Villaseñor, presidente de Transportistas Coordinados de León, recordó que el Reglamento de Tránsito establece disposiciones específicas para los autobuses. “Si en una vialidad el límite es de 80 kilómetros por hora, nuestras unidades deben circular 10 kilómetros por debajo”, explicó.
Para garantizar el cumplimiento, las unidades cuentan con sistemas electrónicos que registran en tiempo real la velocidad de cada viaje. “Nuestros camiones tienen computadoras que marcan cualquier exceso y, en caso de ser necesario, también se pueden entregar los videos a la autoridad”, puntualizó.
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En contraste, la situación es diferente en los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles. Villaseñor señaló que en estos casos la responsabilidad recae directamente en el conductor, lo que genera un vacío legal, ya que las empresas que prestan el servicio no asumen compromisos en caso de un percance.
“Si ocurre un accidente, tanto el operador de la motocicleta como la plataforma se deslindan. Ese es un riesgo para el pasajero y para cualquier persona involucrada”, advirtió.
El dirigente reconoció algunos avances en materia de movilidad, como el respeto a los carriles exclusivos para transporte público, donde actualmente ya no circulan motocicletas ni scooters. No obstante, insistió en que la ciudad necesita avanzar hacia una regulación más equitativa que ponga en el mismo nivel de exigencia a todos los actores de la movilidad.
“Si el transporte público cumple con normas estrictas y se somete a controles constantes, las plataformas también deben responder ante la autoridad. De lo contrario, se genera una competencia desigual y, sobre todo, un riesgo para la seguridad vial”, concluyó Villaseñor.
