La seguridad vial en México ha emergido como una crisis de salud pública de dimensiones alarmantes. Con más de 380,000 hechos viales registrados en 2023, el país enfrenta una situación que afecta la vida de miles de personas cada año, especialmente a jóvenes y peatones. Esta problemática no solo tiene implicaciones en términos de salud, sino que también genera un impacto económico y social significativo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 381,048 hechos de tránsito en México. Esta cifra refleja una tendencia preocupante, ya que la siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte entre niños, adolescentes y jóvenes adultos en el país.
Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal reportó que en 2022, 2,718 peatones perdieron la vida debido a siniestros viales. Estos datos subrayan la vulnerabilidad de los usuarios no motorizados y la necesidad urgente de implementar las políticas públicas existentes que prioricen su seguridad.
La siniestralidad vial tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Las víctimas suelen enfrentar secuelas físicas y psicológicas que afectan su bienestar y productividad. Asimismo, las familias de las víctimas deben lidiar con el dolor y las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de un ser querido o de la incapacidad temporal o permanente de un miembro de la familia.
Económicamente, los costos asociados a los hechos de tránsito son elevados. Estos incluyen gastos médicos, daños a la propiedad, pérdida de productividad y costos judiciales. Aunque no existen cifras exactas para México, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, los costos sociales y económicos de los siniestros viales pueden representar hasta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país.
“Al día mueren 44 mexicanos en siniestros viales… situación que es la principal causa de muerte de niñas, niños y jóvenes en México”, declaró Alejandra Leal, codirectora de Céntrico.
La siniestralidad vial en México es una de las principales causas de muerte entre jóvenes y peatones, representando una crisis de salud pública.
Seguridad Vial como una crisis de salud pública
La seguridad vial debe abordarse desde una perspectiva de salud pública debido a su impacto en la mortalidad y morbilidad de la población. Los hechos de tránsito no solo causan muertes inmediatas, sino que también generan una carga significativa en los sistemas de salud debido a las lesiones y discapacidades resultantes.
Manejar un automotor de forma irresponsable “es como traer un arma” y es tan peligroso que 40 personas pierden la vida todos los días por siniestros de tránsito; casi 70% de las víctimas son peatones, ciclistas y motociclistas, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS, datos 2024).
Se estima que los accidentes viales en México tienen un costo equivalente al 1.5% – 2.1% del PIB, lo que se traduce en alrededor de 538 mil millones de pesos anuales en gastos, indemnizaciones, daños materiales, médicos, etc.
Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han clasificado los hechos de tránsito como una epidemia global, instando a los países a implementar estrategias efectivas para reducir su incidencia. En México, la falta de infraestructura adecuada, la conducción bajo los efectos del alcohol y las distracciones al volante son factores que contribuyen significativamente a esta crisis.
La AMIS también documenta que cuando hay lesiones menores, los gastos médicos, de recuperación, pueden promediar 25 mil pesos. En casos de lesiones graves, los costos hospitalarios, recuperación y daños generales pueden subir a 350 mil pesos. En los casos más catastróficos, la factura puede llegar hasta 1.5 millones de pesos.
Fundación Aleatica reporta que alrededor de 32 mil mexicanas y mexicanos resultan con discapacidad permanente cada año por siniestros viales.
Factores como infraestructura inadecuada, falta de educación vial y aplicación inconsistente de leyes contribuyen a la crisis de seguridad vial.
Avances en legislación y políticas públicas
En respuesta a esta problemática, México ha implementado diversas políticas públicas y reformas legislativas. Entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, por ejemplo, han adoptado el enfoque de “Visión Cero”, que busca eliminar las muertes y lesiones graves por siniestros viales. Este enfoque se basa en la idea de que la vida humana debe ser prioritaria y que los errores humanos no deben tener consecuencias fatales.
Durante años, la causa principal fue clara: reducir en un 50% las muertes por siniestros viales y eliminar las lesiones graves, como lo estipulaba el primer Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011–2020). Pero al no lograr esa meta -ni en México ni en el mundo-, se entró en una segunda fase (2021–2030) sin mayor autocrítica. Y en el camino, el objetivo cobró otra relevancia: hoy la exigencia central es que las entidades federativas armonicen sus leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en 2022.
Esta Ley establece límites de velocidad, regulan el consumo de alcohol y drogas al volante, y promueven el uso del cinturón de seguridad,entre otras medidas. Sin embargo, la armonización e implementación de esta varía significativamente entre los diferentes estados y municipios, ya que a 3 años de su aprobación no todos los estados han armonizado sus legislaciones locales, lo que dificulta su efectividad.
De acuerdo con el especialista en temas de transporte público, Víctor Alvarado, de los 21 estados que ya armonizaron, solo 10 han logrado reducir su siniestralidad peatonal entre 2021 y 2023. El resto la ha mantenido o, peor aún, la ha incrementado. En promedio, la tasa de mortalidad peatonal creció 59.4% en estas entidades. Entre las 10 entidades armonizadas que sí lograron una reducción, el promedio fue de 13.58%. A nivel nacional, la reducción general fue de 16.79% (véase, Tabla 1).
Los hechos de tránsito generan costos económicos significativos y afectan la calidad de vida de las personas y sus familias.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha hecho público que: “Desde la entrada en vigor de la LGMSV en 2022, el Gobierno de México a través de la SEDATU y el SNMySV ha impulsado un nuevo paradigma en movilidad, destacando iniciativas como la Estrategia Nacional de Movilidad (Enamov) 2023-2042. Este programa se desarrolla con base en las necesidades locales, asegurando su participación colaborativa y su alineación con los proyectos del Gobierno de México, para garantizar una movilidad segura, accesible y sostenible.”
Sobre los pendientes en materia legislativa, Alejandra Leal, subraya que “hay muchos pendientes, entre ellos definir la homologación de la velocidad máxima por tipo de calle o de vialidad en todo el país, así como los índices de alcohol en la sangre permitidos a nivel nacional … buscamos que la ley reglamentaria obligue a mejorar el transporte público, innovar en infraestructura, así como proporcionar tranquilidad a la población para que llegue a sus destinos con seguridad”.
Por su parte, Ricardo Serrano Rangel, Presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), ha señalado en diversas ocasiones que: “La Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030 es un plan integral que refleja el compromiso de las autoridades de movilidad para ofrecer una movilidad segura, accesible y de calidad”.
Desafíos persistentes
A pesar de los esfuerzos realizados, persisten varios desafíos en la mejora de la seguridad vial en México:
- Infraestructura inadecuada: Muchas calles y carreteras carecen de señalización adecuada, iluminación y pasos peatonales seguros o bien están en mal estado y representan un riesgo.
- Falta de Educación Vial: Existe una carencia de programas educativos permanentes que fomenten una cultura de respeto y responsabilidad en el tránsito.
- Impunidad: La aplicación de sanciones por infracciones viales es inconsistente, lo que permite que conductores infractores continúen poniendo en riesgo la seguridad de otros.
- Desigualdad: Las comunidades más vulnerables, como aquellas de bajos ingresos, suelen ser las más afectadas por los accidentes de tránsito debido a la falta de infraestructura y recursos.
Estos casos demuestran que, con políticas públicas efectivas y la participación activa de la sociedad, es posible mejorar la seguridad vial y reducir la mortalidad y morbilidad asociadas; desafortunadamente en el ranking de los 10 países con mayor seguridad vial no figura ninguno de América Latina.
La seguridad vial en México es una crisis de salud pública que requiere una atención urgente. Es esencial que el gobierno, las autoridades locales y la sociedad civil trabajen juntos para implementar políticas efectivas que prioricen la vida humana y promuevan una cultura de respeto y responsabilidad en el tránsito. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrá reducir la siniestralidad vial y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Iniciativas exitosas en países como Suecia, Japón y Polonia ofrecen modelos efectivos para mejorar la seguridad vial en México.
