En muchas grandes ciudades de América Latina la evasión del pago en el transporte público dejó de ser un problema marginal para convertirse en una amenaza a la sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y —en algunos casos— a la convivencia urbana. Estudios e informes regionales muestran tasas de evasión extraordinarias en sistemas de buses y metros, con impactos que van desde una subestimación de los gastos de movilidad hasta pérdidas multimillonarias que terminan subsidiadas por el erario o por el resto de usuarios.
En gigantes urbanos como la Ciudad de México, ejercicios administrativos han mostrado discrepancias importantes entre accesos y salidas: a finales de 2019 autoridades capitalinas estimaron que entre 800,000 y 1,000,000 de personas diariamente no pagaban el acceso al Metro, una cifra que llegó a traducirse en pérdidas diarias millonarias en pesos. Los datos operacionales oficiales del Metro muestran además indicadores útiles (por ejemplo, accesos de cortesía y variaciones anuales) que sirven para analizar el problema con método.
En Bogotá,TransMilenio ha registrado oscilaciones sensibles: estudios oficiales y reportes periodísticos señalan que la evasión en la troncal llegó a niveles alrededor de 29–30% en 2022 y que, tras medidas combinadas, descendió notablemente hasta cifras cercanas a 13–15% en 2023–2024, demostrando que es posible reducir la tasa con un paquete de acciones persistente.
En ciudades como Santiago, Bogotá y Ciudad de México, hasta 3 de cada 10 viajes en transporte masivo se realizan sin pagar, generando pérdidas millonarias y presión sobre los subsidios públicos.
La evasión erosiona la sostenibilidad financiera de los sistemas, limita la renovación de unidades y deteriora la calidad del servicio para quienes sí pagan.
El costo real: ingresos, subsidios y servicio
La evasión no es solo una «falta de civismo»: aparece en las cuentas como menor recaudación, mayor necesidad de subsidios y presiones sobre inversiones y mantenimiento. En sistemas donde la tarifa cubre una porción significativa del costo operativo, la evasión incrementa el déficit, erosiona la capacidad de renovación del material rodante y puede traducirse en peores frecuencias o mayor deterioro de estaciones y unidades. Informes sectoriales y análisis de caso han cuantificado pérdidas directas y efectos colaterales sobre la gobernanza financiera del transporte.
En la práctica, cuando la evasión crece, aparecen tres respuestas típicas:
(1) endurecer sanciones y fiscalización
(2) ampliar subsidios públicos
(3) cambiar el diseño del sistema de cobro (tarjetas, barreras, control tecnológico).
Cada ruta tiene costos políticos y técnicos y ninguna elimina la evasión por sí sola.
¿Qué funciona? Evidencia de medidas que reducen la erosión de ingresos
La experiencia en la región y el trabajo académico apuntan a que las intervenciones más exitosas combinan infraestructura, tecnología, fiscalización estratégica y medidas sociales:
- Infraestructura de acceso (torniquetes, puertas de control): los sistemas que cierran el acceso con barreras físicas reducen el colado, pero son costosos y requieren mantenimiento. La transición hacia la validación electrónica off-board (pre-pago) reduce puntos de fricción y facilita conteos automáticos.
- Inspección basada en datos y fiscalización aleatoria: la evidencia modelada indica que la inspección tiene efecto disuasorio —aunque limitado en magnitud— y que es más eficiente si se diseña con información sobre dónde y cuándo ocurre la evasión. Un enfoque aleatorizado y visible incrementa el riesgo percibido entre evasores calculadores.
- Políticas tarifarias y compensaciones focalizadas: si la evasión se relaciona con incapacidad de pago, la solución no es solo reprimir: programas de subsidio bien focalizados (tarjetas sociales, tarifas diferenciadas por ingreso o edad) reducen la presión a evadir y son más equitativos que la sanción generalizada. El reto es identificar a quién apoyar sin crear incentivos perversos.
- Tecnologías de pago y análisis de datos: alcancías, sistemas de prepago, validadores, cámaras y contadores automáticos permiten medir la evasión con más precisión que conteos manuales. Herramientas de videoanálisis y analítica pueden identificar patrones (puntos críticos, franjas horarias) y guiar la asignación de recursos de fiscalización. Empresas y organismos técnicos han mostrado casos donde el uso de datos mejoró sustancialmente la detección y la planificación de medidas.
Casos prácticos: TransMilenio (Bogotá) combinó mayor infraestructura de acceso, campañas culturales, fiscalización y mejoras tecnológicas, y en dos años reportó reducciones significativas en la tasa de evasores —un ejemplo de cómo la combinación sostenida trae resultados—- En Santiago, planes antievasión y mayor fiscalización en la Red han mostrado también descensos relevantes después de aplicar medidas coordinadas.
Tecnología como aliada clave: Sistemas de prepago, validadores automáticos, alcancías electrónicas, cámaras y analítica de datos han demostrado reducir significativamente la evasión cuando se aplican en conjunto con fiscalización y programas sociales.
Recomendaciones prácticas
- Medir bien antes de actuar: invertir en conteos automáticos y análisis de video para identificar estaciones/tramos críticos; sin datos confiables las medidas son reactivas.
- Combinar barreras selectivas con inspección móvil: donde instalar barreras no sea posible, usar validadores off-board y equipos de control móviles bien distribuidos según inteligencia operativa.
- Tarifas y subsidios focalizados: reducir la evasión por incapacidad con mecanismos de acceso social (tarjetas con subsidios dirigidos), evitando castigar a quienes verdaderamente no pueden pagar.
- Transparencia y comunicación: reportar públicamente índices de evasión, acciones y resultados; la evidencia de TransMilenio y Santiago muestra que la rendición de cuentas legitima las medidas y sostiene la presión política.
- Usar la tecnología para optimizar, no solo vigilar: analítica para prever cuando se necesita fiscalización, y sistemas de pago integrados que reduzcan fricciones en la compra y validación del pasaje.
Desde quienes no pueden pagar hasta los que calculan riesgos, la evasión tiene múltiples raíces —económicas, sociales y de diseño del sistema— y cada perfil requiere una estrategia distinta.
La evasión del pago del transporte público es un fenómeno complejo, con raíces económicas, sociales y de diseño institucional. La evidencia regional muestra que no hay un único “remedio milagro”: las políticas que combinan infraestructura (control de accesos), tecnología (alcancías, sistemas de prepago, tarjetas, analítica, CCTV), fiscalización inteligente y medidas sociales bien diseñadas funcionan mejor que las soluciones aisladas. Esto como síntesis de varios estudios y experiencias prácticas:
