En promedio, en 11 entidades que han armonizado su ley de movilidad, la siniestralidad peatonal aumentó 59.4%. En cambio, Morelos -sin armonizar- la redujo 55.8%.
Cada agosto, en México, algo se repite. Activistas y organizaciones se movilizan, medios de comunicación cubren la marcha, funcionarios publican comunicados y se despliegan mantas con frases como “Todos somos peatones” o “No más muertes viales”. Todo esto ocurre en torno al llamado Día del Peatón, conmemorado el 17 de agosto por organizaciones civiles y gobiernos locales, aunque no es una fecha oficial. La efeméride se toma como referencia del aniversario luctuoso de Bridget Driscoll, la primera víctima fatal por atropellamiento en 1896, cuya muerte fue registrada en Londres.
Durante años, la causa principal fue clara: reducir en un 50% las muertes por siniestros viales y eliminar las lesiones graves, como lo estipulaba el primer Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011–2020). Pero al no lograr esa meta -ni en México ni en el mundo-, se entró en una segunda fase (2021–2030) sin mayor autocrítica. Y en el camino, el objetivo cobró otra relevancia: hoy la exigencia central es que las entidades federativas armonicen sus leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en 2022.
Ese es el nuevo mantra. En conferencias de prensa, encuentros nacionales y actos simbólicos, se repite que sin armonización no hay garantía de derechos. Y tienen razón en señalar que, conforme al segundo transitorio de la LGMSV, los congresos locales tuvieron un plazo de 180 días naturales para adecuar sus leyes y muchos no han cumplido. A la fecha, el mandato constitucional sigue sin concretarse en varias entidades. La exigencia se sostiene, pero rara vez se acompaña de una evaluación de impacto o de seguimiento técnico sobre lo que se ha logrado tras armonizar.
Pero los datos recientes dibujan una contradicción incómoda. De los 21 estados que ya armonizaron, solo 10 han logrado reducir su siniestralidad peatonal entre 2021 y 2023. El resto la ha mantenido o, peor aún, la ha incrementado. En promedio, la tasa de mortalidad peatonal creció 59.4% en estas entidades. Y del otro lado, hay estados como Morelos -que no ha armonizado- donde la siniestralidad peatonal se redujo en un 55.8% en el mismo periodo. Entre las 10 entidades armonizadas que sí lograron una reducción, el promedio fue de 13.58%. A nivel nacional, la reducción general fue de 16.79% (véase, Tabla 1).
No se trata de cuestionar el valor normativo de la LGMSV ni de restar mérito al esfuerzo de armonización. El problema es cuando se presenta como una meta en sí misma, como si publicar una ley equivaliera a salvar vidas. Una vez armonizado el marco jurídico, muchas veces el tema se abandona. La marcha termina, la nota se publica, la causa se celebra… y el seguimiento se pierde.
En 2010, la Asamblea General de la ONU proclamó el primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial. La meta era clara: reducir en un 50% las muertes viales hacia 2020. México adoptó esa meta como propia y publicó su estrategia nacional. En 2011 se reportaron 16,615 muertes viales; en 2020, 13,630. Apenas una reducción del 17.9%.
En lugar de una evaluación crítica, se impulsó un segundo decenio (2021–2030), con la misma promesa y una guía técnica similar. La diferencia es que ahora, muchos actores trasladaron su atención del resultado (reducir muertes) al procedimiento (armonizar leyes). Un enfoque que, aunque necesario, puede volverse insuficiente si no se acompaña de acciones concretas.
El gobierno también ha abonado a esta narrativa. Cada año, dependencias federales y estatales publican comunicados sobre el Día del Peatón con cifras globales impactantes, exhortaciones a la mal llamada cultura vial y recordatorios normativos sobre cómo cruzar una calle.
Más recientemente (2025), la Sedatu ha difundido informes donde asegura que 23 entidades han armonizado sus leyes locales, aunque en realidad dos de ellas (Baja California y Coahuila) aún están en negociación. El discurso institucional insiste en que la armonización permitirá avanzar en entornos seguros, transporte público accesible y sistemas integrados de movilidad. Pero no ofrece mecanismos de evaluación ni evidencia de que estos cambios se estén reflejando en la disminución de la siniestralidad.
Mientras tanto, las organizaciones civiles repiten su ciclo anual. Exigen armonización, logran reformas, celebran el logro… y luego se enfocan en otra entidad. Durante las conmemoraciones, cada colectivo busca colocar su tema: las ciclovías, los vehículos más seguros, los sistemas de retención infantil, la regulación de motocicletas, la NOMs, el transporte público, entre otras. Y aunque todos estos son temas legítimos, el resultado es una dispersión de agendas sin una estrategia común de implementación.
En este contexto, el Día del Peatón se ha convertido en una escena de declaratorias, fotos y frases con buena intención, pero con poco seguimiento. Y mientras tanto, la siniestralidad continúa. Las inversiones en infraestructura motorizada se mantienen. Los sistemas de atención prehospitalaria siguen siendo insuficientes. Y los compromisos internacionales se reducen a promesas recicladas.
Por eso es necesario insistir: armonizar no equivale a implementar. Y legislar no siempre transforma. Hay estados que no han armonizado y que aun así han logrado avances sustantivos. También hay estados con leyes progresistas que no han hecho nada para aplicarlas.
La LGMSV no debe convertirse en un símbolo vacío. No debe ser la nueva Ley de Transparencia, que sirvió para sacar la foto de muchos pero que pocos se preocuparon por aplicar.
La armonización debe ser un paso -importante, sí- pero nunca la meta. La evaluación de resultados y la implementación debe estar al centro. Y las conmemoraciones deben transformarse en momentos de rendición de cuentas, no solo de exigencia.
No se trata de desacreditar al activismo, sino de fortalecerlo. De invitar a pasar de la denuncia a la evaluación. De ampliar el repertorio de exigencias. De vincular cada marcha con un sistema de seguimiento. De transitar del “salimos a exigir” al “nos quedamos a construir”.
Que todo el mundo salga, no impide que alguien también se quede. Que los datos incomoden. Que la conmemoración no sea solo presencia simbólica, sino una exigencia sostenida. Que el monitoreo que ya realizan colectivos se acompañe de datos duros, comparables y con sustento público. Que el Día del Peatón no se reduzca a un eslogan interpretado a conveniencia, sino a un recordatorio permanente de que los derechos no se proclaman una vez al año: se garantizan todos los días.
