Escrito por:Mtra. Itzel Hernández / Especialista en Movilidad y Espacio Público UNAM
Uno de los cometidos prioritarios de la administración federal pasada fue la reactivación del sector ferroviario como vector de desarrollo, lo que se materializó en la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Más allá de las discusiones sobre su modelo de operación o el proceso de su construcción, este proyecto marcó un hito: no solo representa una obra de infraestructura de gran magnitud en una región históricamente rezagada en este tipo de inversiones, sino que también reavivó el interés público en el uso del tren como medio de transporte de pasajeros y mercancías.
La actual administración ha asumido la tarea no solo de dar continuidad a esa visión, sino también de fortalecerla y dotarla de sostenibilidad institucional mediante la consolidación de una política pública ferroviaria. Este esfuerzo implica pasar de acciones puntuales a una estrategia nacional de largo plazo, con base normativa, institucionalidad y una visión integral del sistema ferroviario como eje del desarrollo territorial, económico y social del país.
¿Por qué impulsar al sector ferroviario?
El servicio ferroviario no solo se considera un área de interés público, sino que también actúa como catalizador del desarrollo nacional, contribuyendo directamente al crecimiento económico y al bienestar social. El incremento en el uso del tren puede detonar un dinamismo económico significativo y generar nuevos polos de desarrollo al conectar regiones que anteriormente permanecían aisladas.
El transporte de carga por ferrocarril es fundamental para las economías nacionales, ya que ofrece a las industrias clave una opción de alta capacidad a un costo considerablemente menor en comparación con el transporte por carretera. Asimismo, los trenes de pasajeros desempeñan un papel económico y social relevante, especialmente en corredores interurbanos densamente poblados o como parte de sistemas regionales de transporte integrado.
El sector ferroviario es una industria con un alto potencial de derrama económica y generación de empleos directos e indirectos. Sin embargo, persiste el reto de aprovechar plenamente estas oportunidades. En México existen sectores industriales con la capacidad de integrarse y aportar al desarrollo ferroviario, y que, a su vez, podrían beneficiarse de su crecimiento, generando un efecto multiplicador que impulse de manera sostenida la economía nacional.
A su vez, la expansión y revitalización de la red ferroviaria tiene el potencial de transformar la geografía de una región, como en el caso de Skåne, Suecia, donde el desarrollo de los servicios ferroviarios ha tenido un fuerte impacto en el mercado inmobiliario, incrementando sustantivamente el valor de las propiedades cercanas a las estaciones y promoviendo actividades comerciales en ciudades más pequeñas.
¿Cómo se ha logrado en otros países la consolidación del sector ferroviario?
La experiencia internacional demuestra que la consolidación del sector ferroviario no depende únicamente de inversiones en infraestructura, sino de un marco institucional y de una gobernanza sólida. Un análisis del Banco Mundial plantea dos modelos de gestión del sector ferroviario. Por un lado, a partir del estudio de ocho países con industrias ferroviarias consolidadas (Australia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia, Japón y Rusia), que concentran la mayor parte del tráfico ferroviario mundial fuera de China, se identificó un patrón común en su organización. Este modelo de “tres pilares” combina una gobernanza integrada, la clara separación de roles entre formulación de políticas y operación, y mercados regulados para garantizar competencia y calidad en el servicio.
El modelo de los tres pilares parte de una gobernanza integrada, en la que una figura como un Ministerio de Transporte coordina las políticas de todos los modos de transporte, no solo el ferroviario. Esto permite articular estrategias nacionales coherentes, equilibrar la inversión pública y garantizar la intermodalidad, creando condiciones equitativas para la competencia y la conectividad territorial.
A ello se suma la separación de roles, que distingue con claridad las funciones de formulación de políticas y regulación de aquellas relacionadas con la operación de los servicios. Este esquema evita conflictos de interés y permite que cada función sea gestionada por estructuras especializadas: las autoridades planifican y regulan, mientras que las entidades estatales o privadas se encargan de la operación.
Finalmente, estos países cuentan con mercados regulados, donde la prestación del servicio recae en múltiples operadores públicos o privados bajo la supervisión de una autoridad independiente. Esto fomenta la competencia, asegura estándares de calidad y permite separar de manera clara los servicios de pasajeros y de carga, dado que responden a necesidades de mercado y roles sociales diferentes.
En contraste, el otro modelo identificado, implementado por China, sigue un enfoque centralizado, en el que el Ministerio de Ferrocarriles concentra tanto la formulación de políticas como la operación del servicio mediante divisiones regionales. Este enfoque no promueve mercados regulados, sino una industria administrada directamente por el Estado.
La actual administración busca consolidar una política pública ferroviaria integral en México, pasando de proyectos aislados a una estrategia nacional de largo plazo con marco legal, institucionalidad y sostenibilidad.
Hacia una política pública ferroviaria en México
México ha asumido una apuesta ambiciosa. El Programa General de Nuevos Trenes de Pasajeros, estructurado en cuatro fases, busca establecer nuevas conexiones ferroviarias para aprovechar su potencial tanto en el transporte de personas como de mercancías y, con ello, fomentar el desarrollo regional a largo plazo. Las rutas contempladas incluyen AIFA–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Saltillo–Nuevo Laredo, Querétaro–Irapuato, Querétaro–San Luis Potosí, Mazatlán–Los Mochis, Irapuato–Guadalajara, Guaymas–Hermosillo, Guadalajara–Tepic, San Luis Potosí–Saltillo, Los Mochis–Guaymas, Tepic–Mazatlán y Hermosillo–Nogales. Los primeros tramos —AIFA–Pachuca y Ciudad de México–Querétaro— ya están en construcción.
Este esfuerzo de revitalización ferroviaria ha llevado a una actualización del marco legal, orientada a modernizar el sector y fortalecer la rectoría del Estado en un ámbito considerado prioritario para el desarrollo nacional. La reciente reforma a diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y otras normativas sienta las bases para un nuevo esquema de operación.
Una de las transformaciones clave es la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ampliando sus facultades en la materia. Este nuevo enfoque de institucionalidad busca corregir la fragmentación y superposición de funciones.
Entre sus atribuciones destacan la definición de especificaciones técnicas y normas oficiales mexicanas, la asistencia en la planeación estratégica del desarrollo ferroviario y la gestión de concesiones y asignaciones para la construcción y operación de las vías. También coordina con los tres órdenes de gobierno y operadores privados la modernización y ampliación de la red, promueve infraestructura multimodal para integrar pasajeros y carga, y garantiza la interconexión entre vías férreas, mediando en casos de derechos de paso.
El nuevo marco legal también clarifica los mecanismos para prestar el servicio. El Estado administrará el derecho de uso de las vías, que podrá asignarse directamente a gobiernos locales o entidades federales, o concesionarse mediante licitación pública a operadores privados. A su vez, los concesionarios estarán obligados a cumplir estándares de seguridad y calidad, contar con personal certificado y ofrecer seguros que protejan a los usuarios.
El éxito del sistema ferroviario dependerá del modelo de gobernanza adoptado, de la coordinación intergubernamental, y de su integración con otras políticas públicas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, social y territorial del país.
Una mirada a futuro
Estas medidas, respaldadas políticamente por la presidenta Sheinbaum (un factor determinante en la adopción e implementación de políticas públicas en general), junto con la definición de un plan de largo plazo, sientan las bases para una política ferroviaria en México. Con ello, se crea un entorno propicio para dar continuidad y sostenibilidad a las acciones, evitando que queden en proyectos aislados y permitiendo que el sistema ferroviario se consolide como un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Las acciones emprendidas reflejan la relevancia que el impulso a este sector tiene para la actual administración; sin embargo, es necesario evaluar su implementación más allá de la planeación. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el modelo de gestión adoptado será determinante para el futuro del sector. Por ello, resulta clave definir con claridad el rumbo que tomará México y sus implicaciones: ¿optará por un modelo centralizado, gestionado directamente por el gobierno, o avanzará hacia un esquema más horizontal, como el modelo de los tres pilares, que distribuye responsabilidades y riesgos entre distintos actores?
No obstante, persisten cuestionamientos que definirán el alcance real de esta transformación. ¿Qué condiciones permitirán una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno? Si bien parece haber alineación institucional, ¿cómo se garantizará que la expansión de la red ferroviaria se articule con otras políticas públicas y estrategias de desarrollo territorial? ¿De qué manera se fomentará la participación de diversos actores en la prestación de los nuevos servicios?
Además, será fundamental definir cómo se gestionará la interacción con la infraestructura y las operaciones de carga existentes, así como las implicaciones que tendrá esta separación para el desarrollo integral del sistema. También surge una pregunta clave: ¿cómo asegurar que el crecimiento del sector ferroviario genere oportunidades para las industrias vinculadas a este y no se limite únicamente a los empleos temporales derivados de las obras de infraestructura, sino que contribuya de manera sostenida y continua a dinamizar diferentes sectores productivos?
También surgen interrogantes en materia de desarrollo urbano: ¿qué transformaciones generará a largo plazo, no solo en la movilidad, sino también en la economía y en la estructura social de las regiones conectadas? ¿Podría impulsarse el surgimiento de nuevas ciudades intermedias y polos de desarrollo regional? ¿Qué externalidades negativas se pueden generar como resultado de la operación de líneas férreas?
Más allá de las posturas políticas y las preferencias sobre el plan ferroviario del país, queda claro que la expansión de la red y las medidas para reforzar su sostenibilidad serán objeto de análisis y debate desde distintas perspectivas. Su éxito dependerá de la capacidad de integrar estos proyectos en una visión nacional de desarrollo económico, social y territorial, aprendiendo de las mejores prácticas internacionales y adaptándolas al contexto mexicano.
Por ello, el avance hacia una política ferroviaria integral adquiere una relevancia estratégica: no se trata únicamente de ampliar la infraestructura, sino de garantizar que su impacto trascienda lo técnico para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico, social y territorial.
Aunque México llega tarde a este proceso en comparación con otros países que consolidaron su sistema ferroviario hace décadas, las reformas actuales muestran un esfuerzo por recuperar terreno, donde aprovechar las experiencias internacionales puede servir como guía para evitar errores y acelerar resultados.
De esta forma, el éxito del plan ferroviario no dependerá solo de su correcta implementación técnica y regulatoria, sino también de la capacidad del Estado para convertirlo en un proyecto de nación que trascienda administraciones. Si México logra articular una política ferroviaria integral, podría no solo modernizar su infraestructura, sino redefinir la conectividad regional, reducir desigualdades territoriales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.
