El Gobierno del Estado de Colima trabaja en la consolidación de un sistema de transporte público que garantice cobertura, frecuencias adecuadas de paso y servicio digno para la ciudadanía. A través de la Subsecretaría de Movilidad, la entidad contempla la regularización del transporte, la modernización del sistema y la renovación de la flota vehicular, con el objetivo de ofrecer un servicio que responda a las necesidades actuales de movilidad de la población.
La estrategia contempla mejorar la planeación de rutas, garantizar la cobertura y sentar las bases para que en los siguientes años se pueda implementar un sistema integrado de transporte. Para ello, la dependencia trabaja en conjunto con los concesionarios, operadores y la sociedad civil, con miras a construir un transporte más eficiente, seguro y accesible.
En entrevista para Pasajero7, Blanca Ciria Ballesteros Uribe, subsecretaria de Movilidad de Colima, detalla los avances que se han logrado y los retos que persisten en materia de cobertura, regularización y modernización del transporte público en el estado.
Colima prioriza la cobertura y la frecuencia de paso como ejes centrales para garantizar el derecho a la movilidad, con énfasis en un servicio accesible y seguro.
¿Cuál es el principal objetivo que persigue actualmente la Subsecretaría de Movilidad de Colima en materia de transporte público?
El eje central de nuestro trabajo es garantizar la cobertura y las frecuencias de paso para toda la población usuaria del transporte público. Esto significa que las personas puedan contar con un servicio accesible, con tiempos de espera razonables y rutas que realmente conecten sus lugares de origen con sus destinos cotidianos, ya sea trabajo, escuela o servicios.
Nos interesa que el transporte no sea una carga ni un obstáculo, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de las y los colimenses. Por eso trabajamos en un modelo que priorice la movilidad de las personas por encima del vehículo, con enfoque de equidad y sostenibilidad.
En este esfuerzo, ¿cómo están abordando la cobertura en zonas donde el servicio aún es insuficiente?
Estamos realizando un diagnóstico integral para identificar las zonas que actualmente tienen baja cobertura o frecuencias inadecuadas. En algunos municipios se ha detectado que hay rutas con saturación y otras con muy baja demanda, por lo que estamos analizando cómo equilibrarlas.
También hemos avanzado en convenios con los municipios para fortalecer la coordinación, porque la movilidad no se resuelve desde una sola oficina. Buscamos que el transporte llegue a más comunidades y que las unidades operen bajo criterios de eficiencia y seguridad, y que respondan a las necesidades de los usuarios que solo tienen el transporte público como opción para llegar a sus destinos.
¿Qué avances se han logrado en la planificación de rutas y operación del servicio?
Se han identificado las rutas que necesitan ajustes en cobertura y frecuencia, y se está trabajando en analizar cómo equilibrarlas. La meta es que el transporte funcione de manera ordenada y que las personas puedan trasladarse sin largos tiempos de espera ni rutas ineficientes.
El enfoque actual se centra en actualizar el modelo operativo de rutas y gestionar la coordinación con los concesionarios, garantizando cobertura, frecuencia y servicio confiable.
¿Qué retos enfrentan para cumplir con estos objetivos?
El mayor reto es lograr que el transporte llegue a todos los lugares donde se necesita y que las frecuencias sean suficientes para cubrir la demanda. También buscamos que el sistema sea confiable y transparente, y que la población recupere la confianza en el transporte público.
¿Cómo participan los concesionarios en este proceso?
Los concesionarios son actores importantes. Para garantizar que el sistema funcione correctamente, es necesario que cumplan con los lineamientos y requisitos legales. La coordinación con ellos permite que las decisiones sobre rutas y frecuencias se tomen de manera conjunta y que el transporte funcione mejor para todos.
¿Qué retos enfrentan para consolidar este nuevo modelo de transporte?
El principal reto es mantener el equilibrio entre cobertura, calidad y sostenibilidad económica del sistema. Mejorar frecuencias o ampliar rutas implica mayores costos operativos, y necesitamos encontrar mecanismos que permitan sostener el servicio sin afectar a los usuarios ni a los concesionarios.
Además, seguimos trabajando para que la ciudadanía vea al transporte público como una opción real y confiable. Recuperar la confianza es clave, y eso solo se logra con un servicio ordenado, moderno y puntual.
¿Cómo se están asegurando de que el enfoque social esté presente en estas políticas?
Desde el diseño de cada acción. Nuestro enfoque es garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad. No queremos que nadie se quede sin transporte por falta de opciones o por vivir en zonas alejadas.
Por eso trabajamos con perspectiva de género, accesibilidad y sustentabilidad. La movilidad es un derecho humano, y nuestro deber es traducirlo en políticas concretas que beneficien a las personas.
A poco más de dos años de que concluya la actual administración, el gobierno de Colima ha establecido como prioridad sentar las bases para la mejora del sistema de transporte público, con el objetivo de que en los próximos años se pueda avanzar hacia un Sistema Integrado de Transporte Regional, tal como lo contempla la Ley de Movilidad del estado.
Asimismo, Blanca Ciria Ballesteros Uribe explica que, por el momento, no se cuenta con un presupuesto destinado a la renovación de unidades ni a la incorporación tecnologías, pero sí se trabaja en definir los criterios y estructuras operativas que permitirán, en el futuro, implementar un sistema más eficiente, ordenado y enfocado en las necesidades de la población.
El enfoque actual se centra en actualizar el modelo operativo de rutas y gestionar la coordinación con los concesionarios, garantizando cobertura, frecuencia y servicio confiable, mientras se establecen las condiciones necesarias para que, eventualmente, el Sistema Integrado de Transporte funcione plenamente, con un marco jurídico sólido que permita consolidar mejoras sostenibles en la movilidad del estado.
