Con 430 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que obliga a los municipios a garantizar cajones de estacionamiento accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. Esta medida busca eliminar barreras que dificultan su autonomía y acceso a espacios públicos.
El dictamen, que ahora pasará al Senado para su análisis, añade un párrafo a la fracción XVII del artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La reforma establece que las entradas a lugares públicos con estacionamiento deben contar con cajones preferenciales, ubicados lo más cerca posible a los accesos principales y debidamente señalizados. Además, obliga a que las nuevas construcciones garanticen estas condiciones desde su diseño.
Un paso hacia la inclusión
La diputada Patricia Mercado Castro (MC), presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que esta reforma busca mejorar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. “Representa un ajuste razonable que contribuirá a la progresividad en la adecuación de los espacios públicos, permitiendo avanzar hacia una movilidad más incluyente y accesible”, puntualizó.
Sin embargo, expertos en movilidad advierten que este tipo de medidas deben acompañarse de un esquema de vigilancia y sanciones para garantizar su cumplimiento. En México, el mal uso de los espacios reservados es una problemática persistente debido a la falta de cultura vial y supervisión.
Datos que respaldan la urgencia de la reforma
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 la población de cinco años y más con discapacidad ascendió a 8.8 millones de personas, de las cuales el 53.5% son mujeres. Entre las principales dificultades que enfrentan en sus actividades diarias se encuentran caminar y desplazarse en espacios públicos.
A pesar de que el derecho a la movilidad está garantizado en el artículo 4º de la Constitución, la realidad es que millones de personas continúan encontrando barreras para desplazarse de manera autónoma. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece la accesibilidad universal como un derecho, pero su implementación sigue siendo deficiente.
Posturas y debate en el pleno
Durante la discusión, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) propuso modificar el dictamen para establecer la obligatoriedad de las autoridades de aplicar los criterios de disposición de los cajones de estacionamiento. No obstante, la propuesta fue rechazada.
Por su parte, la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) señaló que “la accesibilidad no es un privilegio ni un favor, sino un derecho humano”. Enfatizó que la falta de infraestructura adecuada excluye a millones de personas de su derecho a la movilidad.
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) respaldó la reforma y recordó que presentó una iniciativa similar en el pasado. “Esta medida es una oportunidad para brindar un México más accesible y solidario, en donde la inclusión sea una realidad”, declaró.
Desde el PVEM, la diputada Mayra Espino Suárez advirtió sobre el mal uso de estos espacios y la falta de respeto por parte de los automovilistas. “El mal uso de los estacionamientos reservados viola gravemente los derechos de las personas con discapacidad y pone en riesgo su integridad”, alertó.
El diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) destacó que la reforma es un paso fundamental en la justicia social. “No solo es un cambio a la ley, sino un compromiso con la inclusión, la seguridad y la dignidad de millones de personas”, afirmó.
Finalmente, el diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) enfatizó que esta modificación es solo el inicio de una serie de ajustes normativos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Es crucial que las leyes sean realmente vinculantes y que se generen mecanismos para garantizar su cumplimiento”, subrayó.
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La aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados representa un avance en materia de accesibilidad, pero el reto real será su implementación efectiva. Sin una estrategia clara de supervisión y sanciones, el problema del acceso a los espacios públicos para personas con discapacidad podría seguir siendo una deuda pendiente.
