En muchas ciudades de México, el fenómeno de los “mostrencos” —objetos, estructuras o vehículos abandonados en la vía pública— se ha convertido en un grave problema de obstrucción de calles. Tanto en las áreas peatonales (banquetas) como en la cinta asfáltica, el problema se agrava porque estos elementos no respetan zonas destinadas a maniobras, espacios para personas con discapacidad, bahías o paradas de autobuses. Simplemente, no hay espacio que dejen sin ocupar.
La falta de responsabilidad por parte de los propietarios y la ausencia de políticas públicas efectivas para erradicar estas prácticas han generado consecuencias negativas para la movilidad, la seguridad y el acceso al espacio público. Un ejemplo claro es que en diversas colonias y barrios el uso del espacio público se ha vuelto un territorio adicional para quienes habitan o trabajan en las calles. A ello se suma la presencia de los franeleros —o comúnmente llamados viene viene—, quienes agravan el problema al apartar espacios con llantas, cubetas, huacales o basura, como cajas de cartón o cualquier objeto voluminoso que les permita reservar un sitio a su beneficio.
Aunque recientemente se realizaron modificaciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para desincentivar esta práctica, habrá que esperar para saber si dichas medidas dan resultados o si, una vez más, se habrá legislado al vacío.
La proliferación de mostrencos en calles y banquetas refleja un grave vacío legal y de responsabilidad tanto de autoridades como de ciudadanos, afectando la movilidad, la seguridad y el derecho al espacio público.
¿Qué son los mostrencos?
En el contexto urbano, los mostrencos suelen referirse a objetos que ocupan la vía pública sin autorización, tales como anuncios publicitarios, automóviles abandonados, puestos informales, muebles viejos, escombros o cualquier otro elemento que no pertenece al espacio público. También debe mencionarse que señalamientos, materiales de construcciones temporales y el comercio callejero contribuyen a esta problemática. Todos estos elementos obstaculizan el paso de peatones y vehículos, permanecen largos periodos de tiempo y, lo más preocupante, es la ausencia de acciones sancionadoras, lo que pareciera convertir esta práctica en un supuesto derecho para quienes se benefician de ella. En realidad, nadie se responsabiliza por estos objetos.
Consecuencias de la obstrucción de calles
Generación de accidentes. Los mostrencos dificultan la visibilidad y el tránsito, lo que provoca colisiones, atropellamientos, embotellamientos y otros incidentes viales.
Limitación de la movilidad. Todas las personas se ven restringidas en su derecho a moverse de forma libre y segura, afectando particularmente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños, quienes ven limitado su acceso y desplazamiento, con impacto directo en su calidad de vida.
Privatización del espacio público. La ocupación ilegal convierte espacios comunes en áreas de uso particular, erosionando el sentido de comunidad y el acceso equitativo a las ciudades. En los últimos años, esta práctica se ha vuelto tan grave — con la aparente licencia o permiso de las autoridades— que cada vez son menos los puntos realmente libres. En contraste, las zonas privilegiadas por su poder económico, como la Condesa, Polanco, Lomas de Chapultepec, el Pedregal o Santa Fe, entre otras, gozan de estos beneficios.
Falta de responsabilidad y vacío legal
Un aspecto preocupante es que nadie se hace responsable por los mostrencos. Las autoridades suelen argumentar que es imposible apercibir a las personas; sin embargo, en la práctica, muchas veces optan por ignorar el problema, mientras que la ciudadanía considera que no le corresponde intervenir.
Tampoco existen planes o políticas públicas claras, eficientes y con recursos suficientes para eliminar estas malas prácticas sociales, lo que perpetúa el ciclo de abandono y ocupación ilegal que afecta a todos sin control.
La falta de un capítulo específico en materia de movilidad que atienda este problema —tan visible y cotidiano— evidencia que los especialistas muchas veces no conocen la realidad de la calle: la planeación se limita al escritorio. Sería útil adoptar metodologías de otros países donde la participación activa de las autoridades y la aplicación efectiva de la ley no representan un desafío.
Además, en los barrios con mayores índices de inseguridad la situación se agrava, pues las normas simplemente no se aplican. Un claro ejemplo se encuentra en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, donde gran parte de los habitantes se dedican directa o indirectamente al manejo de desechos y materiales reciclables, utilizando el espacio público como zona de trabajo y almacenamiento. En estos sitios, la contaminación, la ocupación y el manejo inadecuado de residuos se realizan de forma irresponsable, generando beneficios económicos individuales a costa del entorno común.
El reto de las políticas públicas
Hasta el momento, las políticas públicas para combatir la obstrucción de calles por mostrencos han sido insuficientes o inexistentes. La falta de coordinación entre dependencias, la escasez de recursos y la ausencia de campañas de concientización han dejado el problema sin solución.
Es fundamental que los gobiernos municipales y estatales desarrollen estrategias integrales que incluyan sanciones efectivas, incentivos para el retiro voluntario y mecanismos de denuncia ciudadana. En el caso de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, ya se habla de sanciones administrativas que pueden implicar arrestos de hasta 36 horas o multas económicas. No obstante, en la práctica, la corrupción se ejerce sin pudor alguno.
La corrupción, ese cáncer social que afecta a todo el país, juega un papel determinante para que esta práctica de ocupar el espacio con objetos o bienes estorbosos se agudice día con día. Si a ello se suma la participación de quienes “gobiernan” las calles —y se benefician directamente de esta situación—, el problema se perpetúa con una base social que les permite mantenerse como intermediarios entre los ciudadanos, los municipios y las dependencias de gobierno.
La presencia de mostrencos en las calles refleja, en última instancia, una crisis de responsabilidad social y de gobernanza urbana. Para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad y movilidad de todos, es urgente promover una cultura de respeto hacia la ciudad, los pueblos y las comunidades, además de exigir a las autoridades acciones concretas. Solo así se podrá erradicar la privatización ilegal del espacio público y devolver a las calles su función social y colectiva.
La corrupción y la falta de políticas públicas integrales agravan el problema, permitiendo la privatización ilegal del espacio urbano y perpetuando la desigualdad en el acceso a la ciudad.
