Hablar de transporte público en México es hablar de uno de los servicios más sensibles y estratégicos para la vida urbana. Cada día, millones de personas confían en que una red de autobuses, trenes y corredores troncales los lleve a su destino con seguridad, accesibilidad y puntualidad. Pero detrás de cada viaje hay una estructura legal que lo hace posible: leyes, reglamentos, títulos de concesión y reglas operativas que, más allá de su tecnicismo, son el cimiento que da estabilidad y certidumbre a todo el sistema.
La legalidad en el transporte público no es solo un requisito técnico, sino una herramienta esencial para garantizar el derecho humano a la movilidad segura, accesible y sostenible.
Durante muchos años, el marco jurídico del transporte público fue visto como un asunto accesorio, más administrativo que estratégico. Sin embargo, la evolución del sector —con nuevos modelos de operación, sistemas BRT, electromovilidad y políticas de seguridad vial— ha demostrado que la legalidad no solo regula la operación: la legítima y la hace sostenible. Sin un andamiaje normativo sólido, no hay inversión que resista ni servicio que perdure.
El derecho a la movilidad: un mandato constitucional
Desde la reforma al artículo 4° constitucional, la movilidad dejó de ser un asunto de infraestructura o transporte y se convirtió en un derecho humano. Esto significa que mover personas no es solo un servicio público, sino una obligación del Estado y de sus operadores para garantizar seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad e igualdad.
En consecuencia, cada concesionario o empresa operadora forma parte de un entramado jurídico que va más allá del contrato con la autoridad. La operación diaria de un autobús, el mantenimiento de la flota, la accesibilidad de una unidad o la capacitación de un conductor son actos que dan cumplimiento a un derecho constitucional.
Un vehículo que no ofrece accesibilidad a una persona con discapacidad, por ejemplo, no representa solo una deficiencia técnica: constituye una omisión que vulnera derechos humanos.
Comprender esta dimensión es esencial para los directivos del transporte público. La legalidad no es un obstáculo, sino una herramienta para hacer valer principios de equidad, seguridad y justicia social en la movilidad urbana.
De la norma al compromiso: la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) marcó un punto de inflexión. Su promulgación en 2022 fue una respuesta a una demanda histórica de la sociedad civil, operadores y especialistas: contar con un marco nacional que homologue criterios, priorice la seguridad de las personas y establezca una jerarquía de usuarios donde el peatón y el ciclista ocupen el primer lugar.
Para las empresas concesionadas, esta ley significa más que nuevas obligaciones: representa una oportunidad para profesionalizar la operación, fortalecer la cultura vial y reducir los riesgos que, durante años, afectaron la imagen del transporte público.
Cada decisión operativa —desde la velocidad promedio hasta la supervisión de la jornada de un conductor— ahora tiene implicaciones legales directas. Los indicadores de siniestralidad o capacitación son, al mismo tiempo, indicadores de cumplimiento.
Esta visión exige un cambio cultural dentro del sector. El cumplimiento normativo no es un trámite para evitar sanciones, sino una práctica de gestión responsable que protege vidas, fortalece reputaciones y da continuidad al negocio. En un entorno donde la movilidad se concibe como derecho humano, la ley es también una herramienta de liderazgo y confianza pública.
La concesión: un pacto de corresponsabilidad
El Título de Concesión es, sin duda, el documento más relevante para cualquier empresa operadora. No es un permiso, sino un contrato público que define las reglas del juego entre la autoridad y el concesionario. En él se establecen los derechos y obligaciones que garantizan la calidad del servicio, la seguridad operativa y la transparencia en la gestión de los recursos.
El título obliga a las empresas a mantener un parque vehicular seguro y actualizado, a renovar las unidades cada diez años, a capacitar y certificar a los conductores, a cumplir con los programas de mantenimiento y a reportar indicadores de desempeño. A cambio, otorga certeza jurídica, acceso a esquemas de pago y la posibilidad de consolidar proyectos a largo plazo.
Cumplir con el Título de Concesión no es una carga burocrática; es una condición de permanencia y de legitimidad. Cada regla está pensada para garantizar que el servicio sea confiable, sustentable y competitivo. En la medida en que las empresas adopten una cultura de cumplimiento, fortalecerán su posición frente a las autoridades y ante la ciudadanía.
Las reglas que ordenan la operación
El transporte público moderno requiere de un sistema de control y medición permanente. Las Reglas de Operación, especialmente en sistemas BRT como Metrobús, representan el instrumento que traduce las leyes y concesiones en métricas concretas: puntualidad, kilómetros recorridos, mantenimiento, seguridad, atención al usuario y desempeño ambiental.
Dominar estas reglas es una forma de gestión estratégica. Cada kilómetro recorrido, cada deducción o bonificación refleja una decisión de cumplimiento. La operación disciplinada y basada en evidencia no solo mejora la rentabilidad de la empresa, sino que refuerza la confianza institucional en el concesionario como socio del Estado.
Hoy más que nunca, los concesionarios somos corresponsables de la política pública de movilidad. Nuestro papel no se limita a poner autobuses en circulación, sino a garantizar que cada viaje contribuya al cumplimiento del derecho humano a la movilidad segura y sustentable.
Conclusión: la ley como garantía del futuro
El marco jurídico vigente —desde la Constitución hasta los reglamentos locales— constituye la arquitectura que sostiene al transporte público concesionado. En un entorno donde las exigencias sociales, ambientales y tecnológicas cambian rápidamente, la ley es la única constante que brinda certeza, equidad y rumbo.
Cumplir con la ley no es una carga; es una ventaja competitiva. Nos permite planear con horizonte, invertir con seguridad y construir confianza con las autoridades y con los usuarios. En palabras simples: la ley nos da legitimidad, y la legitimidad nos da futuro.
Por eso, lo legal importa. Porque sin cumplimiento no hay confianza, sin confianza no hay movilidad, y sin movilidad no hay ciudad.
