Entre la innovación tecnológica, el espacio público, la búsqueda de soluciones integrales y la exigencia de que el Estado asuma con seriedad su responsabilidad en crear y subsanar tantos pendientes existentes, la sociedad civil organizada se presenta como el puente para coadyuvar. Sin embargo, la acumulación de poder impide escuchar y observar, lo que genera actitudes arrogantes y lentitud en la acción.
La movilidad urbana en la Ciudad de México (CDMX) y su zona metropolitana es un tema en constante cambio que refleja los retos de una gran metrópoli, donde más de 30 millones de personas buscan desplazarse de manera eficiente, libre y segura. La realidad, sin embargo, muestra tonos grises y altibajos que desmoronan sueños.
Hoy en día, el objetivo debe centrarse en que los habitantes puedan caminar, correr, andar en bicicleta o utilizar el transporte público para moverse en la ciudad, desincentivando medios tradicionales —como el automóvil— que solo saturan y resultan ineficientes en tiempo y costos. No obstante, los avances tecnológicos y la constante lucha por el espacio público han generado una serie de debates y desafíos que requieren atención inmediata.
El espacio público en la CDMX es limitado y cada vez más disputado. En la práctica, la ley del más fuerte —o, como se dice coloquialmente, “el más gandalla”— suele imponerse, lo que deja a los sectores más vulnerables en desventaja. Así, peatones, ciclistas y usuarios del transporte público compiten diariamente contra vehículos particulares y nuevos modelos de movilidad que no siempre están regulados. Esta dinámica ha propiciado que los intereses individuales prevalezcan sobre el bien colectivo, dificultando la convivencia y el orden en la ciudad. Y no podemos olvidar que abrir una puerta o cruzar una calle ya está controlado por personas que exigen dádivas. Con mayor razón, llevar una herramienta de movilidad genera gastos de todo tipo, además del peligro de ser robados o violentados. De cualquier manera, la necesidad incrementa la exigencia de pagos, ya sea mediante cuotas reguladas de servicios (estacionamientos, parquímetros, limpiaparabrisas, cuidadores, entre otros) o mediante extorsiones.
La movilidad en la CDMX enfrenta un escenario crítico: saturación, falta de planeación integral y ausencia de regulación efectiva tanto en modelos tradicionales como en nuevas alternativas de transporte.
En los últimos años, la intervención del Estado mexicano en la movilidad urbana se ha reducido principalmente a la proyección y resguardo de grandes obras de infraestructura. Muchas veces, estas obras se realizan solo para dejar huella o como trampolín hacia ambiciones de poder, aunque en teoría el propósito debería ser evitar el colapso de la ciudad ante el aumento constante de la demanda, producto del crecimiento poblacional, las distancias y la lentitud en los traslados. Esto ha provocado una gran saturación, al grado de que no existe rincón que no refleje las necesidades de movilidad. Incluso los vehículos abandonados representan un problema para todos en la pirámide de movilidad. A ello se suma la gran cantidad de actividades informales que ocupan las calles, lo que satura aún más el espacio, siempre limitado, ya sea con huéspedes de años o de paso. Cruel es también que las propias marchas o manifestaciones generen caos por falta de coordinación, o que cientos de vendedores ambulantes obstruyan la circulación. En resumen, cada día se presenta una derrota, ya que las soluciones planteadas no alcanzan a cubrir las necesidades reales, ni a corto ni mucho menos a largo plazo.
Además, los proyectos suelen quedarse cortos en cuanto a integración y conectividad con otros modos de transporte, lo que limita su efectividad y alcance. Lo peor es que, cada vez que llega un nuevo funcionario, se pierde más tiempo y dinero en deshacer o modificar los cambios impulsados por su antecesor. Ejemplos de esta situación se observan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que se aleja cada vez más de los planes concebidos desde el cambio de siglo, o en ECOBICI, que en la actual administración no ha podido satisfacer la demanda ni cubrir las necesidades de cientos de usuarios, mostrando desgaste y falta de mantenimiento. De igual manera, otros modelos de transporte operan como negocios particulares, con escasa vigilancia y regulación por parte de las autoridades.
Ante la insuficiencia de soluciones públicas, han surgido múltiples modelos de oferta privada y alternativas como bicicletas y scooters compartidos o transporte bajo demanda. Aunque buscan atender necesidades de la población, en muchos casos generan nuevos problemas: vacíos legales, zonas de impunidad, descontrol y factores de riesgo para los usuarios. Sin una regulación clara y una planeación integral, estas alternativas pueden terminar complicando aún más la movilidad y la convivencia urbana, sobre todo en sectores donde predomina la terquedad y la resistencia a tener reglas.
El futuro de la movilidad dependerá de la capacidad de autoridades y sociedad para coordinarse, integrar sistemas y priorizar el bien colectivo sobre los intereses individuales.
En este contexto, los proyectos de transporte público elevado —como teleféricos, trolebúses, metrobuses y trenes ligeros— han sido de los pocos que han mostrado avances y resultados tangibles en los últimos gobiernos. Sin embargo, la falta de conectividad efectiva con otros medios de transporte limita su potencial e impide la creación de un sistema verdaderamente integrado y funcional. Las conexiones entre distintos modos de movilidad suelen ser deficientes, generando “pendientes” en la planeación que aún carecen de solución clara y de un futuro prometedor. Peor aún, el primer y último tramo del viaje debe ser ya considerado como un tema de justicia social en las urbes.
La movilidad en la CDMX enfrenta retos complejos y cambiantes. La combinación de avances tecnológicos, disputas por el espacio público, participación limitada del Estado y nuevas ofertas de movilidad han generado un escenario donde las soluciones integrales son urgentes pero difíciles de alcanzar. El futuro de la movilidad urbana en la ciudad dependerá de la capacidad de autoridades y sociedad para crear políticas públicas efectivas, promover la inclusión y lograr una verdadera coordinación entre los distintos modos de transporte, privilegiando siempre el interés colectivo sobre el individual.
