En México, el 10% más rico de la población emite diez veces más gases de efecto invernadero que la mitad más pobre: 20 toneladas frente a 1.9 toneladas per cápita cada año (Chancel et al., 2021). Esta desigualdad se hace evidente en la movilidad, donde el uso de jets privados, yates y automóviles de alta gama multiplica la huella de carbono de una minoría. Y, sin embargo, mientras el debate público se concentra en electrificar autobuses o subsidiar el transporte colectivo, casi nadie se atreve a preguntar lo esencial: ¿por qué quienes más contaminan no pagan un impuesto proporcional a su impacto?
(Estimaciones del autor con datos de la SEMARNAT-INECC, 2023). En los hogares de mayores ingresos, el consumo energético y el uso del automóvil representan hasta 20% de sus gastos totales (INEGI, 2022).
La dimensión económica de este mercado no es menor. De acuerdo con Grand View Research, el mercado mexicano de yates generó 148.6 millones de dólares en ingresos en 2023 y se proyecta que alcance 181.9 millones para 2030, con un crecimiento anual compuesto de 2.9%. El segmento de superyates es el más consolidado, mientras que los yates deportivos muestran el mayor dinamismo. En cuanto a la aviación ejecutiva, México ocupaba en 2019 el tercer lugar mundial con 1,439 aeronaves, de las cuales 974 eran jets privados. Para 2022 la flota general creció a 1,705 aeronaves, de las cuales 347 estaban disponibles para chárter (Thomas, 2022; Flyflapper, 2022). En el sector automotriz, entre 2015 y 2022 se vendieron 3,192 vehículos catalogados como de lujo (INEGI, 2025). Aunque pueda parecer un número reducido frente al mercado total, su huella ecológica es enorme: un solo viaje en jet privado puede generar en horas lo que una persona de bajos ingresos emite en varios meses.
Lo más preocupante es que, incluso con ingresos altos, la conciencia ambiental no se traduce en cambios profundos de comportamiento. El estudio Net Zero Citizen (ICM, 2024) muestra que entre quienes ganan más de 111 mil pesos mensuales, el cuidado ambiental suele ser tardío y superficial: para algunos, “ser amigable con el ambiente es muy costoso”, y para otros se reduce a acciones simbólicas como separar residuos o usar menos electricidad, mientras persiste una dependencia estructural del transporte privado. Esta paradoja se refleja con claridad en la movilidad: los sectores de altos ingresos reconocen que el transporte público ayuda a reducir la contaminación, pero lo evitan por considerarlo inseguro e incómodo, optando por automóviles particulares, muchas veces camionetas grandes, en nombre del confort y la seguridad familiar. Aunque muestran interés por vehículos híbridos o eléctricos, predominan los frenos de costo, practicidad e infraestructura, y lo mismo ocurre con los viajes aéreos, vistos como inevitables aun sabiendo que no son sostenibles y justificando su frecuencia con la idea de que “el avión volará de todos modos”. Muy pocos conocen o confían en mecanismos de compensación de carbono, lo que confirma que el poder adquisitivo, por sí solo, no garantiza responsabilidad ambiental.
El vacío fiscal amplifica esta desconexión. Hoy en día México no cuenta con un esquema integral que grave específicamente al transporte de lujo. Existen impuestos generales, como el IEPS en combustibles o el ISAN en automóviles, pero ninguno está diseñado para capturar la desigualdad de emisiones. La consecuencia es doble: se desaprovecha un potencial recaudatorio que podría financiar movilidad sustentable, y se refuerza la inequidad, porque quienes menos contaminan enfrentan regulaciones más estrictas mientras que quienes concentran emisiones de lujo permanecen sin un marco fiscal diferenciado.
El marco jurídico ya ofrece bases sólidas para avanzar. El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la movilidad es un derecho humano y que las políticas deben priorizar primero a peatones, después a usuarios de transporte público y, al final, a los automóviles privados, de acuerdo con sus emisiones. De manera similar, el artículo 4 de la Ley de Movilidad del Estado de México manda jerarquizar la movilidad bajo criterios ambientales. En toda la Megalópolis (CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro) existen leyes de cambio climático y movilidad sustentable que promueven transporte público eficiente, electrificación, ciclovías y un modelo urbano compacto.
La Constitución de la CDMX incluso obliga a reducir emisiones mediante ciudad compacta, transporte colectivo y vehículos de cero emisiones. El Código Administrativo del Estado de México (arts. 5.2 y 5.15) exige que la planeación urbana y del transporte incorpore criterios de adaptación al cambio climático. Es decir, la arquitectura legal está ahí, pero no se ha usado para cuestionar ni gravar el transporte suntuario. Es incoherente que, mientras la norma ordena “minimizar la huella ecológica”, los autos de alta gama, los jets privados y los yates sigan fuera de toda obligación fiscal ambiental.
La experiencia internacional muestra que sí es posible corregir esto. Alestig et al. (2024) han propuesto medidas como prohibir los bienes de lujo de altas emisiones o aplicar gravámenes punitivos de hasta 90% para desincentivar su consumo. En Europa ya existen tasas especiales sobre la aviación ejecutiva y, en Francia, se discute la prohibición de vuelos privados cortos (Latona y Jessop, 2025; Willsher, 2025). Estas medidas buscan no solo reducir emisiones, sino enviar un mensaje cultural: en un contexto de emergencia climática, los lujos desmedidos son inaceptables.
México podría convertirse en pionero regional si decide enfrentar el tema de forma seria. No se trata de castigar el éxito económico, sino de corregir externalidades: quien más contamina debe pagar más. Esto no es una aspiración aislada: el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece como eje central el desarrollo sustentable, la transición energética y la electrificación del transporte, planteando explícitamente la necesidad de alinear la política fiscal con la justicia social y climática (Gobierno de México, 2025). En ese marco, la creación de un impuesto ambiental progresivo al transporte de lujo no solo es viable, sino coherente con los objetivos oficiales de reducir desigualdades y garantizar prosperidad compartida.
Para lograrlo, es necesario:
1. Diseñar un impuesto progresivo a los vuelos privados, calculado según la distancia recorrida y el número de pasajeros, de modo que los trayectos más cortos y frecuentes paguen la tasa más alta.
2.Crear un gravamen diferenciado para automóviles de lujo, no solo en función de su precio de mercado, sino de sus emisiones por kilómetro recorrido y su cilindrada.
3. Establecer derechos portuarios verdes para yates y embarcaciones recreativas, con tarifas crecientes según el tamaño, tipo de combustible y frecuencia de uso anual.
4. Incorporar cláusulas de movilidad sustentable en la legislación fiscal existente, de modo que el IEPS y otros impuestos ya vigentes incluyan categorías específicas para bienes suntuarios de alto impacto ambiental.
5. Desarrollar un padrón nacional de transporte de lujo, público y transparente, que registre emisiones, ubicación, frecuencia de uso y montos recaudados.
6. Canalizar los ingresos recaudados a un fondo exclusivo de movilidad sustentable, con destino claro: electrificación del transporte público, infraestructura ciclista y subsidios a usuarios vulnerables.
7. Aplicar un esquema de “quien más contamina, más paga” para la tenencia, elevando el impuesto anual de propiedad en función de emisiones certificadas, y no solo del valor comercial.
8. Impulsar acuerdos de cooperación con aeropuertos, marinas y agencias automotrices, para facilitar la fiscalización en puntos de venta, registro y operación.
9. Aprovechar los marcos legales ya vigentes en la Megalópolis, donde se reconoce la movilidad como derecho humano y se establece la obligación de reducir emisiones, y extender este principio a nivel nacional para que los lujos también estén sujetos a esa jerarquía normativa.
10. Acompañar la medida con campañas de comunicación pública, explicando cómo estos impuestos no buscan castigar la riqueza, sino corregir externalidades y financiar bienes públicos colectivos.
La discusión forma parte de un marco internacional más amplio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y el Pacto por el Futuro (ONU, 2024) llaman a reducir desigualdades y frenar excesos que amenazan a las próximas generaciones. En ese contexto, gravar el transporte de lujo no es solo una necesidad nacional, sino una responsabilidad compartida.
La transición hacia un sistema fiscal ambiental justo no será sencilla, pero posponerla perpetúa la inequidad: quienes más contaminan siguen sin aportar en la misma medida que generan impactos. México ya cuenta con leyes que reconocen la movilidad como un derecho humano y la obligación de reducir la huella de carbono de las ciudades. El desafío es aplicar esos principios de manera efectiva. En tiempos de crisis climática, gravar el lujo que contamina es un paso indispensable hacia la justicia.
