Aunque los autobuses eléctricos ofrecen ventajas como menor mantenimiento, mayor eficiencia y reducción de emisiones, su implementación en el transporte concesionado enfrenta desafíos económicos y operativos.
La electromovilidad es un sector en crecimiento en México que seguirá avanzando en los próximos años, por lo que el gobierno mexicano ha establecido metas ambiciosas para su aumento en la movilidad del país.
Sin embargo, es necesario tener claro que, cuando se trata del transporte público concesionado, el desarrollo de la electromovilidad resulta inviable sin el apoyo gubernamental.
Primero, habría que definir la diferencia entre transporte público gubernamental y transporte público concesionado. En las principales ciudades del país, las autoridades no tienen la capacidad de llegar a todos los rincones donde habita la gente para trasladarla desde ese punto hasta su destino final, que puede ser su centro de trabajo, su escuela, un centro comercial o la casa de un familiar.
En la lógica gubernamental, lo más viable es construir infraestructura para que el transporte público pueda atender a la mayor cantidad de población en rutas definidas, generalmente lineales, que van hacia las zonas con mayor demanda. Esa es la lógica de transportes como el Metro, el Metrobús, el trolebús y otros.
La lógica del concesionario es otra: parte de acceder a los sitios donde hay demanda, por difíciles y lejanos que estén, para trasladar a la población hacia sus destinos finales o hacia otros transportes masivos que los conduzcan a ellos.
En el transporte público gubernamental, las tarifas son reducidas porque el objetivo es trasladar al mayor número posible de usuarios al menor costo posible, por lo que el precio real de ese traslado se subsidia y se paga con los impuestos de todos.
No ocurre lo mismo con el transporte concesionado, aunque las autoridades lo condicionan para que así lo parezca, fijando una tarifa igual o similar a la del transporte gubernamental, pero sin subsidio de ningún tipo. Entonces, el concesionario lleva toda la carga: comprar los vehículos a crédito, darles mantenimiento, lavarlos diariamente, pagar a los conductores y asumir muchos otros gastos que deben cubrirse con una tarifa insuficiente.
Por ello, cuando se trata de transporte eléctrico, destinarlo al transporte concesionado sin apoyo gubernamental resulta inviable. Inicialmente, porque el costo de un autobús eléctrico equivale aproximadamente al de dos autobuses a diésel.
Además, mientras los autobuses a diésel cargan combustible en unos minutos, los eléctricos necesitan varias horas para recargar completamente sus baterías. También se requiere una infraestructura especializada y costosa para instalar electrolineras en los patios de servicio o de resguardo de las unidades.
Más aún, la mayoría de los transportes concesionados no cuentan con patios de servicio o de resguardo; en su lugar, los estacionan en terrenos baldíos, bajo puentes, y les dan mantenimiento en la vía pública. ¿Cuántas veces el lector ha visto transportistas lavando sus unidades estacionadas en calles que mantienen controladas?
No lo hacen porque quieran, sino porque carecen de la infraestructura adecuada para dar mantenimiento a sus unidades.
¿Qué otras desventajas tienen las unidades eléctricas? Poseen una autonomía menor que los autobuses convencionales, generan más emisiones en su fabricación que los vehículos de gasolina o diésel, y la extracción de materias primas para las baterías, como el litio, el cobalto y el níquel, tiene un impacto ambiental negativo.
Adicionalmente, el costo de sustitución de las baterías al final de su vida útil puede representar hasta la mitad del valor actual de la unidad.
No obstante, ¿cuáles son sus ventajas? Tienen menos piezas móviles y fluidos, lo que reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de mantenimiento. Los motores eléctricos son más eficientes, lo que disminuye las pérdidas de energía y maximiza la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. No emiten CO2 a la atmósfera, reduciendo así la huella de carbono global. Además, son más silenciosos y representan grandes ahorros en costos de operación, principalmente en combustible, impuestos, verificación e incentivos fiscales.
En resumen, la electromovilidad seguirá avanzando, pero no será viable sin apoyo gubernamental, como el pago del servicio por kilómetro recorrido, en lugar de condenarlo al pago de la tarifa, lo que tarde o temprano significaría la decadencia económica de las empresas de transporte que, con mucho esfuerzo, lograron migrar de hombres-camión a sociedades mercantiles.
La electromovilidad en el transporte público concesionado es inviable sin apoyo gubernamental, debido a los altos costos de los autobuses eléctricos y a la necesidad de infraestructura especializada.
