La transición hacia la electromovilidad en el transporte público mexicano debe construirse con una base sólida de industria nacional, acompañamiento gubernamental y condiciones financieras realistas, advirtió Jesús Padilla Zenteno, presidente de Grupo CISA, durante su participación en el III LAC E-Mobility Salon.
El directivo subrayó que México no puede electrificarse de manera acelerada sin considerar la capacidad de su infraestructura, la disponibilidad de espacio urbano, la política pública vigente y el acceso al financiamiento. “La electromovilidad tiene que avanzar al ritmo que el país puede sostener”, afirmó, al tiempo que llamó a visibilizar y respaldar a las empresas mexicanas del sector para generar empleo e incentivar la inversión interna.
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Padilla sostuvo que, aunque el mercado está dominado por marcas extranjeras, principalmente chinas, es indispensable apostar por la integración nacional, aun cuando las compañías mexicanas se encuentren en una etapa de desarrollo. Para ello, dijo, los operadores requieren el acompañamiento de las autoridades, ya que asumir solos los riesgos de la transición limita su viabilidad.
Uno de los principales desafíos, explicó, es la infraestructura: no solo por los altos costos de instalación, sino por la falta de espacio físico, especialmente en la Ciudad de México. Alertó que, cuando la flota eléctrica crezca, no habrá sitios suficientes para resguardar cientos de autobuses, lo que obligará a enviarlos a zonas alejadas.
En contraste, los estados cuentan con mayor disponibilidad territorial, pero enfrentan una severa limitación presupuestal. Por ello, el empresario consideró indispensable que el gobierno federal participe con recursos significativos —estimados en al menos 100 mil millones de pesos— para evitar impactos negativos en la movilidad, el medio ambiente y la economía.
Finalmente, Padilla señaló que los operadores esperan de los vehículos eléctricos no solo tecnología avanzada, sino un servicio integral que incluya mantenimiento eficiente, atención posventa y una política pública que entienda las realidades operativas de cada ciudad.
