A tres años de que Coahuila quedó obligado a armonizar su legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el estado continúa sin avances sustantivos. El diagnóstico más reciente —que evalúa 10 ejes y 57 criterios— coloca a la entidad con apenas tres puntos cumplidos, uno de los resultados más bajos del país. Para organizaciones ciudadanas, este rezago se traduce en calles inseguras, infraestructura deficiente y un riesgo permanente para quienes caminan, pedalean o usan el transporte público.
El colectivo Transporte Digno Saltillo advierte que la falta de actualización legislativa mantiene en pausa medidas urgentes para ordenar las vialidades y reducir muertes prevenibles. Marco Polo Hernández, integrante del colectivo, señaló que el Congreso local ha dejado de lado obligaciones clave que podrían transformar la manera en que se diseñan y operan las calles.
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“Principalmente la aplicación por obligatoriedad de la norma 004 SEDATU 2023”, subrayó. Esta norma establece criterios técnicos para construir vialidades seguras que prioricen a peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público. El lineamiento, recuerda, plantea que las calles deben ser la base de un sistema de movilidad que reduzca traslados innecesarios de personas, bienes y mercancías.
Otro punto crítico es la señalización vial, regulada por la NOM-034-SCT2-SEDATU-2022, la cual —según Hernández— no se aplica adecuadamente en el estado. “La señalización… a veces cada quien la hace como se le da Dios a entender”, dijo, y criticó que incluso autoridades utilicen términos incorrectos. “No es señalética. La señalética es para identificar mi restaurante. La señalización debe ser universal y autoexplicable”, insistió.
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La norma federal establece que toda señalización debe:
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Delinear las características geométricas y de operación de las vías.
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Identificar elementos estructurales dentro del derecho de vía.
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Prevenir peligros potenciales y describir su naturaleza.
Para el colectivo, pacificar las calles mediante límites de velocidad acordes al entorno es otro paso urgente. Hernández recordó el reciente caso de un hombre que murió atropellado en Saltillo y criticó la respuesta oficial. “Hay un cruce peatonal y la solución de la autoridad es poner puentes antipeatonales. No. Lo correcto es diseñar infraestructura para que las personas crucen a nivel de piso”, apuntó.
La armonización también implica cambiar prácticas institucionales. El colectivo insiste en que todos los reglamentos municipales de tránsito deben actualizarse para “hablar el mismo idioma”, comenzando por el uso del término siniestro vial. “A la autoridad le espanta; dice ‘accidente’. No, no es accidente. Nunca hay un accidente, es siniestro”, remarcó.
Los datos respaldan la urgencia: los siniestros viales son la primera causa de muerte en personas de 4 a 24 años y la segunda en el rango de 25 a 44. Para el colectivo, estas cifras muestran que el Congreso local no puede seguir postergando la armonización de la ley y que los municipios deben adoptar criterios técnicos que garanticen calles más seguras y vidas protegidas.
