La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la seguridad vial y el derecho a la movilidad al validar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. El fallo, emitido el 6 de octubre de 2025, reconoce como constitucional la obligación de los automovilistas de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
El Pleno de la Corte consideró que esta medida protege la integridad de las personas usuarias de las vías y promueve la responsabilidad de quienes conducen un vehículo. “El seguro obligatorio no solo resguarda los bienes materiales, sino que representa una herramienta clave para garantizar la reparación del daño a las víctimas de hechos de tránsito”, destacaron los ministros durante la sesión.
Sin embargo, el máximo tribunal invalidó el artículo 168 de la misma ley, que contemplaba la cancelación de la licencia de conducir hasta por diez años en caso de no contar con dicho seguro. La SCJN consideró que se trataba de una sanción excesiva y desproporcionada, por lo que únicamente se mantendrá la posibilidad de imponer multas económicas a quienes incumplan la disposición.
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En contraste, el Pleno avaló el artículo 127, que suspende la licencia por un año a las personas que sean sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad. La Corte consideró que esta medida es proporcional y coherente con el objetivo de proteger la vida y la seguridad en las calles.
La resolución se originó a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que solicitó la revisión de diversas disposiciones de la normativa estatal.
Especialistas en movilidad celebraron la decisión, al considerar que refuerza la cultura de la prevención y la responsabilidad al volante. “Este precedente no solo protege la seguridad vial en Puebla, sino que sienta las bases para fortalecer la aplicación del derecho a la movilidad segura en todo el país”, subrayaron.
Con este fallo, la SCJN marca un precedente nacional que podría influir en futuras revisiones de leyes estatales sobre movilidad y seguridad vial, consolidando una visión de justicia centrada en la protección de la vida y la prevención de siniestros.
