En el Congreso de Guanajuato se analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad estatal con el objetivo de actualizar las reglas del transporte frente al crecimiento urbano, nuevas modalidades de servicio y la demanda ciudadana de traslados más seguros y dignos. La propuesta plantea un enfoque integral que prioriza la planeación, la seguridad vial y la sustentabilidad.
Entre los cambios más relevantes se encuentra el reconocimiento de la competencia desleal en el transporte público, particularmente en los servicios urbano, suburbano e intermunicipal, así como la definición formal del Sistema Integrado de Transporte y del Sistema de Prepago, herramientas clave para lograr rutas interconectadas y cobros electrónicos que faciliten los viajes cotidianos.
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La iniciativa también refuerza la responsabilidad de los municipios para destinar infraestructura exclusiva a peatones, ciclistas y transporte público, una medida que busca mejorar la velocidad de las rutas, reducir riesgos viales y avanzar hacia un modelo de movilidad más sustentable y ordenado.
En materia operativa, se propone regular con mayor claridad el transporte suburbano, evitar ascensos y descensos dentro de la misma zona urbana y establecer una fórmula de ajuste tarifario periódico, con revisiones extraordinarias, que permita equilibrar la viabilidad del servicio sin afectar la economía de los usuarios.
Otro punto central es la prohibición de servicios colectivos en el transporte privado, así como la incorporación de subsidios directos al usuario final y estímulos fiscales, condicionados a que los concesionarios adopten esquemas integrados y nuevas tecnologías. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
