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El reto de Institucionalizar el transporte público

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Con la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), se han puesto una vez más sobre la mesa el sin fin de restos que representan el rescate del transporte público en el país, entre ellos su institucionalización.

La institucionalización implica que las autoridades cumplan con ciertas capacidades y cuenten con actividades limitadas por cargo para que puedan tener un mejor desarrollo dentro de su función de gobierno, es decir que tengan un perfil no solamente político, sino que también tengan capacidad técnica”, explicó el presidente de la AMTM, Nicolas Rosales Pallares.

Por su parte Fernando Paéz, quien es integrante de la Dirección Técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), aseguró que “los transportistas piden a gritos la institucionalización del transporte público, relaciones serias entre autoridades y operadores, que les dé certeza jurídica, que les de certeza financiera, y una interacción sería entre el punto de vista técnico y operativo… ese tema debe estar en la agenda del gobierno federal”.

Durante 2021, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) en coordinación con  el Instituto de Recursos Mundiales en México (WRI, por sus siglas en inglés), realizaron una serie de reuniones virtuales con líderes transportistas de diferentes regiones del país, en las que se detectó la gran necesidad del sector de contar con instituciones de gobierno sólidas, técnicas, con planes y proyectos socializados de transporte que beneficien a todos los involucrados.

La institucionalización ha sido el punto central para todos los cambios que se han realizado en los últimos 40 años en materia de transporte público, y en ello llevan la batuta la ciudad de México, León, Guadalajara, entre otras ciudades.

Lo habíamos dicho a inicios de año ya, y sigue siendo igual… urge atender la crisis del transporte público y urge una institucionalización del transporte público a nivel nacional”, resaltó Fernando Páez.

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Sobre esto hay avances y hoy está en mente tanto de transportistas como de las autoridades los cuatro puntos anteriores, quienes buscan un trabajo conjunto y una integración institucional, no sin ciertos resquemores, pero que poco a poco se va consolidando.

Ángel Molinero experto en temas de movilidad y director de USTRAN agregó que, “la operación conjunta, si bien no se ha formalizado, de alguna manera los mismos transportistas lo vienen realizando con el fin de evitar empalmes de unidades a lo largo de la ruta. Sistemas más sofisticados de programación del servicio se han institucionalizado en los últimos cinco años y en la integración física, se tienen los elementos en especial en aquellos sistemas donde se han construido carriles semiconfinados para autobuses (BRTs) pero muchas veces la autoridad no facilita esta integración. Una atención prioritaria a cierres de circuito que promuevan la infraestructura en estos puntos es un tema que tanto la autoridad como el transportista deben tener presente”.

La integración tarifaria es el punto crítico y donde se ha trabajado mucho para romper creencias, estilos de trabajo, miedos, y cada vez más vemos sistemas tarifarios integrados que es de esperarse en los próximos años puedan consolidarse.

“Para ello, es importante el paso al pago por kilómetro, pero sobre todo una autoridad que respete los momentos tanto de aumentos tarifarios como en el aumento en el pago por kilómetro. Fórmulas tarifarias van y vienen, pero a la hora de su aplicación cada quien cuenta con sus datos y por lo general sin respetar tiempos y procedimientos. Por otra parte, el usuario ha entendido la ventaja del uso de una tarjeta y en breve el uso de su celular para el pago, aspecto que era la excusa para el paso a esta forma de pago”, mencionó Molinero.

Aunque de manera muy lenta, la integración administrativa o institucionalización del transporte se ha consolidado poco a poco. Diversos entes en nuestras ciudades han dado pasos para crear áreas de planeación, de operación y gestión del transporte, sobre todo en aquéllas donde hay un componente importante de transporte operado o patrocinado por el estado.

Sin embargo, se sigue viendo el divorcio entre los que operan el transporte y quienes lo gestionan. La creación de verdaderas autoridades de transporte, de carácter mixto, está todavía sin madurar.

Lo que preocupa al transportista

En un país donde la gran mayoría de  las unidades de transporte público se siguen operando bajo el esquema hombre-camión, contar con instituciones fuertes, técnicas y vinculadas es clave, ya que es esto genera que los concesionarios tengan menos dudas, miedos sobre los cambios e inversiones que deben hacer para mejorar el servicio.

A la fecha no existe un registro, conteo o reporte de que gobiernos están optando por crear direcciones y secretarías de transporte y movilidad, pero sobre todo de autoridades o tomadores de decisiones con perfil técnico, esto es un factor que genera incertidumbre entre los transportistas y frena la migración a un mejor servicio de transporte.

En las reuniones que mantuvimos con varios líderes transportistas escuchamos que muchas veces las autoridades no entienden el tema del transporte público porque llegan por periodos muy cortos, no tienen conocimiento técnico del tema, llegan con proyectos difíciles de implementar a corto plazo o bien sin conocer proyectos en marcha que dejan a la deriva por venir de otra administración.

“El tema de la institucionalización para el operador es importante porque implica una política pública que vaya más allá de una administración de gobierno; los operadores de transporte público necesitamos reglas muy claras de operación con políticas públicas que tengan continuidad, que respalden proyectos para ejecutar a mediano y largo plazo pero eso solo se puede lograr con autoridades capacitadas”, detalló Nicolas Rosales.

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“El que se hable de una Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que estará encabezado por la SEDATU y otros organismos técnicos es un gran avance, pero será necesario que esto llegue a los estados, será en las entidades federativas donde también las autoridades deberán estar capacitadas para la tomas de decisiones y la planeación del transporte público”, apuntó el presidente de la AMTM.

Trabajo para una década

A decir del especialista Ángel Molinero, el reto para los próximos diez años, “es encontrar los esquemas adecuados que permitan el trabajo conjunto entre transportistas y autoridades, a la vez extender el concepto de integración del transporte a los sistemas que operan en muchas ciudades medias.

“La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial abre muchas de estas puertas para dar estos pasos de integración del transporte y su consecuente institucionalización. De ahí la importancia que cada uno de los estados entiendan el cambio requerido, el trabajo de la mano con el transportista y el respeto a lo largo de la vida útil de cada sistema de los ajustes tarifarios, operativos y de utilización de la infraestructura”,señaló.

Sobre el sector del transporte público

En los últimos años el tema del transporte público ha tomado relevancia en las agendas públicas, debido a que organizaciones civiles y expertos han hecho conciencia en la manera en que este servicio impacta en todas las áreas de la vida de una comunidad y su desarrollo económico.

Los especialistas destacaron que la aportación del transporte público urbano al PIB es del 4% y gracias a este sector se mueve más del 40% de la población, es decir, 50 millones de personas diariamente a lo largo del país; es justo este servicio, un gran regulador de la igualdad de oportunidades para la población, y un pilar del desarrollo económico de las ciudades.