El transporte público tiene que ver con financiamiento, tecnología, operación, infraestructura, medio ambiente y otros componentes; es una actividad permanente y cotidiana que, a través de créditos de las bancas de desarrollo, banca mundial, fondos de inversión, recursos económicos e inversión de los gobiernos federal y estatales, así como de la iniciativa privada, debemos promover para mejorar la movilidad.
La tecnología es otro de los componentes que la integran, a través de proveedores que la acompañen con equipo de video, de seguridad, con radios de comunicación, barras contadoras de pasajeros y otras herramientas, todo lo cual describe la necesidad de un esfuerzo tecnológico distinto, mediante sistemas de ayuda a la explotación, para ubicar en tiempo real dónde se encuentra la flota, quién está operando la unidad, a qué velocidad, y otros datos que ofrezcan certidumbre al usuario y al propio operador.
Pero es en la tarifa, otro componente esencial, donde debe haber dos visiones desde el gobierno y el usuario: La tarifa no tiene porque pagar la ineficiencia del operador del servicio, esto es cuando un mal prestador solicita la actualización de tarifa, pero cuando un buen operador de transporte se convierte en un empresa formal, que cubre sus obligaciones fiscales, sus prestaciones y obligaciones con sus colaboradores, ésta no debe frenar sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, ya que, si no es competitiva, lo principal que afecta es la calidad del servicio.
Existe una estructura de costos que dice cuánto cuesta mover un autobús por cada kilómetro que recorre; cuando un gobierno no actualiza la tarifa por un cálculo político, siempre se espera que el siguiente gobierno tome la decisión difícil, pero entonces lo que ocurre, es que si no hay aumento se genera una situación complicada para la calidad del servicio. Entonces, es preciso quitar el componente político y colocar el componente técnico.
Con la tecnología y el uso de tarjetas inteligentes en los sistemas de pagos, es posible tener un mecanismo de actualización de la tarifa mucho más cercano a la realidad, porque cuando la tarifa se estandariza, ayuda a unos, pero deja en condiciones difíciles a otros. Por lo tanto, lo que se debe impulsar es una ley nacional de tarifas, para establecer su valor en las diferentes zonas del país, que será distinto en todas, porque lo que define la tarifa son los usuarios que se mueven en cada vehículo.
Hay otro componente: el costo de los vehículos. Existen dos vías para tener transporte de calidad, pero hay que tener cuidado cuando se habla de tener transporte de primer mundo, si no estamos comprometidos con una tarifa de primer mundo. La tarifa tiene que acompañar el tipo de servicio, por lo cual, para tener un servicio de calidad en nuestro país y otras regiones, se requiere tener una tarifa competitiva o un subsidio.
No podemos esperar un transporte de calidad si no lo acompañamos con una tarifa competitiva o un subsidio del Estado. Cuando hablamos de elevar la movilidad como un derecho humano, estamos hablando de que, más allá del discurso, se debe acompañar de recursos económicos, tal como se hace con los temas de salud, educación, vivienda o seguridad.
Es necesario actualizar este rezago, porque cada año la tarifa lleva a los transportistas a una línea de sobrevivencia para prestar el servicio, sin ofrecer la oportunidad de resolver lo que necesita la mayoría del transporte en el país, o apoyar a las sociedades mercantiles bien administradas. La tarifa cubre necesidades básicas, un poco el rezago, pero no ofrece la posibilidad para invertir.
Tenemos diversas marcas internacionales en nuestro país, por lo que esa oferta tecnológica requiere transportistas que la consuman, pero seguimos sosteniendo que en el país los problemas suben por elevador y las soluciones por escalera. Lo cierto es que el transportista debe prepararse, organizarse, obtener incentivos fiscales y para la inversión. No se cuenta con una política tarifaria que permita avanzar más rápido, sigue siendo un conflicto la organización de los transportistas, que van muy lentos al modelo de cambio.
La falta de movilidad propicia que anualmente nuestro país pierda más del 9% del Producto Interno Bruto (PIB); los cálculos que se hacen generalmente son conservadores y no contemplan las pérdidas que se generan no sólo por falta de competitividad, sino por la reducción en el nivel de vida de los ciudadanos, la contaminación ambiental, las consecuencias a la salud y los accidentes viales, lo cual se contrapone a las políticas de desarrollo económico que aspiran a crecer uno o dos puntos porcentuales por año.
Tendemos a reaccionar cuando el problema ya lo tenemos encima; nos tenemos que esforzar mucho más para encontrar cuáles son las aristas en materia de movilidad, porque no se cumple solamente moviendo gente, se debe observar el impacto que tiene en la calidad de vida de los usuarios, en los tiempos de traslado, las emisiones de contaminantes por la tecnología de los vehículos, la recuperación del espacio público y la reactivación de la planta productiva.
También ha quedado totalmente claro que urge ordenar el crecimiento urbano a través de una política nacional que considere, como uno de sus ejes principales, la movilidad sustentable. El servicio público de transporte debe plantear una nueva visión urbana, migrar a esquemas de sociedades mercantiles que mejoren las oportunidades e incluyan esfuerzos tecnológicos.
Los subsidios pueden ser una respuesta adecuada, porque generan incentivos y, en México, existen posibilidades de mejorar, ya que a diario se realizan 100 millones de viajes, de los cuales el 60% se realizan en transporte público. La conjugación de transporte público y desarrollo urbano son temas inseparables para el impulso de ciudades sustentables, sostenibles y competitivas.
En suma, es necesario promover un modelo urbano que reduzca las necesidades de viajes en automóvil e incentive el transporte público por su rapidez y seguridad, bajo el criterio de sistemas de transporte público con calidad y accesibilidad.
Hace falta implementar herramientas para reducir el uso del automóvil, cambiarlo por otros medios de transporte más sustentables y equitativos. Es un error considerar que los pasajeros en las ciudades latinoamericanas son clientes cautivos del transporte público: si tienen la oportunidad de subirse a un auto, lo harán.
La conclusión es integrar no sólo las diversas formas de trasladarse en las ciudades, sino también nuevas tecnologías, como semáforos inteligentes, sistemas de navegación incluidos en los vehículos colectivos y hasta aplicaciones en teléfonos celulares, de manera que los usuarios puedan, lo mismo pagar desde ellos, que conocer la hora exacta en la que pasará su transporte.
