El modelo de negocio tradicional del transporte público de pasajeros en México ha demostrado claramente su falta de eficacia. Con una creciente demanda de mejores servicios, resulta imprescindible encontrar una forma más conveniente de satisfacer las necesidades de los usuarios. Sin embargo, surge la interrogante de quién debería liderar esta modernización de los servicios de transporte: ¿debería ser el sector privado el que tome la iniciativa para mejorar la situación, o debería ser el mercado quien regule los servicios de transporte considerando que es responsabilidad del Estado proporcionar este servicio público?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que hay múltiples factores a considerar. Por un lado, es más probable que el sector privado esté más motivado para innovar y modernizarse, dado que esto le reportaría mayores beneficios. No obstante, el Estado también tiene la responsabilidad de proporcionar mejores infraestructuras y normativas para garantizar la seguridad y la satisfacción de los pasajeros.
La modernización del transporte público es un elemento esencial para el desarrollo del país y, como tal, debe ser una prioridad para todos los gobiernos. Para asegurar el éxito de esta transición, es necesario crear las condiciones económicas, normativas y jurídicas propicias que impulsen este proceso, teniendo en cuenta el derecho a la movilidad consagrado en nuestra constitución. Esto debe llevarse a cabo de manera coherente y a largo plazo, poniendo énfasis en la inclusividad y la justicia social. Además, el Estado debe garantizar que todas las partes interesadas estén involucradas en el proceso de toma de decisiones, de manera que se consideren sus intereses. Es fundamental contar con los recursos necesarios para implementar y mantener el nuevo sistema. Por último, se deben supervisar exhaustivamente los resultados de este proceso de modernización para garantizar su eficacia y efectividad.
El primer paso para lograrlo debería ser la consolidación de una estrategia nacional de movilidad que tome en cuenta las necesidades de los usuarios, el medio ambiente y el desarrollo del transporte público. Esta política debería incluir un análisis de los sistemas de transporte existentes y de las infraestructuras necesarias para mejorarlos, así como incentivos económicos y normativos para atraer la inversión privada. El Estado también debe establecer normas claras para el funcionamiento del sistema de transporte público, así como los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.
En última instancia, los sectores público y privado deben colaborar para desarrollar mejores servicios de transporte. El sector privado puede aportar los recursos y la innovación necesarios para mejorar el servicio, mientras que el Estado debe asegurarse de que existan la normativa y la infraestructura necesarias para garantizar un viaje seguro y cómodo para los pasajeros. Esto podría lograrse mediante un aumento de las asociaciones público-privadas, así como mayores inversiones en investigación y desarrollo. Solo entonces podremos esperar que los usuarios de transporte reciban el servicio que merecen y que se ajuste a sus necesidades.
