La reciente aprobación de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU) en México marca un punto de inflexión crucial en el desarrollo de nuestra infraestructura de movilidad. Este logro representa una oportunidad sin precedentes para transformar el transporte público en nuestras ciudades y, con ello, mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.
La PNTPCU es una hoja de ruta que reconoce la diversidad de contextos y desafíos que enfrenta el transporte público en México. Desde las grandes metrópolis hasta las ciudades más pequeñas, cada una con sus particularidades, esta política ofrece un marco flexible y adaptable para que las autoridades locales implementen soluciones efectivas y sostenibles. La aprobación unánime de esta política subraya la importancia y urgencia de abordar los problemas de transporte público con una visión integrada y coordinada.
Uno de los aspectos más destacados de la PNTPCU es su enfoque en la inclusión y la equidad. En un país donde el acceso al transporte puede determinar la posibilidad de acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo, es imperativo que el sistema de transporte público sea accesible para todos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. La política establece principios claros de calidad del servicio, seguridad, sostenibilidad financiera, innovación tecnológica y justicia social.
La PNTPCU también pone de relieve la importancia de la movilidad como un derecho fundamental. Desde la reforma al artículo 4° de la Constitución, en 2020, la movilidad ha sido reconocida como un derecho constitucional en México, lo que subraya la responsabilidad del Estado de garantizar un sistema de transporte público que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos.
La implementación de la PNTPCU requerirá un compromiso continuo y coordinado entre las autoridades, así como una inversión significativa en infraestructura y tecnología. Sin embargo, los beneficios potenciales son importantes. Un sistema de transporte público bien planificado puede reducir la congestión del tráfico, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad vial y proporcionar a los ciudadanos un medio de transporte confiable y accesible.
Esperemos que para octubre, se pueda cumplir con el exhorto del titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, y se logre tener un documento con acciones específicas para que la próxima administración federal inicie su implementación.
