¿Es la electromovilidad una moda? De pronto todo tiende hacia la electromovilidad sin tomar en cuenta las dificultades que representa su implementación.
En el reciente 14º Congreso Internacional de Transporte, pregunté a las autoridades encargadas de la movilidad de cuatro importantes entidades del país, qué dificultades enfrentan para llevar a cabo su tarea.
Si bien coincidieron en que la electromovilidad es el futuro hacia donde el transporte público debe dirigirse, también señalaron que el sector que indudablemente asumirá ese cambio es el del transporte público, particularmente el transporte de superficie, que deberá ser más rápido que el privado, con un costo de producción de la energía a la baja, al igual que los esquemas financieros, que cada vez se irán adaptando.
También asumieron que no se trata de una moda, sino de la tendencia natural que adopta el sector y el ritmo de la industria en el mundo. Sin embargo, lo que sí es una moda es asegurar que la transición se hará de la noche a la mañana. Por ejemplo, coincidieron que el decir, que en el año 2030 todo será eléctrico, es igual a no entender la cadena de suministros, ni la administración que se tiene desde cualquier gobierno, ni tomar en cuenta la forma como se habrá de apoyar la inversión.
Lo que sí dejaron bien claro, es que la tendencia a electrificar no puede ser para todos y para todo. Existen regiones del país en donde definitivamente no son viables los vehículos eléctricos. Pensemos en los lugares con una orografía difícil, o aquellos donde la energía eléctrica es mucho más cara que, supongamos, en la Ciudad de México.
Les consultaba también cómo combinan el reto tecnológico, el reto financiero y la disposición o no de quienes encabezan los gobiernos de sus estados. Es decir, cómo enfrentan el tema de lo posible frente a lo deseable, en un esquema donde la banca comercial y la banca de desarrollo no están a la mano.
Lo importante, respondieron, es la decisión de quien encabeza el gobierno para apostar por el transporte público y que la tecnología sea una herramienta. Pero el tema de fondo, es quién debe pagar. En el caso de los pasajeros, la premisa es que, por definición, no puede plantearse un transporte público serio con una tarifa muy alta, el transporte público debe ser barato y accesible, porque ese es su objetivo.
En el caso del gobierno, también por definición, es el que debe pagar toda la infraestructura del transporte, por ejemplo, la del Metro, la del Metrobús, del Trolebús, Cablebús y otros medios.
Coincidieron en que tampoco le puede corresponder al transportista, que es el que ofrece el servicio, pero sí al mercado laboral que se beneficia de un transporte público barato para que la mano de obra llegue al trabajo, cosa que, también por definición, ya estarían haciendo a través de los impuestos.
La segunda pregunta es, cuánto se debe pagar, y eso halla respuesta en el volumen de pasajeros que se muevan en un determinado tipo de transporte. Si no nos metemos a entender de qué origen a qué destino va la gente, no nos podemos meter en los costos reales del transporte.
Hay un volumen que permite mantener la tarifa, por ejemplo, el Metro de la capital, tiene un volumen de pasajeros que permite mantener la tarifa en cinco pesos. En el caso de la Ciudad de México, ha tomado la decisión de que ese medio de transporte se pague con recursos fiscales, y que ese esfuerzo se tiene que seguir haciendo por parte del gobierno, a partir de cómo mantener un círculo virtuoso del transporte.
Llama la atención en este análisis, que sostienen que son los gobiernos los responsables de enviar señales claras a los inversionistas, mediante la financiación pública de diversos aspectos del transporte como la infraestructura.
Desde el sector del transporte público se han hecho múltiples llamados a establecer un marco normativo para, por ejemplo, implementar la electromovilidad.
Se ha dicho que sin un modelo de negocio desde el gobierno federal o los estatales, este tema no avanzará y, curiosamente, también se ha señalado que aún no existe infraestructura para la recarga, que la industria no está regulada, que no existe acceso a financiamiento para alcanzar los precios de las unidades, ni se han definido los plazos de las concesiones, además de que se desconoce el tipo de operación y no se ha establecido un sistema de incentivos.
Con este encuentro, donde autoridades encargadas de la movilidad explicaron la problemática que enfrentan, queda totalmente claro de dónde deben partir las señales para desatorar temas como la electromovilidad, así como los otros prioritarios para adoptar decisiones que garanticen la viabilidad de un modelo de negocio que favorezca a operadores, autoridades, proveedores de vehículos y tecnología para la recarga, pero, principalmente, a los usuarios.
