Uber, se debate entre marcos regulatorios del siglo pasado - Pasajero7

Uber, se debate entre marcos regulatorios del siglo pasado

UBER ALIANZA

fuego lento se están cociendo cada minuto mil y un avances tecnológicos con potencial de generar cambios tan disruptivos, que van desde el comportamiento humano hasta una industria o la economía de un país. ¿Están los Gobiernos y marcos regulatorios preparados para adoptar políticas públicas de Estado que respondan a las actuales y venideras transformaciones tecnológicas, las necesidades del mercado y la nueva cultura de poder decisivo que tiene el consumidor?

Nos ha tomado algo más de 100 años evolucionar de la primera era industrial a la hoy llamada cuarta revolución y, con ello a paso forzado y acelerado a las sociedades, al ser humano, a las autoridades y a la propia industria, lograr entender y adaptarnos rápidamente a los cambios que trajo consigo el poder del internet y  los nuevos modelos de economía colaborativa que permiten conectarnos desde un dispositivo electrónico para acceder a bienes, servicios y productos. Estos desarrollos tecnológicos que han tenido que surgir y expandirse en un contexto legislativo y reglamentario antiguo, paquidérmico y formalista de por lo menos 3 décadas atrás, claramente no responden  a la actual era digital. Más que ser una solución o motor de impulso en el desarrollo del uso de nuevas tecnologías y modelos de negocio pensados en el usuario y en mejorar la experiencia del mismo, ha sido la mayor barrera y, la plataforma Uber es el mejor ejemplo, veamos:

Desde diciembre del 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en fallo que sentó un precedente para la comunidad europea y referente para el mundo, definió claramente el punto álgido de debate que aún persiste en muchos países de la región de América Latina: ¿Cómo se debe entender el servicio que ofrece Uber, a través de una plataforma internacional para ser  legislado o regulado adecuadamente?. La justicia europea consideró que Uber “no se limita a un servicio de intermediación”, de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano. Uber crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y su aplicación es “indispensable” tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una “influencia decisiva” sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes. Este servicio, cuyo “elemento principal es un servicio de transporte”, responde así en virtud del marco legal europeo al “ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”, como pretendía demostrar la empresa estadounidense. Al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación del servicio, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias y autorizaciones para poder operar. [1]

Pareciera que con tal decisión quedaba resuelto el tema y daría un soporte de análisis y valoración jurídica para los demás países y continentes a donde ha llegado el servicio, en la realidad no ocurrió así,  sigue siendo un dolor de cabeza para muchos Gobiernos lograr dar un manejo adecuado al tema en un mercado de libre competencia, pero no regulado en el contexto actual. Vale la pena destacar algunos de los más relevantes casos en la Región, partiendo en Colombia con la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio del 20 de diciembre de 2019, que anunció el fallo de un juez administrativo en el que, después de 8 años en Colombia, se le exigía a Uber, suspender sus servicios de movilidad compartida de manera indefinida, por violar las leyes de competencia.

El juez del caso le dio la razón a Cotech, la operadora de Taxis Libres, quienes argumentaron que la inexistencia de cupos, la prestación de servicios en carros particulares y el uso de una tarifa dinámica eran signos de competencia desleal. Y es así como Uber acata la decisión del fallo y se retira de Colombia, mientras entidades y funcionarios del Gobierno buscan definir una hoja de ruta que establezca una fórmula normativa para permitir este tipo de emprendimientos tanto de origen local como extranjero.

Es innegable que Uber y otras compañías similares han cambiado la forma en que las personas se movilizan en la ciudad, agregando una alternativa de transporte, cuya demanda crece con el tiempo y la cual parece perjudicar a los conductores de taxi.

La famosa aplicación se ha enfrentado a las restricciones de algunos países. Por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires, en abril de 2016, la empresa enfrentó un fuerte rechazo por parte de los taxistas y de las autoridades locales, quienes como respuesta a la proliferación de plataformas similares que aún no estaban legalizadas en la ciudad, crearon, BATaxi, una aplicación gratuita que conecta a pasajeros particulares con taxistas profesionales, teniendo acceso en tiempo real a la información sobre el vehículo y su conductor, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y calidad en el servicio.

Este cambio potenció la presentación y aprobación de un proyecto en la Legislatura que determinó que a partir del segundo semestre de 2019, los taxistas deben equipar su vehículo con una tablet y una aplicación asociada que esté aprobada por el Gobierno de la ciudad, haciendo que sea obligatorio el uso de un sistema digital.

Todas estas aplicaciones están conectadas con un nuevo Sistema de Gestión Integral de Taxis que permite mantener un control confiable y actualizado para validar la vigencia de las licencias, controles vehiculares de las unidades y habilitación de los choferes. Así mismo, las mujeres también se ven beneficiadas, pues la app, cuenta con un filtro de preferencias de viaje, donde se puede elegir a una conductora de taxi.

Mendoza, por el contrario antes de que Uber llegara y entrara en funcionamiento, la Secretaría de Movilidad convocó a una mesa de diálogo de concertación con Uber y permitieron la entrada bajo un concepto de negociación con la autoridad. Así se convierte en la primera provincia de Argentina, en regular el sistema virtual y, además, es la primera ciudad del mundo en habilitar el uso antes de que desembarque el servicio.

La modificación de la norma de tránsito 6082, consiste en que las compañías podrán funcionar bajo la modalidad de “servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas” de interés público. En tanto, los taxis quedarán englobados como “servicios de interés general y servicios habilitados”.

Entre las exigencias, acordadas, se encuentra, además, que Uber, deberá abonar un impuesto que se destinará a un fondo para el financiamiento en la adquisición de nuevas unidades de transporte y que los choferes de taxis también puedan ser parte de la compañía, esto es, ofrecer ambos servicios. Se trata de una cuota del 1% sobre el total del viaje en el impuesto sobre los ingresos brutos que corresponda a la actividad.

Por otro lado, en Ciudad de México, después de semanas de negociaciones, el Gobierno del Distrito Federal acordó las condiciones para que el servicio siguiera operando en una de las ciudades más habitadas del mundo. El acuerdo incluyó un pago del 1,5% por cada viaje al fideicomiso, con el fin de que sirviera como fuente de ingresos para mejorar la infraestructura de transporte público, permisos anuales para los conductores y reglas sobre las condiciones de los automóviles.

Y en Curitiba, a través de la autoridad reguladora URBS, asociado plenario fundador de nuestra Red SIMUS,  asumieron las aplicaciones de transporte como un servicio público, mismo tratamiento que le dan a la regulación de tarifas de los taxis. Además de la regulación del transporte, también se creó el Fondo de Transporte Municipal, donde se aplican los impuestos gravados en las carreras por solicitudes a través de Apps. El dinero del fondo se invertirá en obras y mejoras en la movilidad urbana y en el subsidio al transporte público.

En menos de una década, Uber, ha conquistado más de 65 países con su modelo de negocio basado en los principios de economía compartida, a través de plataformas digitales, gracias a que han sabido aprovechar no solo los sistemas de navegación y de pago online, sino el uso inteligente del Big Data, para ofrecer una experiencia de usuario óptima y un despliegue eficiente de la flota.

Otra de las bondades que se destacan del modelo Uber, es una tarifa que no está definida por el Gobierno, sino que es de libre competencia del mercado, que puede ser establecida por recorrido y tiempo, una tarifa diferenciada, negociada con el usuario, lo cual permite mejores precios y un exponencial aumento de demanda.

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Es así como con la introducción de las plataformas tecnológicas para ofrecer un servicio de transporte, la dinámica del mercado, ha permitido el establecimiento de tarifas diferenciadas por horario, longitud o tipo de servicio, sin embargo los gobiernos aún no generan mecanismos de regulación efectivos y abre otra discusión en la regulación del servicio, que no es menor sino medular, la referida a la TARIFA, entendido como un servicio público de transporte, en aquellas ciudades donde la actividad está regulada por el Estado.

Así pues, de una parte, la tendencia hacia la digitalización impacta directamente el sector del transporte y la movilidad, pues las necesidades y los hábitos de los usuarios han evolucionado, exigiendo cada día más flexibilidad en sus opciones de movilidad y de otra, la aceleración del uso de tecnologías de la comunicación e información (TIC) y los sistemas inteligentes de transporte (SIT), son un binomio magnífico que mejoran la planificación, aumentan la eficiencia operativa de los sistemas, permiten ofrecer soluciones dinámicas y multimodales para los usuarios, ofrecen una mayor disponibilidad de información y amplían el acceso de los servicios del transporte. Sin duda, son caminos que dan oportunidad para  POTENCIAR  EL TRANSPORTE PÚBLICO CON CALIDAD, frente al uso del vehículo privado. Mobility as a Service (MaaS), es el concepto que trae consigo estos nuevos modelos de servicio y de negocio, una combinación de varias tendencias de movilidad compartida con el transporte público, podría ser la solución a los problemas de tráfico, contaminación ambiental y el descontento que causa la entrada de los nuevos actores, sin duda, esto dependerá de la capacidad de preparación, rapidez y adaptación al cambio que  tengamos todos los actores.

Esto implica un cambio de paradigma en la forma en que se distribuyen los servicios de transporte y se ejecutan los modelos comerciales, lo que plantea un desafío y una oportunidad de evolución para los actores tradicionales y para los nuevos participantes que generan nuevas oportunidades para garantizar una movilidad real como servicio y de calidad para todos y, la más importante que va al fondo del problema para generar certeza jurídica y seguridad al inversionista, es el necesario e imperante cambio de los marcos legales y reglamentarios que como ya destacamos, son de hace algo más de tres décadas que imperan hasta hoy en muchos de nuestros países latinoamericanos que no responden a la dinámica y realidad de las sociedad en constante cambio y evolución. Es por eso que, desde la Red SIMUS hacemos el llamado a los países y gobernantes a asumir con voluntad de decisión y coherencia, Políticas Públicas de Estado que integren y consideren las necesidades del usuario con las demandas del mercado en tres dimensiones: vanguardistas, flexibles y adaptativas al cambio. Comprender estas nuevas tendencias y transformaciones, puede ayudar a los responsables políticos, legisladores, jueces, líderes empresariales y sociedad civil a avanzar en esta inminente revolución del “Geek Economy” o economía colaborativa, llamada así por la utilización de tecnología para modificar la manera en que el sector tradicional se relaciona con los consumidores.