Transporte para todos, el reto de la accesibilidad universal

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Legisladores pretenden reformar la Ley de Movilidad y lograr que gradualmente el total de unidades de transporte público cuenten con equipamiento que garantice la accesibilidad universal.

De acuerdo a  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los Estados a adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, Alejandro Hermosillo González y Augusto Valencia López, presentaron  el  11 de agosto de 2016 una Iniciativa de Decreto con el fin de reformar el artículo 126 de la Ley de Movilidad y Transporte que establece las adaptaciones necesarias para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y las condicionantes para prestar el servicio.

El diputado Hermosillo González enfatizó que los derechos humanos de las personas con discapacidad “no se garantizan al 10 por ciento, sino al 100 por ciento… es una obligación del Estado garantizar que los autobuses  le permitan a cualquier persona con discapacidad, en cualquier momento abordar cualquiera de sus unidades, no solamente al 10 por ciento de éstas”.

En la exposición de motivos, los diputados establecen que el Estado “debe adecuar todo lo que sea necesario en materia de normas, infraestructura vial, movilidad y servicios generales a fin de otorgar un nivel de vida adecuado a los sujetos en materia”.

“Se agregue de manera expresa que las personas con discapacidad puedan tener un servicio de transporte en igualdad de condiciones que los demás, esto es mediante las adaptaciones especiales que se le harán a las unidades que presten el servicio de transporte público masivo y colectivo en sus diferentes modalidades”.

El texto de dicho artículo deberá entonces, cambiar por el siguiente: “Los vehículos afectos a las concesiones del servicio público del transporte masivo y colectivo de pasajeros, que sean otorgadas por el Ejecutivo del Estado, deberán contar en el cien por ciento de las unidades de cada ruta con las adaptaciones necesarias para facilitar el desplazamiento en dicho servicio de las personas con discapacidad…”.

En los transitorios de la Iniciativa de Decreto, se puntualiza que la medida aplicará a las unidades que deban renovarse o a las nuevas unidades que se incorporen al servicio, toda vez que de lo contrario, no podrán prestar el servicio de transporte público. Así, se espera que al paso de unos años, todo el parque vehicular que ofrece transporte público cuente con adaptaciones de accesibilidad.

“Financieramente es viable que en esta transición simplemente se garantice que las unidades estén adaptadas; costará muy poco, un poco más de lo que cuesta una unidad normal, pero creemos que no podemos dejar fuera a los miles de jaliscienses que tienen alguna discapacidad”, apuntó el vocal de la Comisión de Vialidad, Transporte y Comunicaciones de la LXI Legislatura local.

La Iniciativa de Decreto ya fue aprobada en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, aunque no corrió la misma suerte en la de Puntos Constitucionales. No obstante, se está a la espera de la aprobación del Pleno del Congreso del Estado, tal como lo detalla el diputado Alejandro Hermosillo quien señaló que aún falta que presente el respectivo dictamen la Comisión de Vialidad a donde también se turnó la Iniciativa.

“En cualquier momento, subirán ambos dictámenes al Pleno y será el total de los diputados quienes decidan si vamos por esta transición. O sea, un modelo que respete los derechos humanos de todos, que sea incluyente y accesible para todas las personas, o si vamos a mantener el sistema actual, donde es absolutamente complicado para una persona con discapacidad, el poder abordar una unidad del transporte público”.

El legislador expuso la más reciente iniciativa presentada por su bancada, la cual complementa a la descrita más arriba, con la que se busca también favorecer la movilidad de las personas con discapacidad, y que consiste en otorgar un número de permisos de taxis a particulares dispuestos a invertir en unidades (camionetas) accesibles para personas con discapacidad.

“Creemos que en esta discusión de competencias que se ha dado entre Uber y taxis, le vendría bien a la ciudad que los vehículos de alquiler atiendan a un sector desatendido que son las personas con discapacidad. Estas unidades podrían darle el servicio tanto a cualquier persona, como también especializarse en personas con discapacidad motriz sobre todo”.

Esta iniciativa fue promovida por la Comisión de Vialidad, ya está dictaminada y ya subió al pleno. Está a la espera de ser votada por los legisladores.

La otra iniciativa

La Diputada Rocío Corona Nakamura, presentó en el mes de marzo una iniciativa de modificaciones a la Ley de Movilidad, en la que se propone sanciones para los propietarios de las unidades del transporte público en las que se maltrate o no se brinde un servicio adecuado a las personas de la tercera edad. Corona Nakamura expone en la Iniciativa que en Jalisco hay 671 mil 323 adultos mayores y que de acuerdo con la consulta “Una Ciudad Amigable con los Adultos Mayores 2015”, realizado por el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, seis de cada diez personas de la tercera edad tienen la percepción de que no hay un transporte público adecuado para ellos; y el 57% sostuvo que la mayoría de los choferes de las unidades no les dan un trato digno.

“Por ello proponemos que se sancione al chofer  y al concesionario que abusivamente se niegue a subir pasaje en los lugares autorizados… Para hacer más fácil su abordaje se establecerá que las unidades de transporte público colectivo deberán tener un escalón retráctil a una altura no mayor de 25 centímetros del suelo”.

En el mismo documento se establece también la obligación del concesionario de hacer respetar los asientos preferenciales so pena de recibir una infracción.

“Proponemos que las autoridades estatales de movilidad y transporte y municipales de vialidad y tránsito realicen, de manera aleatoria, inspecciones a los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros a efecto de verificar y salvaguardar los derechos de los usuarios y el uso correcto de los asientos preferentes a favor de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con niño menor de tres años”.

Y por último, la iniciativa pretende también facilitarle a la persona de la tercera edad quejarse o denunciar maltrato en el transporte público a través de la línea de Emergencia 911 o bien, de manera presencial. Tras una querella, la autoridad deberá remitirse a las cámaras de seguridad del autobús y de comprobarse abusos, negación del servicio para tomar o dejar pasaje, así como no hacer respetar los asientos preferentes a favor de las personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas o con niños menores de tres años, será sancionado con multa de hasta 7 mil 500 pesos, duplicándose en caso de reincidencia.

transporte GDL

Reacción de transportistas

El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ), hizo un llamado a la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado para concretar un diálogo abierto para solucionar el tema del transporte público y se cese el ataque contra los operadores del transporte público.

Esto, debido a las declaraciones emitidas recientemente por la diputada Rocío Corona Nakamura, en la que señalaba el maltrato de los operadores hacia los usuarios del transporte público y que estos se harían acreedores a multas por estas señalizaciones.

Asimismo, solicitaron a los funcionarios a abstenerse a tomar el transporte público como bandera política para llevar votos a sus partidos, sino que aporten alternativas claras para mejorar el servicio y sacarlo adelante en beneficio de los ciudadanos.

“Los representantes del transporte público exigimos de parte de las autoridades y diputados que se tenga un diálogo abierto en donde se aborde la situación real de este servicio, pero sobre todo, en donde se hagan propuestas concretas sobre cómo mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y que no sólo se pretenda mejorarlo a partir de implementar sanciones y amenazas de retirar las concesiones”, indicó Arnoldo Licea, representante del SATAEJ.

El empresario transportista, Salvador Rosas Pelayo, aseguró que el uso que hacen las personas con discapacidad motriz del servicio de transporte público, se basa en un estudio técnico que marca que cada ruta debe adaptar el 10 por ciento de sus unidades para el uso de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida.

“Si ahorita nos están pidiendo rampas, al rato nos van a pedir camillas en cada unidad. Entonces los asientos amarillos son preferenciales, no exclusivos y no por eso nos van a multar”.

Como contrapropuesta sugirió la creación de “camionetas especiales” que ofrezcan “un servicio especial para gente especial”, tal como opera en otras grandes metrópolis del mundo.

Para el presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco (FUSCEJ), Javier Campos, ninguna de las iniciativas descritas se justifica, por lo que son inviables.

Tras indicar que el FUSCEJ cuenta con estudios técnicos de origen y destino que fundamentan que sólo debe existir el 10 por ciento de unidades por ruta con dispositivos mecánicos para facilitar el ascenso y el descenso de personas con discapacidad, el líder de los subrogatarios y concesionarios del transporte público, consideró que los diputados no están partiendo de estudios técnicos que fundamenten sus respectivas iniciativas.

Afirmó que la frecuencia de paso de una unidad con rampa, de las pertenecientes al Frente es de 15 minutos y dijo no tener cuantificado el número de veces que estas unidades son abordadas por personas con discapacidad al día, aunque su percepción es de una baja incidencia.

Magnitud del problema

El titular de la Comisión Estatal para la Inclusión de Personas con discapacidad, Héctor Figueroa Solano, señaló que de acuerdo al INEGI, para el año 2013 en 19 de cada 100 hogares en el país, existía alguna persona que presentaba alguna discapacidad y que en Jalisco de acuerdo al Censo 2010, las personas que padecían alguna limitación o discapacidad sumaban 290 mil 656, 50.3 por ciento hombres y 49.7 por ciento mujeres. No obstante, añadió, el cálculo para 2016 es que esta cifra podría ascender a 356 mil jaliscienses, lo que representa el 4.9 por ciento del total de la población, mientras que el porcentaje en el mundo de personas con discapacidad, de acuerdo con  la Organización de las Naciones Unidas, dijo, es de 15 por ciento.

En cuanto a las personas de la tercera edad, Jalisco tiene 671 mil 323 adultos mayores, es decir, el 9.2% de la población de la entidad (en el 2030 se incrementará al 18 por ciento). Esta población es demandante de transporte, ya sea público o privado.

Figueroa Solano recalcó que el problema de las autoridades y de los particulares que ofrecen servicios de transporte público es que continúan sin voltear a ver a las personas con discapacidad, lo que los ha llevado a dejar de apegarse a las normas de diseño universal, por lo que el servicio que ofrecen no es incluyente.

“Hay que señalar que uno de los principales problemas que existen en el tema de transporte es la no visualización o la falta de diseño universal como una base para prestar un servicio incluyente y esto es derivado de nuestra legislación donde se contempla un número de transporte accesible, es un número que nos da un 10 por ciento de transporte incluyente. Es decir, por cada 10 camiones, uno es el que debe tener accesibilidad para las personas con discapacidad motora”.

Al respecto, el representante de las personas con discapacidad ante el Gobierno del Estado, añadió que la apuesta de la institución que dirige es al diseño universal en todas las unidades de transporte, al tiempo que llamó a las personas con discapacidad a luchar por conseguir este objetivo.

En relación con la calidad del servicio, Figueroa Solano confió en que la Secretaría de Movilidad cristalizará los acuerdos que la COEDIS le ha planteado acerca de la capacitación que sobre el particular deben tomar los operadores del transporte público.

Figueroa Solano adelantó que será en el segundo semestre de 2017 cuando se presente el Programa Estatal de Personas con Discapacidad, mismo que entre otras cosas, planteará soluciones a las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad.

Opinión de personas con discapacidad y sociedad civil

La presidenta de la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, Rocío Abundis, calificó como deficiente el servicio que ofrecen las unidades adaptadas que circulan por el área metropolitana.

“Pero desgraciadamente nuestro gobierno muchas veces no cumple lo que nos dice. Eso es por un lado y por otro lado, la problemática del transporte público son todas las que te puedas imaginar, desde que el camión adaptado pasa y no te da la parada hasta que pasan cada 45 minutos y tienes que esperar todo ese tiempo a que pase el otro… Están en condiciones deficientes, ahí en el lugar de la silla de ruedas, está la escoba, el trapeador, un balde con agua, o ahí está el asiento de la que acompaña al chofer y el cinturón, y la barrera para contener la silla no sirve, y si la tienen nada más la tienen de adorno”.

Señaló que esta circunstancia es perjudicial para las personas con discapacidad que tienen que acudir a su empleo, al médico o a sus terapias y rehabilitación, para lo cual tienen horarios específicos y “así, cualquier otro compromiso que se tenga ¿cómo podemos enfrentarlo si no tenemos la seguridad de que va a pasar un transporte? porque un autobús con rampa, en promedio, tarda 45 minutos en pasar, ello si se tiene la fortuna de que se detenga, si le sirve la rampa y si sólo puede subir a una persona en silla de ruedas y no dos”.

Tras manifestarse a favor de las unidades de “piso bajo”, la presidenta de la Asociación de Personas con Distrofia Muscular señaló también la imposibilidad que representan las banquetas para que las personas en silla de ruedas puedan transitar por ellas y desplazarse a distancias cortas o dirigirse a la parada del camión, toda vez que en ellas encuentran todo tipo de obstáculos y/o están en tan mal estado que transportarse sobre ellas es una misión casi imposible.

Confirmó que el principal medio de transporte de las personas con discapacidad es el público, por lo que este medio es el principal factor que les impide su inclusión a la sociedad, “porque ¿cómo se le puede incluir a una persona con discapacidad en todas las actividades que desee si no le das los medios para moverse?”.

“Presentamos un escrito dirigido al Congreso del Estado y hoy estamos entregando una copia a cada uno de los 39 diputados, en el que se les manifiesta el apoyo a esta iniciativa, y a la vez se les solicita su apoyo y su voto para que esta disposición se apruebe. Porque  eso garantiza que modificándose la Ley de Movilidad, dentro de 10 años tendríamos el 100 por ciento del parque vehicular adaptado”.

Consideró que el transporte público es el remedio de movilidad más accesible para las personas con discapacidad y de la tercera edad, dado su bajo costo.