La historia del transporte público en el municipio de Nezahualcóyotl y su situación actual se relaciona directamente con el contexto de la Ciudad de México. El poeta y cronista Salvador Novo hablaba sobre cómo la corrupción burocrática, desde la época posrevolucionaria, perduró décadas y convirtió a los camioneros en los hombres más ricos y poderosos de México; con posiciones en el Senado y la Cámara de Diputados. El transporte es un fenómeno social, económico y político tan importante que en 1916 Venustiano Carranza declaró pena de muerte a cualquier persona que hiciera un acto de sabotaje en contra de estos sistemas de comunicación.
Asimismo, durante la época de la presidencia Carrancista, en 1918, se formó la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y utilizó su poder político para consolidar su dominio con sindicatos rivales; por ejemplo, contra los sindicatos de los tranviarios, que ocasionaban muchos conflictos paralizando la ciudad en demanda de mejoras laborales.
Para 1919, dentro de la Central de Choferes de la CROM, se forma la Alianza de Camioneros de México, y para 1920 Celestino Garza fundador de la CROM fue designado Gobernador del Distrito Federal; por lo que no es de extrañar que para el año 1922 el Gobierno del Distrito Federal haya asumido la responsabilidad total de los servicios de tránsito de la Ciudad de México.
De esta forma, para el año 1926, la Alianza de Camioneros se separó de la CROM y fortaleció su poder en términos organizacionales y políticos. Incluso, sus líderes llegaron a ser parte del partido gobernante con lo que lograron, finalmente, uno de los objetivos de la revolución, el control formal de la prestación de los servicios de transporte urbano. Así, para la década de los cincuentas, la Alianza de Camioneros llegó a ser uno de los grupos de cabildeo más poderosos de la ciudad, y utilizó su poder para monopolizar el control de las rutas interestatales que pasaban por el Distrito Federal, y con el que entraron al negocio del turismo y el transporte de carga.
No obstante, para principios de la década de los años sesenta la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que era una de las corporaciones más poderosas del país, con gran capital político, y que generaba más de 1% del Producto Interno Bruto nacional, comenzó a proponer un plan para implementar un sistema de trenes subterráneos. A pesar de la oposición del regente de la ciudad Ernesto Uruchurtu Peralta, el después llamado Sistema de Transporte Colectivo Metro fue inaugurado el 4 de septiembre de 1969; y fue uno de los primeros proyectos que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, por sus fuertes lazos políticos y personales con el Grupo ICA, apoyó públicamente. Con esto, el Metro redujo el monopolio del transporte público, transformó el uso del suelo del centro y extendió la ciudad en el espacio.
Para 1976, el transporte representaba 13.48% del gasto familiar; y, en 1981, existían 93 sindicatos que se oponían a que el transporte pasara a tener consideración de servicio público. Sin embargo, el 18 de agosto de ese año se llevó a cabo la llamada municipalización del transporte, y se conformó el organismo descentralizado, la empresa de autobuses colectivos, Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. Que, para ese entonces, era el único modo de transporte facultado para otorgar el servicio de autobuses en el Distrito Federal.
Aunque la Alianza de Camioneros había luchado contra la municipalización, las tendencias de extensión del Metro ponían en peligro el control de la alianza sobre el transporte de la capital, y parecía que no tenía caso luchar contra el jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González, el presidente José López Portillo, la empresa ICA y el público en general, quienes veían el Metro como el futuro de la Ciudad. De cualquier forma, la Alianza de Camioneros mantuvo el control de las líneas interestatales, incluidas las que conectaban al Estado de México con el Distrito Federal y, con el crecimiento de la ciudad, los líderes de esta organización estaban de acuerdo.
Asimismo, de esos viajes, 70% (es decir, más de 50% del total) se llevan a cabo bajo un mercado oligopólico liderado por tan sólo cuatro organizaciones que dominan el centro, norte, oeste, y sur de la entidad. Así, no es de extrañar la falta de transparencia en la información, y que las tarifas sean de las más altas de Latinoamérica, superando tarifas de transporte en zonas urbanas de países como Perú, Costa Rica y Venezuela.
Por su parte, el municipio de Nezahualcóyotl, junto con otras partes del oriente de la ciudad, se encuentra dominado por el Grupo Antorcha Campesina. Una organización política fundada en el año 1974, cuya historia ha estado muy relacionada al Partido Revolucionario Institucional y que, actualmente, solo en el Estado de México tiene cerca de 2.8 millones de agremiados.
En consecuencia, el poder del grupo Antorcha Campesina llega a ser de tal magnitud que se encarga de dar permisos de circulación a sus agremiados que compran vagonetas, transporte de baja capacidad, y sin importar las concesiones de la secretaría de transporte del Estado de México.
Es así, bajo este contexto sociohistórico, que se pueden comenzar a explicar la situación actual, la baja calidad en el servicio y la inseguridad del transporte en el municipio de Nezahualcóyotl.
