EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ERA DEL COVID-19 - Pasajero7

EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ERA DEL COVID-19

NICOLASEl transporte público en México venía arrastrando una crisis profunda y la pandemia vino a agudizar más esa situación, dejando en claro la necesidad de hacer un cambio en el modelo de negocio, la prestación del servicio, uso de tecnología y de financiamiento.

Es necesario reconocer el papel que ha tenido el transporte público colectivo durante esta situación, el cual no ha dejado de prestarse a efecto de que en la medida de lo posible sigan las actividades económicas y laborales de la ciudad, sin embargo su recuperación se estima tardará de un año a año y medio.

De acuerdo con el libro Anatomía de la Movilidad de SEDATU, se estima que 103 millones de personas transitamos diariamente por las ciudades mexicanas, y no todas las personas tenemos la posibilidad de elegir el modo de viaje ni todas las ciudades ofrecen alternativas de transporte asequibles para la población más vulnerable.

En la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan más de 34.5 millones de viajes diarios y cerca del 78% se llevan a cabo en transporte público.

A la discusión sobre la dificultad de movernos en las ciudades que se ha concentrado en el evidente crecimiento del parque vehicular, los altos tiempos de traslado y la falta de alternativas seguras, se suma el tema de adoptar todas las medidas sanitarias para la prestación del servicio del transporte público. Hacer compatibles los criterios sanitarios con los criterios de gestión de la movilidad, es uno de los principales desafíos a los cuales se enfrentan los operadores de transporte.

El transporte público en México como en América Latina registra la peor caída de su historia, es uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria en todo el país, empresas y operadores ven como la emergencia ha dejado sus unidades, ya sean buses o microbuses vacíos.

A partir de la declaración de la cuarentena en la Ciudad de México el día 23 de marzo, los servicios concesionados de transporte público han perdido entre 70 y 80% de su demanda de usuarios, en el caso de vagonetas, microbuses, autobuses y corredores; y de 70 al 75% en el caso de Metrobús, dependiendo de la característica de cada ruta.

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De acuerdo con las cifras del Índice de Transporte Público de Moovit, en Ciudad de México se redujo el uso del transporte público (Metro, Metrobús, RTP, Tranvía, Trolebús, Ecobici y formas de micromovilidad) un 78.3% al 24 de mayo ante el confinamiento social, sin embargo, se espera que la movilidad incremente gradualmente en la metrópoli de acuerdo con el Plan de reanudación de actividades a la nueva normalidad, en donde se establece la reanudación gradual de diversas actividades. Por lo que las autoridades de movilidad tendrán que implementar un plan para garantizar la movilidad segura y saludable de los capitalinos.

Es importante destacar que los ingresos de los sistemas de transporte provienen casi exclusivamente de la tarifa, la cual aún en tiempos de normalidad no alcanza a cubrir la tarifa técnica; por lo tanto, es generalizado el déficit financiero que afrontan los diferentes sistemas y hoy se ve agudizado de manera crítica.

Se ha puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del sector, ya que el transporte público concesionado solo cuenta con la tarifa como fuente directa de ingresos pues no cuenta con ningún tipo de subsidio o apoyo por parte de las autoridades, a diferencia de los sistemas de transporte de la Ciudad de México como lo son el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), la Red de Transporte Público (RTP), Servicio de Transporte Eléctrico (STE), los cuales cuentan con un subsidio directo por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

IMPACTOS DEL COVID EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Se estima que en las primeras semanas hubo una reducción del 70 al 75 por ciento en la demanda en los distintos sistemas de transporte, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. El WRI México, en su calidad de secretaría técnica de la AMAM, y la ANPACT, llevaron a cabo un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector, el cual estimó que, en los primeros cuatro meses de la pandemia, se alcanzaron pérdidas cercanas a 9 mil 800 mdp a nivel nacional, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y de operación de los sistemas de transporte.

  • Otros de los impactos derivados de esta crisis son:
  • Una crisis de salud que afecte a los operadores de las unidades.
  • El retroceso en los procesos de modernización del sector.
  • Falta de liquidez para hacer frente a las obligaciones con acreedores, como son los créditos de las unidades y refacciones para mantenimiento.

Se han realizado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir los costos de operación, a efecto de seguir prestando el servicio, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.

Se estima que el 38 por ciento de las personas han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria y esto ha ocasionado un aumento en su gasto en el doble o más del doble.

Se calcula que los servicios concesionados de transporte recuperen no más de 20% de su demanda habitual, lo que obligará a los transportistas a buscar medios alternativos de financiamiento.

La recuperación de la crisis del COVID-19 no puede significar “seguir haciendo las cosas como siempre” en el sector transporte.

El transporte público tendrá los siguientes retos:

1. Subsistir a la crisis financiera.

2. Adaptarse a nueva normalidad y modos de movilidad.

3. Evolucionar en nuevos modelos de negocio, operación y financiero.

EL GRAN RETO

A la discusión sobre la dificultad de movernos en las ciudades que se ha concentrado en el evidente crecimiento del parque vehicular, los altos tiempos de traslado, la calidad del servicio, el impacto en el medio ambiente y la falta de alternativas seguras, se suma el tema de adoptar todas las medidas sanitarias para la prestación del servicio del transporte público.

Uno de los principales retos identificados es la gestión de la demanda, ante la necesidad de dar respuesta a la oferta del transporte público que se necesita y, a la vez, proteger la salud de usuarios y empleados. Hacer compatibles los criterios sanitarios con los criterios de gestión de la movilidad es uno de los principales desafíos a los cuales se enfrentan los operadores de transporte.

Sin embargo, hay manera de reducir o eliminar los riesgos asociados a estos factores. La distancia, aunque no en todos los casos; el uso universal del cubrebocas, así como la higiene, sanitización y ventilación de las unidades y espacio.

Para recuperar a los usuarios al transporte público, los operadores y las autoridades tendrán que trabajar juntos para garantizar su seguridad:

1. Limpieza y desinfección de vehículos y estaciones con productos germicidas basados en cloro.

2. Mantener las ventanillas abiertas para garantizar la circulación de aire a pesar del clima.

3. Evitar aglomeraciones de pasajeros y asientos alternados: mantener distancias adecuadas entre los pasajeros.

4. Brindarles a los y las conductoras equipos de protección personal: mascarillas, guantes.

5. Lanzar campañas de información a efecto de disminuir los riesgos de contagio.

Con las medidas correctas, el transporte público puede ser seguro.

Es una realidad que el operador no puede solo, es necesaria la participación de las autoridades, y el Covid-19 presenta una oportunidad única de redefinir las políticas de transporte urbano:

1. Invertir en transporte público, programas de recuperación del sector.

2. Financiar el transporte público no solo con tarifas, que ha demostrado no ser una solución viable. Abordar el tema de subsidios con reglas claras de operación y mecanismos para el ajuste de tarifas que permitan el punto de equilibrio en la operación de los sistemas de transporte.

3. Mejora de la eficiencia en la prestación del servicio.

4. Creación de una infraestructura de autobuses y tránsito de alta calidad.

5. Desarrollo de políticas orientadas al transporte y movilidad.