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Senado aprueba la reforma de movilidad y seguridad vial

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Luego de más de 5 años de trabajo constante por parte de la sociedad civil organizada, su esfuerzo se ve recompensado pues con el aval de 23 congresos locales, el Senado de la República elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; luego de esto el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Senado de la República, declaró aprobado el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial; se remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

Una vez computado el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, el senador Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva, hizo la declaratoria de aprobación de esta reforma constitucional.

Se informó que fueron 23 congresos locales los que dieron su voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Esta reforma eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Asimismo, faculta al Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos.

El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil, quienes se han encargado de impulsar propuestas en materia de seguridad vial. Además, señaló que las y los integrantes de la comisión dictaminadora decidieron consultar a la ciudadanía para construir la propuesta con unanimidad de todos los sectores involucrados.

Rumbo a una Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial

En concordancia con el momento histórico que se vive se están realizando una serie de cinco jornadas de diálogos (de las cuales al cierre de edición se habían celebrado tres) para diseñar lineamientos para Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual participan expertos, autoridades, académicos y sociedad civil.

La Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado, La Cámara de Diputados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad, el Encuentro Nacional de diputados y diputadas locales de Movilidad y el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) convocaron el pasado 20 de noviembre a la primera sesión de los 5 diálogos para la construcción de lineamientos y temas clave a legislar dentro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

En estos se ha destacado que tras la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad, es necesaria la creación de una ley de movilidad que permita avanzar en una visión de movilidad con cero muertes, cero emisiones y cero exclusiones, que considere al sistema de movilidad como uno de los componentes más importantes de la estructura funcional y de servicio de las ciudades, y que, de estar bien gestionada, permita la realización de esta visión.

Como primeros resultados, se identificaron algunos aspectos necesarios a considerar para la formulación de la ley que permitan la articulación y alineación con otras normativas que tiene aspectos sobre la materia dada la transversalidad de la movilidad y la seguridad vial.

También destacó el tema institucional y cómo lograr, a partir de esta ley, atribuciones y competencias claras en los tres niveles de gobierno y las instancias correspondientes.

“Básicamente, para saber por quién mirar cuando hay que resolver un problema en materia de movilidad y seguridad vial”, destacó Alejandra Leal, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura.

El financiamiento de la movilidad también formó parte de los puntos conversados, el cual debe de estar claramente definido con fuentes de financiamiento y elementos que permitan priorizar la inversión, considerando los contextos y la forma en que las y los usuarios usan el sistema de movilidad, no descuidando las nuevas ofertas de servicio como las plataformas electrónicas, un tema importante aún sin resolver, y tomando en cuenta también que este nuevo marco normativo será la oportunidad de encontrar soluciones a estos puntos.

Los representantes del Senado y la Cámara de Diputados consideraron este ejercicio como una oportunidad para que todas las personas clave, promotoras e interesadas que hacen parte de la formulación de esta ley, puedan llegar a un consenso mínimo nacional de aspectos fundamentales que marcarán una pauta distinta y sin duda una transformación en materia de movilidad y seguridad vial.

Este proceso es complementario con el desarrollo de algunas mesas y talleres temáticos que desarrollará la Coalición Movilidad Segura. Entre los dos procesos se busca fortalecer el desarrollo de instrumentos legislativos que hagan posible el derecho a la movilidad.

Buscan consenso y experiencias

Al ser estos diálogos insumo para la integración de la Ley se ha buscado contar con la representación de todas las áreas que involucra la movilidad, representantes de instancias federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (SALUD-STCONAPRA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Mexicano de Transporte (IMT), y BANOBRAS; también legisladores y asesores del Senado y Diputados federales, autoridades y legisladores locales del Estado de México, Hidalgo, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Zacatecas.

También participaron representantes de la iniciativa privada, además de especialistas y organizaciones promotoras de esta ley como la Coalición Movilidad Segura, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), The Global Health Advocacy Incubator (GHAI), Reacciona por la vida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y Ciudad Humana.

De cumplirse con lo establecido, México contará con una Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial en el primer semestre del 2021.