En los últimos años, algunas acciones de movilidad realizadas por los ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara (AMG), han generado diferencias entre las autoridades, los habitantes del área de influencia donde se proponen realizar las acciones y los usuarios del vehículo particular, lo que significa que algo salió mal en el proceso de planeación, diseño e implementación de las acciones, lo cierto es que no podemos continuar incrementando las diferencias, contrariamente, debemos buscar como acortarlas.
Esta disminución la debemos fundamentar en uno de los mandatos de la nueva ley de movilidad y seguridad vial, toda acción debe cimentarse en evidencia científica y territorial, lo que disipará las dudas de los que conforman esta discrepancia. Ya que quedarán en evidencia los beneficios que se generen, o en su lugar los costos o externalidades negativas que ocasione el proyecto.
Está dividida la aceptación de las acciones de movilidad (principalmente en lo que corresponde a las ciclovías) realizadas por las autoridades municipales, y como base en la ley de movilidad y seguridad vial, el que escribe cree que es momento de hacer un alto en el camino y que los estudios que sustentan la implementación de las ciclovías se hagan del conocimiento de la población, esto con el objetivo de eliminar lo que el imaginario colectivo tiene en mente: ciclovías con muy baja afluencia de usuarios y la caída de la eficiencia del espacio disponible para los usuarios de los vehículos particulares.
Lo anterior será de gran valor para la ciudad y la sociedad en general, si las autoridades logran clarificar los beneficios que generan sus acciones, no solo con el acostumbrado discurso que ha enarbolado la sociedad civil organizada y que replica el gobierno emanado del partido movimiento ciudadano. Sino que, con base en la ley arriba señalada, y teniendo en cuenta que uno de sus objetivos aprobados es “promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial”, estoy seguro que lo anterior, eliminaría la incertidumbre que hoy vivimos.
Es importante dejar claro que de acuerdo a lo dicho por las autoridades, existe el soporte técnico para la construcción de las ciclovías, así como la definición de los beneficios a alcanzar. Por lo que de ser necesario, de la misma manera como se evalúen las nuevas acciones, se deben de evaluar las que están en operación, y comprobar si estas alcanzaron los beneficios pronosticados.
Con esto en mente, es necesario hacernos la pregunta obligada ¿cómo lograr dirimir las diferencias entre autoridades y usuarios de las vías urbanas?, es decir, ¿como los habitantes confiarían que las acciones realizadas por sus autoridades son las requeridas para el bien común?. Y obvio que su respuesta sería contar con información científica y veraz.
Sabemos que hay varios procesos de ingeniería de tránsito para obtener la información requerida, propongo que las acciones de movilidad deben de ser analizadas y evaluadas bajo el mismo protocolo, sean estas, grandes intervenciones o pequeñas intervenciones, y deben de estructurarse de la manera siguiente: el problema, definición de objetivos, investigación, análisis, diseño y costo-beneficio. Permitiendo definir acciones basadas en procesos científicos y no en ocurrencias de los responsables en turno.
En lo particular, la estructura que utiliza el PROTRAM (programa de transporte masivo) es obvio que es la de mayor alcance en nuestro país, y nos permitirá validar cualquier acción de movilidad, ya que uno de sus objetivos es hacer eficientes las vías urbanas, mejorando la calidad de vida de los que habitamos de esta ciudad, es decir, reducir las externalidades negativas que hoy padecemos. Es obvio que la dimensión del estudio dependerá del tamaño de área de aplicación y de la cantidad de población que se vea inmiscuida, sea residente o de paso.
Con base en el protocolo PROTRAM, propongo que todas las acciones que realicen los ayuntamientos debieran contar con los tres componentes para su análisis y determinación de acciones, siendo estos:
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Detectar cuales son los problemas que registra la zona de estudio propuesta en sus diferentes componentes, teniendo en cuenta que la estructura actual de la vía sufrirá cambios. Por lo que es necesario antes de realizar cualquier cambio en su uso, considerar lo siguiente:
A.I Determinar la distribución porcentual de los modos de transporte, incluyendo peatones, bicicletas y otros conocidos que integran la micromovilidad.
A.II Nivel de eficiencia de las vías en análisis
A.III Condiciones físicas de los recubrimientos viales
A.IV Dimensionamiento de las externalidades negativas existentes (seguridad vial, tiempo de desplazamiento y contaminación ambiental, entre otros).
PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO URBANO Y MOVILIDAD
Detectar cómo influye en los planes de ordenamiento urbano y movilidad los cambios que sufrirá la estructura de la vía, sabemos que, hoy la totalidad de la vía es de uso mixto y al modificarla reducirá el número de carriles, para segregar las ciclovías.
B.I En lo que se refiere al Desarrollo Urbano, detectar las desigualdades y requerimientos que generarán los cambios de acuerdo con los planes de desarrollo urbano que promuevan la sustentabilidad de la zona.
B.II De igual manera en los programas de movilidad, detectar las desigualdades y requerimientos que ocasionarán los cambios y seguir considerando a la vía como eficiente, segura y sustentable.
ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO
Detectar si los cambios propuestos generarán un incremento en las externalidades, de acuerdo a la línea base definida en el diagnóstico del estudio.
C. I Ahorros en los tiempos de traslados
C.II Ahorros en la generación de gases de efecto invernadero (GEI)
C.III Reducción de accidentes
C.IV Mejoras a peatones y ciclistas
C.V Mejora en el ordenamiento urbano
Finalmente, si el análisis costo beneficio nos arroja resultados positivos en los puntos arriba señalados, es obvio que la sociedad entenderá y aceptará que las acciones del gobierno se sustentan científicamente y que buscan el bien común, por lo que reducirían los conflictos y la pérdida de tiempo de la sociedad y los gobiernos municipales.
