Desde el 18 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), desde entonces se han realizado diversos foros, talleres, mesas de análisis y socialización tanto a nivel federal como estatal, todos con el objetivo de acordar las herramientas para su implementación, así como la armonización de las leyes estatales.
En estos foros y encuentros se han podido escuchar las experiencias de éxito de algunas entidades, así como la opinión de académicos y expertos en la materia, y si bien se está haciendo un gran ejercicio con la finalidad de salvar vidas y mejorar la movilidad, se puede identificar un gran ausente, las autoridades municipales, quienes tienen gran participación al momento de hacer cumplir los objetivos, ya que son ellos los encargados de la infraestructura en las ciudades, de hacer cumplir los reglamentos y la vigilancia, explica Gisela Méndez, directora de la consultora especializada en temas de desarrollo urbano y movilidad, Ensamble Urbano.
“Para que la seguridad vial realmente pueda verse en las calles, tienen que ser implementada por los municipios, los municipios son responsables de las vías, de la construcción de las vías, de las reglas de operación, de su operación y supervisión; entonces, es muy importante vincular a los municipios con más fuerza en este proceso”, comentó.
Gisela, quien además tiene experiencia como tomadora de decisiones ya que ha ocupado varios cargos públicos, considera que en esta primera etapa de implementación de la LGMSV se le ha dado un enfoque mucho más nacional.
“Creo que se le está dando un enfoque desde un escenario más nacional, más a nivel estatal, pero aún le hace falta bajar hasta los municipios, porque las instancias encargadas de que todo esto opere bien, no solo son los estados con la dotación de placas o licencias, es el municipio a través de varias direcciones como seguridad, obras públicas, reglamentos, y otros”.
Movilidad y transporte diferente para cada entidad
En los últimos meses se ha trabajado en que cada estado integre y armonice sus ley de movilidad de acuerdo a las necesidades de su comunidad, y que no sea una receta que se replica, esto incluye al transporte público, pues no todas las ciudades o poblaciones necesitan el mismo sistema de transporte público.
“En los últimos 15 años autoridades, expertos y academia hemos vendido esta idea de que si no tenemos un BRT en mente, entonces no tenemos la posibilidad de transformar el transporte; entonces, vendimos esta idea de tener que hacer grandes obras de infraestructura o grandes transformaciones tecnológicas, y olvidamos que hay ciudades que con una escala mucho más pequeña pueden satisfacer sus necesidades, y creo que se trata de eso, de buscar las mejores opciones de movilidad para cada lugar”, resaltó Gisela Méndez.
Agregó que “en nuestras población de 120 o 250 mil habitantes, posiblemente el modelo hombre-camión, con una mejor regulación, con mejores reglas de relacionamiento, con una sana y más justa operación del sistema y todos sus actores puede dar un mejor servicio, sin que se requieran grandes infraestructuras, cambio de tecnología, carriles confinados, etc. solo con una mejor regulación”.
La consultora en materia de movilidad hizo énfasis en que las grandes expectativas que se han generado en torno a la transformación de la movilidad y el transporte, dejan fuera a la mayoría del territorio nacional, que se nutre de ciudades medias y pueblos que no pueden aspirar y no necesitan un cambio de infraestructura y tecnología como pasa en las ciudades de México, Guadalajara, León o Monterrey.
Salvar vidas es el objetivo de la LGMSV, y para lograrlo, uno de los ejes torales de la estrategia es el transporte público, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con la Asociación Méxicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) que reúne a más de autoridades de 20 estados y un municipio ya trabaja en el desarrollo de una Política Nacional de Transporte Público Concesionado; este documento será una guía para la implementación de acciones que contribuyan a que los distintos sistemas de transporte en el país transiten hacia modelos cada vez más integrados y con una mayor participación de la autoridad.
“Porque este proceso también consiste en que las autoridades asuman el rol que les corresponde cuando se trata de garantizar el servicio de transporte y una buena movilidad para sus comunidades, ya no se puede dejar todo en manos del concesionario”, destacó Méndez.
La política nacional de transporte constará de 4 objetivos estratégicos, que integran los componentes de Territorio, Operación, Regulación y Prestación de Servicio.
