Las infancias un olvido permanente en la movilidad y el transporte de México - Pasajero7

Las infancias un olvido permanente en la movilidad y el transporte de México

INFANCIA

Desde una mirada de forma y fondo, en los últimos años las problemáticas y soluciones de movilidad y transporte se han venido abordando y tratando desde la forma, dejando de lado el fondo, y con ello una serie de vacíos que resultan en: acciones o intervenciones fallidas, inconformidad social o formulación de discursos a favor de la oposición política en turno.

Uno de los temas de fondo es el derecho pleno de la movilidad y transporte de las infancias en México*, tema que en un mínimo grado se empieza a abordar desde un ángulo de la apropiación del espacio público, y que escasamente se dimensiona en amplitud en el diseño, la planeación y la operación de la acción de moverse y transportarse en autonomía, igualdad, equidad y justicia por parte de las niñas y niños.

A nivel nacional los Estados de Aguascalientes, Ciudad de México y Sinaloa desde los 7 años una niña o niño puede hacer uso del transporte público de forma independiente, no obstante, en el Estado de Tabasco deben tener 10 años cumplidos.

En lo que se refiere hasta que edad a las niñas y niños se les debe cobrar por disponer del servicio de transporte público, a nivel nacional el rango se centra después de los 3 o 5 años. En este rubro destaca “solo por la mención en su marco jurídico” la fundamentación del Estado de Nuevo León donde establece que las niñas y niños de hasta 1.10 metros de estatura, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto, tendrán acceso al servicio sin un pago.

En lo que respecta, por ejemplo, al fomento de la movilidad activa, en el Estado de Quinta Roo su marco regulatorio establece que las y los menores de 10 años no deben conducir en bicicleta sobre las calles y avenidas  en tanto en el Estado de Sonora es hasta después de los 12 años, de acuerdo con su marco regulatorio, que deberían conducir en autonomía una bicicleta sobre la vía pública.

Los datos anteriores son parte de una investigación que estoy realizando a nivel nacional y lo que resalta es la limitación y restricción de la que son parte las niñas y niños de México condicionada a la estancia de su ubicación federativa, así como la discrecionalidad en los diversos criterios técnicos, operativos, entre otros, establecidos para la movilidad y transporte afines a las necesidades de estas infancias.

Con las reformas del 18 de diciembre de 2020 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se logró, con el Artículo 4, formular el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y con el Artículo 73, que habla de las facultades del Congreso de la Unión, expedir las leyes acordes al reconocimiento y respeto al derecho a la movilidad en el Gobierno Federal y en todas las entidades federativas de México. En consecuencia, resultó la tan esperada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV), misma que fue aprobada por el Senado de la República, el 5 de abril de 2020.

Por ahora se tienen muchas expectativas derivado de la LGMySV, no obstante, en la actualidad de las 17 entidades federativas que ya cuentan con una Ley de Movilidad Local (con cifras hasta 2021), no ha significado que exista una consideración de la autonomía y criterios que garanticen la igualdad, equidad y la justicia en niñas y niños para el uso del transporte público y la movilidad activa a nivel nacional.

La movilidad y el transporte, en el deber ser, tiene que contar con una base técnica y con fundamentos teóricos, pero también se deben acompañar de otros componentes, los cuales se tienen que reconocer e incluir en el diseño y ejecución de acciones de política o de programas públicos a partir de la base legal ya existente.

No se trata de inventar el hilo negro o actuar cuando el tiempo definido en los objetivos está por concluir, por ahora, la meta 10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enuncia que al 2030 se deben potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Mientras que la 11.2 señala que se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, así como mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños.

A nivel nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación), es clara y reconoce a este sector de la población como titulares de derechos: en su Artículo 13 estipula que tienen derecho a un trato igualitario, que nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud.

Finalmente, el mismo artículo afirma que para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta las necesidades específicas de cada niña o niño, según sea el caso, sin embargo, esto no pasa de ahí que mi intención con este texto ha sido dar un grado de visibilidad de lo que ocurre con la intención de comenzar a producir un interés de parte de los gobiernos y poderes legislativos, así como de otros sectores afines al tema para que se revierta el olvido de las infancias dentro de la mirada de la movilidad y el transporte de México.

*Para este texto, la mención de infancias o de niña o niño se refieren a personas de hasta 12 años incompletos de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México.