Hacia una movilidad incluyente en la nueva normalidad - Pasajero7

Hacia una movilidad incluyente en la nueva normalidad

 

foto alianza wriAutor: Ana María Martínez y Catarina Heeckt

anamaria.Martinez@wri.org

La existencia de un desarrollo urbano disperso, aunado a la falta de infraestructura de transporte segura y conectada, dificulta la movilidad y el acceso a las oportunidades de la mayoría de las mujeres en las ciudades mexicanas.

La dispersión urbana en México, la dependencia del automóvil particular, y las grandes inequidades en el acceso a oportunidades han exacerbado los impactos de la COVID-19 en las comunidades marginadas. La pandemia también ha resaltado la necesidad de enfocar esfuerzos no sólo en la movilidad (es decir, en qué tan eficiente es el movimiento de las personas en la ciudad), sino también en la accesibilidad urbana (que se refiere a la medida en que se puede acceder a empleos, servicios, bienes y otros recursos clave).

Este es un reto especial en las periferias de rápido crecimiento de las ciudades mexicanas, en las que el desarrollo disperso y desconectado de viviendas ha sobrepasado la provisión de servicios públicos formales. Lo anterior tiene grandes consecuencias, especialmente para las mujeres, quienes tienden a depender del transporte público en mayor medida que los hombres. No facilitar un acceso equitativo a las oportunidades urbanas a las mujeres a través de una infraestructura del transporte público bien conectada, activa y segura tiene consecuencias severas a nivel económico y social. En un principio, ello dificultará la recuperación post pandémica en México.

Sabemos que el género moldea los hábitos de movilidad de las personas, ya que afecta desde la elección de modos de transporte y de rutas, hasta los tiempos de traslado y la elección de vestimenta. En general, las mujeres tienden a presentar patrones de viaje más complejos y variados que los hombres al trasladarse en horas valle y realizar varios viajes cortos o fragmentados, lo que se conoce como trip-chaining (viajes en cadena). No obstante, la dimensión de género de la accesibilidad urbana todavía no se toma en cuenta en las políticas públicas, particularmente en la planeación de transporte.

Durante la pandemia, mientras que una minoría de mujeres de clase alta tiene la posibilidad de trabajar desde casa o transportarse en vehículos particulares, la mayoría de las mujeres mexicanas sigue dependiendo considerablemente del transporte público.

En la Ciudad de México, donde el 74% de los viajes se realizan en transporte colectivo, el 90% de las mujeres afirma haber experimentado alguna forma de violencia en sus viajes cotidianos.

La pandemia empeoró estos viajes, ya de por sí arduos e inseguros, al obligar a las mujeres a elegir entre trabajos remunerados y no remunerados y entre su propia seguridad y el cuidado de niños y ancianos, todo ello con opciones limitadas o subóptimas de movilidad, además de tiempos de traslado largos e impredecibles.

En México, las normas culturales y los roles de género fuertemente enraizados han contribuido en la exacerbación de los efectos de la pandemia. Hubo un aumento alarmante en la violencia doméstica y feminicida en México, lo cual empeoró una situación ya de por sí complicada respecto a la violencia contra las mujeres.

Aunado a lo anterior, a pesar de la baja participación de las mujeres en la fuerza laboral, con una tasa del 41.7% (en comparación del 73.5% de los hombres), muchos de los trabajos esenciales son realizados por mujeres, incluyendo más del 70% de las labores remuneradas de cuidado.

Esto incrementa la exposición de las mujeres al contagio por el nuevo coronavirus, a lo cual se suma que las mujeres desempeñan más del 75% de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerados. Además, las mujeres son más propensas a obtener trabajos precarios en la economía informal, lo cual se incrementó durante la pandemia.

El hecho de que la contingencia sanitaria tuviera un impacto negativo en la movilidad de las mujeres en México, lo anterior no significa que este deba ser un legado permanente de la pandemia. Existe una oportunidad real para transformar los usos de suelo y los sistemas de transporte en México para brindar a las mujeres mayor y mejor acceso a la amplia gama de oportunidades urbanas, más allá de la esfera privada del hogar. Diseñar sistemas de movilidad urbana que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres (y las de los infantes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores) conduce a un transporte de mayor calidad, más seguro y eficiente para los residentes urbanos. La movilidad incluyente es una precondición esencial para reactivar la economía y asegurar que México pueda recuperarse rápidamente del shock económico y social que ha traído consigo la crisis.

Un número creciente de ciudades enfrenta retos similares. Bajo el liderazgo de la Alcaldesa Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México introdujo el Plan de Género y Movilidad 2019-2024, el cual aborda las necesidades de movilidad diferenciadas de las mujeres y plantea estrategias para mitigar problemáticas como el acoso sexual y la participación desigual en el sector. Esto asemeja esfuerzos en otras ciudades latinoamericanas como Bogotá y Medellín.

A pesar de estos esfuerzos importantes a nivel de las ciudades y de la fuerza de los movimientos tanto de activistas feministas como de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno nacional carece todavía de una aproximación comprehensiva del género para entender los problemas más profundos en México.

La administración actual, entrada en vigor en 2018 bajo la promesa de apoyar especialmente a la población más vulnerable, dio un giro hacia la austeridad sin precedentes. Lo anterior se utilizó para justificar recortes a múltiples programas que directa o indirectamente benefician a las mujeres, incluyendo la reducción del 75% del presupuesto de varias entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres, un alto casi total a los apoyos federales para proyectos de movilidad urbana a través de la eliminación del Fondo Metropolitano. y el futuro incierto del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

En la recuperación postpandémica se invertirá mucho más dinero que el que se ha gastado en varias generaciones precedentes. Esto no sólo moldeará el futuro del desarrollo urbano en México, sino que también determinará si las mujeres saldrán beneficiadas o no. Un par de soluciones que traerían ventajas para todas las partes involucradas serían abordar el tema de la equidad de género en el transporte y generar resiliencia en las ciudades mexicanas.

Incorporar la equidad de género en todos los ámbitos de la formulación de políticas urbanas

La transversalización de la perspectiva de género significa su integración en todas las etapas de la creación de políticas, programas y proyectos de todos los niveles. Esto requeriría la adopción de una política urbana nacional (que hace falta en México), que explícitamente reconociera la importancia de eliminar los sesgos de género en la planeación urbana. Esta política debería definir claramente roles, mecanismos de coordinación para la planeación y colaboración a través de diferentes sectores y niveles de gobierno, y proporcionar una visión amplia para asegurar la coherencia política e incentivar prácticas urbanas más equitativas y sostenibles.

Incluir a las mujeres en la toma de decisiones y recolectar datos desagregados por género

El Gobierno mexicano debería invertir en programas para asegurar que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo, con un nivel de participación significativo en los diferentes niveles de gobierno. Dado que la efectividad de las políticas públicas depende en gran medida de los datos que las informan, promover la recolección de datos desagregados por género y la evaluación de proyectos con enfoques diferenciados permitiría asegurar que las necesidades de las mujeres estén en el centro de futuras iniciativas de transporte y de accesibilidad.

Adoptar presupuestos con perspectiva de género para apoyar las inversiones en transporte público y movilidad activa

La presupuestación con perspectiva de género puede mejorar la efectividad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia de las políticas públicas. Hasta el momento, menos del 10% del presupuesto federal en transporte se destina al transporte público, a pesar de que más del 50% de los viajes se realizan en ese modelo. Lo anterior no necesariamente implica que se requiera un aumento en el presupuesto total para el sector transporte, sino una repriorización del gasto público, orientado hacia inversiones que reflejen las necesidades de movilidad de las mujeres mediante un énfasis en el transporte público y la movilidad activa. Financiar nueva infraestructura es esencial, pero esto necesitaría estar acompañado de inversiones constantes en operación y mantenimiento para asegurar que la experiencia de viaje sea segura, placentera y eficiente para las mujeres.




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