GOBERNANZA DE LA MOVILIDAD EN MÉXICO - Pasajero7

GOBERNANZA DE LA MOVILIDAD EN MÉXICO

GOBERNANZAPara alcanzar la gobernanza de la movilidad en México aún falta mucho trabajo de coordinación entre todas las partes que están involucradas, autoridades de diferentes niveles de gobierno, empresarios e industria, y aunque a decir de expertos hay avances, la tarea pendiente es mucha, por lo que todavía deberán pasar algunos años antes de que en las ciudades se ofrezca un servicio de transporte de calidad, y se comience a reestructurar la ciudad con un mayor sentido social.

La gestión de la movilidad, es decir, la provisión de infraestructura y servicios de movilidad, suele depender de múltiples instituciones de diferentes niveles de gobierno, con poca o ninguna coordinación entre ellos, lo que deriva en duplicación de acciones, ineficiencia en el uso de recursos públicos y privados, y servicios de mala calidad”, detalló Fernando Páez, director de Movilidad Urbana del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México).

La coordinación es necesaria para atender la movilidad de manera integral, es decir, implica resolver el problema de la congestión vehicular, los impactos medioambientales, la desigualdad social, la prevención de accidentes viales, la seguridad, la accesibilidad y la recuperación de espacios públicos, entre otros.

Durante la transmisión de Diálogos de Movilidad, una producción de Pasajero7, Gisela Méndez señaló que para lograr una  la coordinación entre los actores es básica, ya que deberán trabajar temas de infraestructura, transporte, uso de suelo, equipamiento urbano e inversión que deberá jerarquizarse poniendo al ciudadano al centro; para lograr avanzar de manera eficiente es necesaria la coordinación y la delimitación de tareas.

No será posible avanzar de manera efectiva y lograr los impactos ambientales, económicos y sociales esperados si no se cuenta con una delimitación de actores, competencias y funciones, es decir, que haya claridad sobre quién hace qué y con quién debe interactuar para lograr estos objetivos”.

A decir de los expertos, adicionalmente, es necesario crear nuevas capacidades de gobernanza que vinculen a la ciudadanía y a otros actores que puedan aportar a la toma de decisiones para el beneficio colectivo.

“Se requiere entonces de estructuras normativas e institucionales como condición para garantizar la planeación de la movilidad, contar con mecanismos de regulación y control, desarrollar programas de seguridad vial y personal, capacitación y comunicación permanente con los usuarios, así como disponer de sistemas para la medición, seguimiento y evaluación”, indicó Páez.

Estructura institucional

Por muchos años la movilidad no era un tema importante en la agenda política y por lo tanto las dependencias para atenderla eran casi nulas, como lo explicó Gisela Méndez, desde los años 80 que se decidió otorgar casi todos los poderes de decisión, regulación, planeación y establecer la calidad del servicio a los privados, sin una participación fuerte del Estado, lo que hizo México fue entregar esta gobernanza y no participar en ella o participar de una forma mínima.

“El Estado sale de la gobernanza y deja de tener realmente un papel rector, ahora  cuesta trabajo regresar porque todavía estamos en una fase en donde las áreas de transporte siguen estando dentro de la secretarías generales de gobierno, en la mayoría de los casos; cada vez más, y no tenemos muchos años de eso, a lo mejor unos 7 u 8 años que se empiezan a transformar las secretarías de transporte a secretarías de movilidad, o pasamos de las direcciones de transporte a las secretarías y apenas se empieza a tomar en serio la movilidad y sus efectos en la vida de la población”.

Los expertos coincidieron en que algunas ciudades han avanzado, con el establecimiento de instituciones y la gestión de la movilidad, esto ha permitido que poco a poco  se vaya logrando identificar que el cambio institucional es evolutivo y requiere tiempo para su consolidación.

Al respecto, también es importante mencionar que “la estructura institucional debe ser diseñada de acuerdo con los contextos políticos y administrativos de cada país o ciudad, y que el cambio institucional será exitoso solamente si se cuenta con el financiamiento necesario. Este último aspecto otorga poder a las instituciones y permite el cumplimiento de los objetivos”, destacó Páez.

Es necesaria que la solución a la movilidad sea vista por parte del gobierno, desde las capacidades y necesidades de la población para moverse, en vez de la capacidad de los medios de transporte para trasladar pasajeros de un punto a otro.

Para enfrentar este problema, México no cuenta con una estructura institucional robusta. Las competencias frente a la gestión del sistema de movilidad están distribuidas en los tres niveles de gobierno, por lo que existe multiplicidad de ordenamientos que, en la mayoría de los casos, están inconexos; esto provoca que no exista convergencia entre sus directrices y políticas, sino una intersección distorsionada. Por otra parte, no existe marco legal para el orden metropolitano, señalaron los expertos.

La falta de vinculación entre las dependencias existentes que intervienen en la movilidad, aún genera confusiones a nivel federal, el poder ejecutivo cuenta con secretarías especializadas para el despacho de los temas administrativos. Los temas de movilidad están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo referente a transporte suburbano y ferroviario, así como caminos y puentes federales. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se encarga de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna y el desarrollo urbano.

A nivel de los estados, éstos tienen el encargo de regular, controlar y asegurar los servicios que no les son expresamente atribuidos a los municipios o a la federación.

En este sentido, hay quienes consideran que los servicios de transporte son de competencia de los estados, sin embargo, algunas posturas establecen que es una atribución de los municipios, pero solamente cuando esto se disponga en las legislaturas estatales. Aún con esta situación, la planeación, gestión y control del transporte público, es una competencia residual para los estados, que se limita a la asignación de concesiones de transporte. Vale la pena destacar que, por ejemplo, la autoridad para el transporte público forma parte de diferentes instituciones, de acuerdo con el estado.

“Si bien el panorama mexicano aún está lejos de la visión de ciudades con movilidad urbana sustentable, en el último sexenio se destacan avances que permiten un cambio respecto a los temas mencionados, entre ellos: la transición del concepto de transporte hacia una noción integral de movilidad; la declaratoria de la movilidad como derecho; la formalización de la gestión de la movilidad a través de la creación de instituciones públicas especializadas y la formulación de instrumentos de política y planeación de la movilidad, y el desarrollo de programas específicos para la promoción del transporte público y no motorizado”, agregó el Director de Movilidad Urbana del WRI.

Aun con los avances que se registran, queda pendiente la creación de marcos normativos e institucionales claros, la generación de una planeación a largo plazo, la creación y mantenimiento de capacidad técnica en los estados y municipios, la asignación de recursos a programas con reglas que exijan la continuidad de los proyectos más allá de los tiempos políticos y, por último, la cualificación de los procesos de participación ciudadana en las decisiones para garantizar el compromiso y permanencia de los proyectos en materia de movilidad.

TABLA 1

El reto institucional está en el diseño de un marco de competencias en el que hay claridad sobre quién formula la política, quién ejerce la política y garantiza su implantación, regulación y control, quiénes son los gestores que operan los diferentes elementos del sistema de movilidad y la creación de instituciones con alta capacidad técnica para ejercer esas competencias. Esto implica, adicionalmente, la creación de mecanismos de coordinación institucional para la toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades de cooperación y coordinación administrativa.

En el mismo artículo desarrollado por Fernando Páez, se exponen una serie de propuestas para avanzar hacia una política de  movilidad efectiva.

TABLA 2

1. Formulación de una política nacional de movilidad sostenible

Es necesario definir y generar un marco de política nacional que establezca la movilidad como un factor determinante en los procesos de planeación de las ciudades. La política debe formular los lineamientos para la gestión integral de la movilidad sostenible y estructurar sistemas de movilidad acordes con el desarrollo sostenible de las ciudades. Esta política debe permitir:

  • Avanzar en la definición de las competencias del nivel federal, estatal y local, en el marco de las disposiciones constitucionales y legales.
  • Fortalecer la capacidad institucional en estados y municipios para la planeación y ejecución coordinada de proyectos de movilidad articulados con ordenamiento territorial.
  • Formular medidas prácticas que aporten a la disminución de vehículos en las calles, promover la movilidad activa como la bicicleta y la caminata, y transformar los sistemas de transporte público.
  • Promover la formulación de instrumentos de planeación y gestión en movilidad sostenible que se articulen con los lineamientos de ordenamiento del territorio.

2. Coordinación Metropolitana

Es clave lograr armonía y coherencia entre los proyectos del sistema de movilidad de las ciudades con los de otros entes territoriales, sobre todo en los municipios conurbados. Esto implica establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan, en el nivel metropolitano, integrar la política de movilidad sustentable con los sectores de vivienda, urbanismo, medio ambiente y energía, de acuerdo con la visión integral que define la Política Nacional de Movilidad Sostenible. Una de las herramientas para hacer esto posible es la formulación de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable para las áreas metropolitanas, los cuales se deben desarrollar considerando los lineamientos que para tal fin emita la SEDATU.

3. Planeación integral

La planeación debe ser una actividad continua que garantice la formulación, aprobación ejecución y evaluación de los proyectos de movilidad. Estos planes deben ser el instrumento para gestionar la movilidad sustentable. Para hacer  realidad la planeación, se deben establecer mecanismos que permitan valorar las prioridades de ejecución en función de las necesidades de los habitantes, del contexto urbano, regional y económico. En este sentido, es fundamental que los procesos de planeación de la movilidad estén basados en marcos que determinen con claridad sus propósitos y los elementos de integración y balance con el ordenamiento territorial, en fases para su implementación y los componentes estratégicos para su aplicación.

4. Claridad en las competencias y capacidad técnica y de gestión de los gobiernos

La intervención de las autoridades en la gestión del sistema de movilidad es esencial para garantizar el correcto ejercicio del derecho a la movilidad.

Éstas deben tener claras las competencias asignadas y ejercidas bajo criterios de concurrencia y complementariedad. Esta asignación de competencias permitirá una mejora en la toma de decisiones sobre la priorización de las inversiones, los estudios necesarios, el uso de los recursos y los adecuados procesos de implantación y seguimiento de proyectos.

Los marcos normativos en el nivel federal y local deben revisarse y actualizarse en concordancia con la política nacional de movilidad y considerando la experiencia que se ha logrado compilar a partir de los avances institucionales y en el desarrollo de proyectos de los últimos años. Esta revisión normativa debe tener la premisa de contar con procesos institucionales ágiles, pero que garanticen rigor en la toma de decisiones y en la priorización y uso de los recursos.

Derivado de lo anterior, se debe exigir que las dependencias a las que se asignen las competencias en materia de movilidad sustentable, a nivel estatal y municipal, expidan herramientas técnicas (manuales, reglamentos) que guíen de manera más eficiente la gestión y que faciliten el seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas.

A nivel federal establecer una institución, como figura rectora para la movilidad sustentable que, respetando la autonomía de las entidades, permita integrar y fortalecer el marco jurídico y normativo, establecer políticas, procesos y esquemas de articulación entre municipios, estados y el gobierno federal, así como detonar procesos de planeación eficientes, acelerando la transformación del transporte en las ciudades.

En el nivel local, se deben crear instancias gestoras de la planeación, operación y control de los servicios de transporte que cuente con el respaldo político y la fortaleza técnica para llevar a cabo los proyectos con calidad técnica, y con los elementos jurídicos y financieros que garanticen su sostenibilidad.

La creación de programas para el fortalecimiento de la capacidad técnica es una acción necesaria para la ejecución de la planeación, formulación y ejecución de políticas públicas. En este aspecto se deben facilitar los escenarios para compartir los aprendizajes, retos y fallas en desarrollo de los proyectos.

5. Continuidad de los proyectos

Con el fin de asegurar la ejecución real de planes, programas y proyectos de movilidad urbana, las autoridades deben asegurar su implementación más allá de los cambios de administración. La proyección a futuro de las ciudades es un compromiso que trasciende periodos de gobierno, por esta razón, se debe establecer normativamente la obligación de los gobiernos de dar continuidad a la implantación de las políticas y proyectos de movilidad sostenible establecidos en los planes de movilidad, siempre en concordancia con las políticas y planes de desarrollo urbano y considerando el cumplimiento de metas concretas en diferentes horizontes de tiempo.

La continuidad de los proyectos tiene un impacto en el compromiso y la apropiación por parte de los ciudadanos, dado que se identifican con los objetivos y pueden sentirse en parte vinculantes de su concreción.

6. Viabilidad y sostenibilidad financiera

Las estrategias, programas y proyectos de movilidad sustentable deben tener factibilidad técnica y financiera en concordancia con los planes, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas; ello implica considerar la capacidad de la administración para su ejecución.

Se deben establecer los mecanismos para expedir conceptos de viabilidad de los proyectos que además de revisar la pertinencia y consistencia técnica cuente con las proyecciones sobre las fuentes de financiamiento, así como las proyecciones de ingresos y gastos que garanticen su sostenibilidad financiera.

Solamente de esta forma se logrará una optimización de los recursos destinados a los proyectos para una relación costo-beneficio positiva.

7. Fortalecimiento y continuidad del Programa de apoyo federal al transporte masivo

Es urgente evaluar el impacto del PROTRAM, revisar su funcionamiento y mejorar los mecanismos que permitan al gobierno federal dar continuidad al cofinanciar sistemas de transporte público urbano, pero con una visión mucho más amplia hacia proyectos de movilidad.

Lo anterior implica fortalecer los requisitos para acceder a los recursos que ofrezca el programa y garantizar por lo menos que los proyectos a financiar se incluyan en los planes de movilidad urbana sustentable y que sean concordantes con el plan de desarrollo urbano; que cuenten con la estructuración técnica, legal y financiera a un nivel de detalle; que los proyectos prevean los recursos para la intervención de otros sistemas de la ciudad que se vean impactadas por el desarrollo del proyecto como son las redes de servicios públicos.

Por otra parte, que los proyectos que sean objeto de apoyo sean relevantes para atender y atraer la demanda hacia medios de transporte sostenibles, infraestructura que facilite los viajes en bicicleta, espacio público que facilite los viajes a pie, infraestructura dedicada a la intermodalidad, incorporación de auditorías de seguridad vial, y los estudios de relación costo-beneficio.

Ampliar el programa actual para incluir otros municipios con población inferior a 500 mil habitantes y que se consideren variables socioeconómicas, de transporte y desempeño fiscal de los estados.

Por último, se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación antes, durante y después de la implementación de los proyectos. Lo anterior implica que los beneficiarios de los apoyos deben entregar los informes que den cuenta del desarrollo de los proyectos y que estos tengan el carácter de información pública para que puedan ser consultados por los diferentes actores públicos y privados interesados.

8. Participación y corresponsabilidad social

Las autoridades deben garantizar procedimientos efectivos de participación ciudadana para la toma de decisiones asociadas con la movilidad, basándose en soluciones colectivas que resuelvan los desplazamientos de toda la población y que promuevan nuevos hábitos de movilidad a través de todas las aportaciones de los actores públicos.

Mientras no se avance en los puntos antes expuestos para lograr una mejor gobernanza de la movilidad, las ciudades en el país seguirán operando con sistemas de movilidad desconectados, ineficientes, inseguros y contaminantes; los gobiernos seguirán aplicando un presupuesto que favorece el uso del vehículo particular, el congestionamiento vehicular y los largos tiempos de traslado, que se traducen en fuertes pérdidas económicas y mala calidad de vida.




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