GLASGOW COP26: SALDOS PENDIENTES Y CUENTAS POR CUBRIR - Pasajero7

GLASGOW COP26: SALDOS PENDIENTES Y CUENTAS POR CUBRIR

imagen para simusAutor: Martha Gutiérrez 

Los gobiernos de América Latina deben encarar con acciones concretas, coherentes y financiables para poder honrar la fórmula del Cambio Climático:

O Emisiones – 1,5 °C Calentamiento Global = Planeta Vivo y Sano

Si empezamos por hacer un balance de la COP26 en cuantificar los pasivos existentes con que llegan los países a la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas de Cambio Climático a Glasgow, nos encontramos con un gran saldo por cumplir en los compromisos asumidos y, esto de entrada, ya pone de presente la necesidad de lograr acuerdos concretos y coherentes que cuenten con fuentes de financiación ciertas y sostenidas para alcanzar las metas ambiciosas trazadas en el corto plazo (2022); en el mediano plazo (2030-2040) y en el largo plazo 2050.

Y es que los resultados hablan por sí solos: el aumento de la temperatura de aproximadamente 2,7 grados muestra que los recortes de gases de efecto invernadero han sido insuficientes lo que deja al planeta más lábil y vulnerable a catástrofes naturales por el calentamiento global. La concentración de estos gases en la atmósfera en vez de disminuir está aumentando, por lo tanto, los compromisos eficaces de apoyo al cambio climático ya no sólo deben estar directamente en cabeza de los gobiernos nacionales sino también de los gobiernos Subnacionales que son quienes finalmente afrontan y encaran la realidad y necesidades de la gente en las ciudades.

Son los alcaldes, gobernadores y prefectos, los que pueden implementar proyectos que impactan positivamente a las sociedades en el ámbito económico y productivo, ambiental, social y de movilidad sustentable.

Claramente los impactos negativos nos afectan a todos, por ende, el esfuerzo y compromiso es de todos si queremos una solución integral: Autoridades, funcionarios públicos de orden nacional, subnacional y supranacional, academia, organizaciones multilaterales, gremios, activistas, sociedad civil impulsando cambios de hábitos de vida y uso de los recursos. Finalmente, el sector privado cierra este ecosistema de actores claves porque a través de su apoyo y compromiso, apalancan iniciativas transformadoras, innovadoras y esquemas de financiamiento y modelos de negocio verdes.

Ya a puertas de concluirse la COP26, uno de los principales saldos que aún no se logra concretar y sigue siendo incierto es ¿cómo se podrá financiar los acuerdos a que se lleguen?, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento ciertas y sostenidas que apalanquen los compromisos que están siendo asumidos por los gobiernos?, ¿quién realmente financia?, ¿cómo serán los mecanismos para canalizar, asignar y verificar que los recursos lleguen?, sobre todo a los países subdesarrollados que todavía siguen esperando la promesa de los 100.000 millones de dólares anuales que se comprometieron a dar los países más desarrollados, para ayudarlos a adaptarse a las acciones de mitigación del cambio climático y poder resolver los problemas de desastres naturales que ya han tenido que asumir  y que todo se ha visto agravado gracias a la crisis de salubridad pública generada por la pandemia del COVID19.

El registro que se tiene del primer ejercicio sólo alcanzó los $79,600 millones de dólares, por lo tanto, la brecha es cada vez más grande y suma a los tantos saldos por cubrir; las preguntas siguen siendo: ¿cuándo, cómo y quién? Se ha hablado de la necesidad de fijar un Plan de Financiamiento que canalice recursos públicos y privados para impulsar la transición hacia la neutralidad de carbono y ayudar a las ciudades vulnerables a enfrentar los impactos climáticos, pero en la realidad eso no está ni claro ni definido y lo que hemos visto son grandes discursos retóricos de los altos representantes de los Gobiernos Nacionales y Locales, que han dejado claramente expuestos en anuncios más que en actos de gobierno con fuerza vinculante y financiados, compromisos que superan sus actuales gobiernos pero si comprometen a las futuras administraciones que tendrán que responder en los próximos 30 años con vista al 2050 con el objetivo común de alcanzar la carbononeutralidad,  es decir, lograr que las emisiones sean equivalentes a cero y para conseguirlo, se requiere de crear planes de acción concretos, eficientes y efectivos para reducir, compensar y/o remover las emisiones generadas, ya sea por una empresa, industria, ciudad o país, esto sin duda es crucial para alcanzar un planeta vivo y sano que nos permita alcanzar un mejor nivel de calidad de vida.

Por lo tanto, ha surgido la iniciativa del Fondo Subnacional para el Clima, justamente como respuesta para resolver el vacío de financiamiento de los gobiernos locales que no alcanzan a cubrir las grandes inversiones de proyectos de infraestructura para la mitigación y adaptación al cambio climático que están en un  rango de inversión económica de entre 5 y 75 millones de dólares, los cuales no son sujeto de crédito de los bancos por el alto riesgo de la inversión, es que se crea el Fondo Subnacional para el Clima, con el objetivo de alcanzar los 750 millones de dólares para infraestructura de mitigación y adaptación al cambio climático aunque, por ahora, solo están asegurados 150 millones que provienen del Fondo Verde para el Clima (https://www.greenclimate.fund/). El desafío que esperamos ver plasmados en los acuerdos a suscribirse en Glasgow COP26, por parte de los actores públicos y privados; son  políticas fiscales de financiamiento verde y apoyo claro que permitan de una parte, crear un ambiente institucional que reduzca la incertidumbre y los riesgos del inversor y, de otra, promover la sostenibilidad que la región debería llevar a cabo durante la próxima década (impuestos sobre el carbono, reducciones de impuestos, financiamiento en condiciones favorables para las inversiones, modelos de negocio verdes, establecimiento de una nueva estructura de incentivos a favor de la inversión, la generación de empleos de mayor productividad), por lo menos a los 33 países de América Latina y el Caribe que se han comprometido con metas de mitigación y adaptación.

América Latina de cara a sus realidades y compromisos

Es bien sabido que Latinoamérica y el Caribe, cuenta con más de 625 millones de habitantes, lo que le da el honroso segundo lugar en la región de ser la más urbanizada del mundo, con 8 de cada 10 personas viviendo en ciudades, lo que le hace asumir acciones concretas, coherentes y financiables para encarar los ambiciosos retos de mitigación del cambio climático. Las ciudades pueden forzar cambios y políticas a nivel nacional, por eso la importancia de fortalecer los liderazgos que deben asumirse desde los gobiernos subnacionales y el apoyo de la banca multilateral, organizaciones financiadoras y gobiernos supranacionales son determinantes. No sólo son el motor económico, sino que además definen la calidad de vida de cerca del 80% de la población –porcentaje que tiende a crecer a medida que aumente el crecimiento urbano sobre todo con fenómenos de migración que estamos enfrentando- y, al mismo tiempo, sufren los mayores impactos económicos de desastres climáticos como huracanes e inundaciones que han devastado poblaciones enteras.

Por ello se considera que las ciudades desempeñan un papel fundamental en la batalla contra el cambio climático y esa sin duda es la motivación que ha llevado a más de 33 países a concretar compromisos de mitigación y apoyo.

Pero ¿cómo está América Latina y el Caribe camino a la transición energética?, una buena mirada la podemos tener del reciente estudio publicado por la CEPAL a raíz de las consecuencias del COVID19 cómo construir un nuevo futuro de recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (2020), informa que las energías renovables no convencionales (biomasa, solar, eólica, geotérmica y biogás) representaron el 5% del total del consumo de energía primaria en América Latina y el Caribe en 2018, mientras que el promedio mundial fue del 4%. En términos sectoriales, el transporte es el mayor consumidor de energía final en la región, el 99% de la cual proviene de combustibles fósiles. 

La participación de las energías renovables no convencionales en la producción de electricidad en la región aumentó cerca de un 4% en 2010 a aproximadamente un 12% en 2018, lo que representa un crecimiento anual promedio del 23,6% durante el período (BP, 2019).

En esta evolución, destacan algunos países: en Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y, en América del Sur, el Brasil, Chile y el Uruguay. Pese a ello, el porcentaje de oferta de fuentes renovables en la matriz de la oferta primaria de energía creció menos de un 1% entre 2000 y 2017. Más aún, en la zona andina, México y el Caribe disminuyó el índice de renovabilidad, definido como el porcentaje que representa la oferta de energía primaria renovable respecto a la oferta total de energía. Entre 2000 y 2017, la generación total de hidroenergía ha disminuido un 15%, mientras que la generación a partir de combustibles fósiles aumentó un 7,5%. Por ende, considera el estudio que el sector eléctrico regional, tendrá prácticamente que duplicar su generación para satisfacer la demanda proyectada,

Las iniciativas encaminadas a dar estabilidad y flexibilidad a los sistemas eléctricos de la región serán muy importantes y requerirán un alto grado de inversión y regulación pública, así que estas son otras de las cuentas por cubrir que esperamos se puedan dejar claras en los acuerdos en Glasgow. La complementariedad y cooperación entre ciudades y países puede ayudar a impulsar inversiones a gran escala e infraestructuras con el fin de viabilizar la integración eléctrica regional que aumente la seguridad y la sostenibilidad del abastecimiento y apalanque un desarrollo acelerado e integrado en la región, que es el que esperamos se dé a partir de la importancia de compartir y transferir los aprendizajes (prueba y error) que países como Chile, Colombia, Uruguay, 

Ecuador, Costa Rica, han venido desarrollando de manera acelerada en este último decenio. Ejemplos claros, tenemos desde los contratos de compraventa de electricidad, conocidos como contratos de compraventa de energía, deben evolucionar ante la nueva realidad de las energías renovables y la transición energética. El cambio de innovación tecnológica implica modificaciones de los mecanismos tarifarios, contractuales y de adaptación de las infraestructuras; modelos de esquema de financiamiento con apoyo público como garante con nuevos esquemas del modelo de negocio asociado a las concesiones de los Sistemas de Transporte Masivo de los cuales América Latina es líder mundial (Chile – Colombia).

Y fue justamente anticipando la COP26, que varios líderes subnacionales asumieron el compromiso conjunto de que para el año 2040 sea el límite de la neutralidad de carbono, durante el Iberoamérica Earth Day Summit, realizado en Washington D. C., el 21 de abril de éste año, que contó con la participación de Felipe Alessandri, alcalde de Santiago de Chile; Nasry Asfura, de Tegucigalpa; Ernesto Muyshondt, de San Salvador y Carolina Mejía, de Santo Domingo. Evento que fue presidido por otro encuentro llevado a cabo en Quito, Ecuador en enero de 2019, donde los líderes de los gobiernos locales de Buenos Aires; Ciudad de México, Curitiba; Guadalajara; Lima; Medellín; Río de Janeiro; Salvador y São Paulo hicieron manifiesto su compromiso de implementar acciones ambiciosas contra el cambio climático comprometiéndose así a contribuir de manera proporcional al Acuerdo de París en los diferentes sectores que cubren el acuerdo.

  • Es así como Quito viene actualizando su Plan de Acción Climático para el 2050, como parte de las políticas públicas que vienen impulsando con el objetivo de lograr un desarrollo bajo carbono y resiliente. Por su parte, Chile que ha asumido un gran liderazgo en la región por haber sido el primer país que con gran liderazgo y compromiso a través de la adopción de Políticas Públicas transversales para alcanzar carbono neutralidad al 2050, han expedido una serie de medidas y proyectos que han completado un círculo virtuoso para hacer más eficiente hacia la transición del cambio: reduciendo emisiones generadas por el Transporte Público, la reconvención de la matriz bioenergética, estructurar el ecosistema que tenga la capacidad para alimentar el sistema de electromovilidad que vienen liderando en la Región, un cambio del modelo financiero y de negocio y la adopción del uso de nuevas tecnologías, todo enfocado en ofrecer servicios de alta calidad y bienestar para la sociedad.

imagenes cambio climatico

Cada ciudad y país tiene realidades muy diferentes, sin embargo, podemos decir que los países que más han avanzado en la adopción de políticas públicas que incentiven la electromovilidad son Costa Rica que tiene una política pública clara hacia una mentalidad más verde; por su parte Colombia, tiene muchos beneficios para vehículos eléctricos; Chile cuenta con una gran oferta de vehículos eléctricos y avances en el uso de hidrógeno; mientras que México, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Argentina están en proceso de desarrollo de sus planes o estrategias de política pública.

Finalmente, destaco que Bogotá, se suma a las ciudades de Hualpén (Chile) y Recife (Brasil), que aprueban la declaratoria de Emergencia Climática como un mecanismo para emprender acciones y estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático en sus territorios mediante Acuerdos Distritales/Municipales de sus respectivos Concejos, y la alcaldía a partir de dicha declaratoria, fija metas e inversiones específicas para reducir la mitad de sus emisiones generados por el transporte público, la deforestación, el uso inadecuado en el manejo de residuos sólidos y la construcción.

Estas ciudades son un claro ejemplo positivo de gobiernos de América Latina, que están encarando con acciones concretas y coherentes poder honrar la fórmula del Cambio Climático: O Emisiones – 1,5 °C Calentamiento Global = Planeta Vivo y Sano; podrán contar con presupuestos, esquemas de financiamiento público / privados a partir de lineamientos estratégicos y políticas para combatir los impactos y lograr transformaciones masivas a las que aspiramos para obtener el resultado de la fórmula: Lograr un planeta vivo, sano, que salve vidas, mejore las condiciones de salud pública, proteja los recursos naturales vitales como el agua, la tierra, el aire y todo ecosistema.

La invitación es pues, a implementar la fórmula todos, sin distinción de condición alguna.