Estructurar, regularizar y mejorar el transporte público en el Estado de México se ha convertido en una urgencia permanente con la que se aprendió a vivir desde hace años. Ciudadanos, activistas y transportistas coinciden en que las próximas elecciones podrían ser un punto álgido para por fin amagar con la promesa incumplida.
Aunque combis, microbuses y colectivos son el principal medio de transporte para la mayoría de los habitantes, para el año 2021 se contabilizaron sólo 50 mil autobuses para pasajeros frente a los 6 millones y medio de automóviles particulares. Peor aún: a diferencia del año anterior (2020) se registró una disminución en la cifra de buses para pasajeros de más de 7 mil unidades, de acuerdo a registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La mala calidad del servicio persiste.
Activistas: El poder de los transportistas y la falta de voluntad política
Ciudadanos y activistas dedicados a la defensa de una movilidad segura y digna coinciden en que persiste una falta de voluntad política para mejorar el transporte público concesionado en la entidad. También ven una especie de “mafia” conformada por algunos transportistas que se resisten a generar o cooperar en un proceso de cambio.
El Edomex es el segundo estado que aporta la mayor cantidad de recursos al Producto Interno Bruto (PIB) del país con el 9.1 por ciento, sólo por detrás de la Ciudad de México, según cifras del INEGI. A pesar de ello, mantiene un rezago importante en temas de movilidad, que a su vez permea en la calidad de vida de sus habitantes.
Por ejemplo, “Toluca no tiene un sistema de transporte público masivo” a diferencia de otras ciudades del país, señala Dante Álvarez, arquitecto y activista urbano. “A los transportistas les conviene más el modelo actual ‘hombre-camión’ que funciona bajo la llamada ‘guerra del centavo’, pues les quita responsabilidades laborales hacia los operadores o en caso de siniestro”.
Desde hace más de una década, colectivos y ciudadanos organizados han generado logros importantes en la movilidad, como el Potrobus (transporte universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México). “En el 2013, impulsamos el transporte universitario, Petrobus, que los transportistas intentaron sabotear y que afortunadamente ahora sigue funcionando y que ha crecido mucho en la capacidad que tiene para mover estudiantes”, recuerda.
A tres años del tarifazo, ¿y cerca del siguiente? Para el activista urbano es muy común que haya “tarifazos” de transporte público justo en el cambio de administración. “Y también tiene que ver con la relación que hay de facto entre el poder de los transportistas y las elecciones”, explica. “Dicen los transportistas que ellos se representan solos, y tienen razón, en realidad los transportistas tienen más representación que los ciudadanos”, indicó Álvarez.
Agrega que nunca se ha dado una verdadera ingeniería y planeación en la movilidad del estado. “Lo que se hizo fue improvisar durante años, pues las concesiones se fueron dando en cada elección. De hecho es lo que va a pasar ahorita, quieren eliminar la parte de la ley que dice que se deben dar las concesiones directamente a corredores (estructurados o empresas), pero en cada elección se dan más concesiones y más concesiones hasta tener la sobre oferta que tenemos” (en el caso de Toluca).
Transportistas: No hay acompañamiento desde el gobierno
En los últimos quince años, hemos entrado en una situación de estancamiento completo, donde el transportista está buscando por su cuenta -a través de la tarifa- un desarrollo positivo en el transporte. Mientras, el gobierno es completamente ajeno y no genera una política pública clara que otorgue elementos para lograrlo, dice un transportista consultado en entrevista que pidió guardar su privacidad.
“Lo único que se ha procurado es otorgar subsidios para trámites administrativos a propietarios de la concesión, sin ningún otro acompañamiento. Por eso, el propósito de regularizar no es posible si no se llega a conocer con claridad cuántos y quiénes somos, y cuál es nuestro orígen y destino”.
El Edomex está involucrado en proyectos de movilidad bastante grandes y ambiciosos que no se han consolidado y no logra conectar su sistema.
El modelo de negocio que persiste en la entidad (hombre-camión) va en contrasentido, y la constitución de empresas ha quedado sólo como algo deseado y esperado. Para el transportista consultado por Pasajero7, la autoridad debe hacer cumplir la ley que ya prevé este cambio. Por otro lado, también considera que el propio transportista debe dejar de encasillar todo en la tarifa, “porque de ella no se puede sacar todo”. Se requiere de un acompañamiento que no existe ni ha existido.
Respecto a los aumentos en el pasaje, “la tarifa atiende también al tema de la inflación general. No es suficiente, pero tampoco es necesariamente alta… en realidad es un asunto de gran complejidad que debe abordarse con cuidado. A veces los temas de la seguridad, la tarifa y calidad del servicio rebasa la agenda pública, pero también hay un esfuerzo que hacemos la mayoría de transportistas para ofrecer el servicio en medio del sistema más robusto de este país.
“Tenemos más de 165 mil concesiones, y tenemos 20 mil o 30 mil unidades sin concesión. La irregularidad en el servicio hace que se genere un caos, así es difícil alcanzar un equilibrio en la producción del servicio. Una ruta que presta servicio de forma legal puede ver invadida su zona, y la única manera que tiene de combatirlo es incrementando su parque vehícular, lo cual repercute de manera negativa. Es importante definir las rutas y definir el número de concesiones, y hacer más rentable la prestación de servicio. Tenemos usuarios, y la cantidad de viajes que se realizan es más grande incluso que en la Ciudad de México. Sin duda, hay un compromiso para todos”.
En medio del camino: empresas que buscan consolidarse
Alejandro Hernández, representante a Servicios Urbanos y Suburbanos Xinantécatl S.A. de C.V, una empresa que ya dio los primeros pasos en su forma de operar, para dejar atrás el esquema hombre-camión, el cual es propenso a fomentar las “carreritas” o la pelea por el pasaje, señaló que en la entidad los concesionarios están listos para avanzar y el ambiente político puede ser propicio para la transformación del transporte.
“Estamos en un momento propicio de cara al próximo proceso electoral en el Estado de México. Si existe voluntad política del partido que llegue a la gubernatura, entonces se puede dar ese salto cuántico y cambiar el esquema de movilidad hacia un verdadero sistema de transporte”.
Hernández considera que el Valle de Toluca es una zona idónea para poner el ejemplo, por sus condiciones favorables para hacerlo, y donde opera la empresa que él representa, posteriormente se puede avanzar en zonas más complejas de la periferia.
“En el valle de Toluca, los transportistas debemos de estar conscientes de que el esquema bajo el cual hemos operado por años es un esquema obsoleto, es un esquema rebasado por la modernidad y por la realidad. Otras ciudades ya tienen corredores de transporte, incluso unidades eléctricas”.
Servicios Urbanos y Suburbanos Xinantécatl, una de las pocas empresas en la capital mexiquense que se conformó por su cuenta, sin un apoyo desde el gobierno. Tiene 20 rutas y 275 concesiones o autobuses, de los cuales 90 ya circulan bajo el esquema ruta-empresa.
“Cuentan con cámaras de videovigilancia, botones de pánico, contador de pasajeros y localización satelital. Hemos tratado de utilizar las herramientas tecnológicas que existen”, detalla su representante. La empresa aún está en proceso de llevar al resto de sus unidades al reciente esquema.”
Ciudadanos:Cultura y miedo al cambio
Para Wilma Parra, coordinadora de Medios de Biciverde A.C., la situación del transporte público concesionado “es crítica, pero funcional, porque eso es lo que el Estado de México siempre ha tenido”. ¿Por qué? La activista explica que: “cuando tienes lo mismo por tanto tiempo, crees que es lo correcto, y cuando se quieren hacer cambios, es complicado”. Incluso, algunos desacuerdos se pueden presentar desde los mismos ciudadanos. Por ejemplo, cuando se instaló la primera línea del Mexibús, o recientemente con la creación de una ciclovía en Naucalpan hubo descontento de algunos vecinos, recuerda la activista.
Por otro lado, Parra lamenta que los municipios no estén facultados para emitir multas ante las constantes invasiones de carriles confinados al Mexibús por parte de automovilistas, a excepción de Ecatepec, que comenzó a aplicar infracciones a principios del mes de marzo.
“Cualquier conductor invade el carril, incluso las mismas patrullas se meten a invadir el carril, ocasionando que se retrase toda la línea. El Mexibús lleva una gran cantidad de personas, y por eso se le otorga tal prioridad. Entonces, si no está sancionado no fomentamos el respeto para los confinados en el transporte masivo, ni en las ciclovías. Si te fijas es algo bien sistemático. Si hubiera mejor transporte público seguramente más personas lo utilizaríamos, y menos personas utilizarían el carro”, señala.
Frente a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Al igual que otros estados, el Edomex tiene pendiente la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual prioriza “el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías. Y que busca disminuir los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial”, expresó una activista que pidió guardar su privacidad.
Activistas y organizaciones siguen de cerca el avance del proyecto, aunque consideran que existen diversos factores de por medio que podrían obstaculizar el avance hacia la armonización, como la rigidez para regularizar del transporte público concesionado.
“Necesitamos que los legisladores y legisladoras vean que nosotros estamos velando por la vida de las personas, que tenemos el interés en bajar el número de siniestros viales, tal como lo marca la agenda 2030”, dijo la activista.
