Un sismo de 7.6 grados en escala Richter, sacudió a 13 estados del país la noche del 21 de enero del 2003. El epicentro que tuvo lugar en las costas de Colima, ocasionó lamentables pérdidas humanas e incuantificables daños a viviendas, escuelas, iglesias e infraestructura de comunicación como calles, puentes y carreteras.
El movimiento telúrico tuvo resonancia en estados como Michoacán, Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y el Estado de México; fue Colima el estado mayormente afectado con poblaciones dañadas como la capital del estado, además de Tecomán, Villa de Álvarez, Comala y Armería, entre otras localidades.
Debido a la ausencia de líneas telefónicas y suministro de energía eléctrica, los colimenses tuvieron que realizar recorridos a pie y en automóvil a fin de saber sobre sus familiares quienes habían quedado incomunicados.
El sismo duró aproximadamente 50 segundos, los habitantes lo describen como el más largo de su historia. El caos propio de no contar con luz ni telefonía evidenció la ausencia de un protocolo posterior a este evento natural. Al quedar avenidas dañadas, el tránsito se hizo complejo y la comunicación entre una localidad y otra durante minutos resultó imposible.
Al igual que aquel 21 de enero de 2003, diversas ciudades mexicanas se vieron afectadas el pasado 19 de septiembre a causa de un movimiento sísmico de magnitud 7.1 grados ocurrido a las 13:00 horas con 14 minutos del martes 19 de septiembre.
Los estados que mayores daños registraron fueron la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Oaxaca donde en conjunto, según cifras oficiales, 305 personas perdieron la vida.
¿Qué tuvieron en común el 21 de enero del 2003 y el 19 de septiembre de 2017?, en ambos sucesos -como en otros que se han registrado con anterioridad- la falta de un protocolo para la movilidad de vehículos de emergencia y de transporte público.
Dos, tres, cuatro y hasta cinco horas, fueron las que tras el sismo del 19S, los habitantes de la CDMX hicieron para moverse de sus lugares de trabajo a sus domicilios. Automóviles particulares circulando por el carril confinado del Metrobús o en sentido contrario y carros de bomberos y ambulancias atascadas en el tránsito, así como la falta de trasporte, fueron algunas de las escenas que se vieron aquel martes de septiembre de 2017.
Coordinar esfuerzos para contar con un protocolo de reacción de movilidad en caso de sismos o fenómenos naturales, debiese ser elevado a la misma necesidad de contar con educación, salud y seguridad.
En este sentido, Secretarios de movilidad y transporte de nuestro país, se reunieron en el XIII Congreso Internacional de Ciudades y Transporte realizado en la Ciudad de México, en donde coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de ayuda a la población tras fenómenos naturales.
Los ponentes de la mesa “La Urgencia de una movilidad Resiliente” expresaron su preocupación al reconocer que los gobiernos no cuentan con un protocolo de reacción de movilidad inmediata para actuar en caso de emergencia.
Hubo cientos, miles, de personas que tuvieron que caminar o usar la bicicleta para llegar a su destino posterior al movimiento sísmico, registrado la tarde del 19 de septiembre”, expresó Laura Ballesteros de la Semovi CDMX. “tuvimos un caos derivado de la falta de transporte”. Sin embargo, dijo que fue una experiencia que permitirá al gobierno anticipar un plan de reacción para poder actuar.
Arely Carreón de Bicitekas mencionó que tras el temblor se evidenció la necesidad de crear un protocolo y garantizar en primera instancia la movilidad.
Para una urbe resiliente, se requiere de un protocolo de movilidad en caso de sismos, inundaciones de calor y otras situaciones derivadas de catástrofes naturales”, aseveró Marco Priego, director de movilidad urbana de WRI.
En conclusión, los especialistas coincidieron en la necesidad de contar con un protocolo para disminuir el uso del vehículo ante estos hechos; fomentar la conciencia en el uso de los carriles confinados y la necesidad de contar con carriles para vehículos de emergencia.
