En México, el costo anual actual de la provisión de servicios urbanos y de los desplazamientos en que incurren las familias suponen más del 1% del PIB, señala el documento de trabajo. El costo de la expansión urbana en México, el cual fue dado a conocer por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) durante un seminario en línea.
En la presentación, Pablo Lazo, Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI México, explicó que el documento advierte que la expansión urbana ha aumentado significativamente en las últimas décadas y, recientemente, esa expansión se ha producido en mayor medida en localidades rurales periféricas de las zonas metropolitanas.
Esas nuevas periferias urbanas, son espacios de segregación socioespacial, con escasas oportunidades de empleo informal y con un acceso deficiente a los satisfactores urbanos que mejoran la calidad de vida. Además, esta expansión urbana se ha traducido en incrementos en las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.
El documento de trabajo realiza un ejercicio de estimación del costo económico de la expansión periférica en ocho zonas metropolitanas elegidas con base en su diversidad en tamaño, estructura urbana y región (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán), considerando cuatro componentes: costos de la construcción de la vivienda y su urbanización, emisiones derivadas de la construcción, costo del desplazamiento y costo de provisión de servicios básicos.
De ese análisis, señala que la extrapolación de los resultados a nivel nacional evidencia el alto costo anual del modelo de urbanización expansivo. La suma del gasto anual de desplazamiento de las familias y del costo de provisión de servicios públicos puede exceder el 1% del PIB del país cada año, alerta.
En este punto cabe destacar que, además de los gastos recurrentes de alimentación y servicios como el agua y la luz, los hogares mexicanos destinan el 19% de sus ingresos al transporte, lo que equivale a un promedio de mil 815 pesos mensuales de acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana 2018: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas, convirtiéndonos en el país que más gasta en este rubro entre los países del G20, por encima de India, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y Arabia Saudita.
Tal vez la cifra no parezca tan escandalosa, pero si lo ponemos en perspectiva, al año estamos destinando 21 mil 816 pesos al transporte, ese monto es todavía mayor para la gente que vive en zonas remotas a los centros urbanos a donde deben trasladarse a diario para realizar sus actividades.
El documento presentado por el WRI, para estimar la viabilidad futura del patrón actual de urbanización, incorpora una proyección a futuro de tres escenarios: uno de continuidad con las mismas tendencias, otro en el que se fomenta la localización adecuada de la vivienda y un tercero en el que únicamente se densifica la periferia externa.
El documento sostiene que el costo económico de la expansión urbana muestra que los patrones urbanos actuales son insostenibles financieramente de cara al futuro, y que las estrategias de ordenamiento urbano deben adecuarse al contexto y particularidades de cada ciudad.
En el futuro, la mitad de las ciudades analizadas tendrá retos presupuestales para proveer el mismo nivel de servicios que en la actualidad. Esas ciudades deberán incrementar su capacidad proyectada de recaudación en un rango de 48% a 244% para poder ofrecer el mismo nivel de servicios urbanos que en la actualidad.
La mejor opción para reducir en el largo plazo los costos urbanos, sugiere la publicación, es implementar una política de localización residencial cercana a los centros de empleo, que utilice de forma más eficiente el suelo e incremente la densidad.
La política de localización por sí misma puede generar ahorros acumulados en los costos anuales superiores al 5%, lo que favorecería especialmente a la población más vulnerable, con ahorros crecientes a lo largo del tiempo. Por el contrario, alerta el documento, la política de densificación sin una adecuada localización puede impactar negativamente en la economía de los hogares vulnerables.
La publicación señala que las futuras acciones de planeación deben regirse bajo los principios de corresponsabilidad en la planeación urbana, de focalización del apoyo institucional en las zonas más vulnerables, y de una visión integral de la planeación que haga un análisis holístico de los impactos y beneficios del desarrollo urbano a corto y largo plazo.
Diego Vázquez, Gerente de investigación de Oxfam México, explicó en la apertura de la presentación del documento que, si bien se piensa en la pobreza generalmente como algo inherentemente rural, la pobreza ya tiene un perfil urbano.
“En México, la mayoría de la población vive en zonas urbanas, particularmente en grandes ciudades, y aunque la ciudad se ha convertido en el -eje de desarrollo económico más importante en donde se conectan servicios, industria y mercado de trabajo-, eso también ha generado costos sociales y ambientales: 80% de la población vive en zonas de más de 100 mil habitantes, y 7 de cada 10 personas en situación de pobreza viven en las ciudades”, dijo.
El costo de la expansión urbana en México es la tercera publicación de la Coalición por la Transformación Urbana en México, después de Acciones federales para la planeación urbana: hacia mejores ciudades para todos y Las ciudades mexicanas: tendencias de expansión y sus impactos.
En México, la Coalición ha trabajado desde enero de 2019. Entre sus integrantes y colaboradores se encuentran WRI México, C40, GGGI, Tecnológico de Monterrey, ONU-Hábitat, ICLEI, Fundar, Oxfam, UNAM, CEPAL, Techo México, GIZ, El Colegio de Urbanistas de México, IDOM e ITAM.
