Por Carlos Orozco, Director de Movilidad Urbana de WRI-México y Secretario Técnico de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM.
- El Secretariado Técnico de la AMAM a cargo del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), desarrolla una propuesta para la Política Nacional de Transporte Público Concesionado, cuyo objetivo final es que las personas tengan garantizado el servicio de transporte público en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
- Este documento será una guía para la implementación de acciones que contribuyan a que los distintos sistemas de transporte en el país transiten hacia modelos cada vez más integrados y con una mayor participación de la autoridad.
En el proceso de implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y del diseño de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2040 -que lidera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)-, el Secretariado Técnico de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), a cargo de WRI México, desarrolla una propuesta para la Política Nacional de Transporte Público Concesionado, cuyo objetivo final es que las personas tengan garantizado el acceso a un servicio de transporte público que sea seguro, eficaz, sostenible, de calidad, inclusivo y equitativo.
Con ese objetivo en mente, durante el 24º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, celebrado estos días en León, Guanajuato, se llevaron a cabo diversos bloques de trabajo y conversación.
En esta ocasión, las autoridades de movilidad se dieron cita para apoyar los procesos de armonización local de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y para la construcción participativa de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo.
De acuerdo con la estrategia propuesta, el territorio debe garantizar a las personas el acceso y la operación de los servicios de transporte público, y los servicios de transporte público deben satisfacer las necesidades de movilidad de las personas, mientras que las autoridades y los organismos operadores deben compartir la responsabilidad para garantizar el acceso al transporte público para las personas como un derecho.
El diseño de la operación, infraestructura, información a las personas usuarias, política tarifaria y coordinación institucional, son los elementos que la propuesta contempla para el diseño de los servicios de transporte colectivo.
La PNTPC consta de 4 objetivos estratégicos, que integran los componentes de:
1. Territorio,
2. Operación,
3. Regulación y
4. Prestación de Servicio.
Primero, con el fin de contribuir a que el territorio garantice a las personas el acceso y la operación de los servicios de transporte público, se proponen tres líneas de acción: impulsar el desarrollo de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que integren al transporte público colectivo como como parte de sus estrategias; adecuar los marcos normativos de desarrollo urbano y construcción para incluir la infraestructura de transporte público con estándares de calidad y seguridad vial como equipamiento básico, e impulsar acciones concurrentes para el financiamiento de infraestructura que garanticen la correcta operación y vigilancia de los servicios de transporte público y su acceso.
Por otro lado, para que los servicios de transporte público satisfagan las necesidades de movilidad de las personas se propone impulsar el desarrollo de diagnósticos de necesidades de acceso al transporte público considerando la diversidad de población; impulsar la diversificación de servicios de transporte colectivo; y señalar y aplicar estándares alto de diseño y calidad en los servicios de transporte público.
Adicionalmente, para que la autoridad asuma la responsabilidad para garantizar el acceso al transporte público para las personas como un derecho, se recomienda fortalecer las instituciones públicas para la atención de la movilidad y el transporte público; garantizar la certeza jurídica para la planeación, operación, regulación, monitoreo y control del transporte público; impulsar el diseño de instrumentos tarifarios y financieros que fortalezcan los sistemas de transporte público y su transformación, y desarrollar mecanismos para el financiamiento de proyectos de servicios de transportes para diferentes escalas.
Finalmente, para que los organismos operadores del transporte público se asuman como corresponsables para garantizar los servicios de transporte público, se propone:
- Impulsar la formación, fortalecimiento y acompañamiento para los entes operadores del transporte público colectivo;
- Fortalecer las capacidades para la prestación de servicios auxiliares para el transporte público (mediante el financiamiento de proyectos de servicios auxiliares); e
- Impulsar la formalización del empleo para los trabajadores del transporte público.
Se busca que la estrategia ayude a las ciudades a ubicarse en su escala de transformación desde la integración (oferta que cubre la demanda), la cual sería diferenciada para cada urbe. Precisamente, considerando que cada ciudad tiene demandas distintas, los mecanismos de implementación permitirían la integración del plan al modelo de movilidad local. El avance de cada ciudad dependerá del tipo de servicio que su población requiera y del modelo de colaboración que necesite para prestar dichos servicios de calidad.
Además, se propone un modelo de seguimiento y evaluación basado en indicadores de cuatro tipos: estado, para evaluar qué está ocurriendo en el ambiente; de presión, para determinar porque está ocurriendo; de respuesta, para saber qué se está haciendo al respecto, y de impacto, para determinar qué cambios se ven en la realidad.
Este documento será sin duda una guía para la implementación de acciones que contribuyan a que los distintos sistemas de transporte en el País transiten hacia modelos cada vez más integrados y con una mayor participación de la autoridad.