“Es necesario cambiar los sistemas de transporte público y privado de nuestras grandes ciudades”. A primera vista, parecería una frase actual coherente con la cual, cualquier habitante de nuestras ciudades podría comenzar una conversación. Lo que llama la atención es el lugar y la fecha, ya que fue la gran conclusión de la primera Conferencia Internacional de Planeación Urbana, realizada en New York en 1898.
117 años después, en París, se firmaron los ODS- Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un pacto global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. La movilidad urbana, se definió como herramienta fundamental para alcanzar 13 de los 17 objetivos propuestos, dejando un objetivo claro al proponer: “Para 2030, se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores”.
Un año antes de la firma de los ODS en París, algo similar había ocurrido en Lima, donde 25 alcaldes de ciudades de América Latina, representando a más de 500 millones de ciudadanos firmaron el documento “Declaración de Lima: Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sostenible de América Latina”, un documento guía para adoptar políticas públicas sobre Movilidad Urbana Sostenible. Esta declaración estableció un compromiso de cooperación y acción conjunta permanente entre las ciudades latinoamericanas para lograr una movilidad urbana de alta calidad para todos.
Entre los compromisos de las ciudades está el buscar financiamiento para la nueva movilidad, asignando los recursos necesarios que garanticen el derecho social a la movilidad urbana, con cobertura universal, calidad de los servicios y atención a los sectores de bajos ingresos.
En la búsqueda por el cumplimiento de los ODS y conseguir iniciativas para fomentar soluciones sostenibles que conlleven a una verdadera transformación, se crea el proyecto SOLUTIONSplus, el cual tiene como objetivo realizar la transición hacia la movilidad urbana sostenible, a través de soluciones innovadoras e integradas de movilidad eléctrica.
La Red SIMUS, se convierte en el principal aliado en América Latina, donde en compañía de ciudades altamente comprometidas, industria, centros de investigación y socios financieros, establecen una plataforma global para desarrollar enfoques altamente efectivos e innovadores para la electromovilidad, asegurando que los sistemas de transporte y las intervenciones de este proyecto cumplan con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aborden los de la Nueva Agenda Urbana.
Este proyecto aumentará la disponibilidad de vehículos eléctricos, fomentará la eficiencia de las operaciones y respaldará la integración de diferentes tipos de electromovilidad en grandes áreas urbanas y abordará las necesidades de los usuarios y las condiciones locales en Europa, Asia, África y América Latina.
Hoy, inmersos en una nueva década, tenemos aún el reto que nos propusimos al final del siglo XIX y en la década pasada: Adoptar políticas públicas de movilidad urbana sostenible que aseguren la sostenibilidad de la vida en las ciudades.
Es hora de tomar acciones al respecto y uno de los temas fundamentales para garantizar la universalidad de la movilidad urbana es la tarifa de acceso a ella.
Los esquemas tarifarios de los sistemas de transporte público, ya sean masivos o colectivos, usan los diferentes conceptos de tarifas:
TU Tarifa Usuario
Se constituye en el costo al usuario por emplear el sistema, y encerrará conceptos como tarifa plena y cobro diferencial.
TT Tarifa Técnica
Es la resultante de tomar los costos del sistema, que en su parte de operación se entenderán como la remuneración a los agentes del sistema, y dividirlos entre el número de pasajeros del sistema.
TS Tarifa Social
La tarifa mínima que garantiza accesibilidad por parte de toda la población, se estima que sea hasta el 10% de ingresos mínimos familiares de gastos en transporte.
Las tarifas del transporte público en América Latina han subido en todos los casos por debajo de la inflación de cada país, además, cuando se analizan las tarifas en dólares americanos, se ven reducciones de las mismas. Sin embargo cuando se normalizan las tarifas con respecto a los productos internos per cápita de las ciudades, encontramos que en las ciudades Colombianas, Brasileras y Chilenas, las familias de menores recursos están pagando entre el 20% y 40% de sus ingresos totales en pasajes, cuando lo ideal es que no superen el 10% de los ingresos.
Los retos que afrontan los sistemas de transporte son muchos, puesto que las tarifas actuales no cubren las expectativas de calidad, según la mayoría de los usuarios. Los precios son muy elevados, no hay eficiencia en los tiempos y la infraestructura es deficiente por la poca inversión que destinan para el desarrollo de vías.
Para tener una movilidad urbana sustentable es necesario contar con infraestructura adecuada, tiempos de viaje cortos, tecnologías de punta en la gestión, operación, recaudo e información al usuario y un transporte público que ofrezca calidad y que sea accesible para todas las personas.
Por esta razón es importante buscar el fortalecimiento y la integración de la institucionalidad, tanto a nivel local como a nivel nacional, con el objetivo de desarrollar una política pública donde se considere al ser humano el epicentro, partiendo de la movilidad como un derecho fundamental para las personas y que permita la gestión y el control económico del sistema de transporte para financiar cada elemento y poder sufragar costos de calidad, accesibilidad, información, seguridad, comodidad e impacto ambiental, a través de impuestos, contribuciones, tarifas y subsidios.
